Arturo Sánchez Chavero
Expediente 550/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2018
Partes del expediente
- Arturo Sánchez Chavero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa Arturo Sánchez Chavero, no formuló inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la nueva Ley de Amparo, se declara que la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho ha quedado firme. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, depúrese el presente expediente,...
- Juicio de Amparo Directo
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN. EN CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ARTURO SANCHEZ CHAVERO, EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DOECIOCHO, DICTADO EN EL AMPARO DIRECTO 550/2017,; LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO COMPARECIÓ LA REFERIDA PARTE QUEJOSA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL O ALGUNO DE SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ AVISO A NOTIFICARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ AVISO EN LA PUERTA DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa Arturo Sánchez Chavero, con las constancias que en acatamiento a la ejecutoria protectora de amparo envió el secretario general de acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, a efecto de que compareciera ante este tribunal a imponerse de ellas, con el fin de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; y, ya que no desahogó tal vista, según se desprende de la certificación que antecede, se procede a determinar de oficio si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres y doscientos cuarenta y cuatro, tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: «INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)». Es importante puntualizar que para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, se debe regir por las disposiciones de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que la demanda de amparo se presentó estando vigente el ordenamiento en mención. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. En estas condiciones, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en el fallo protector dictado por este tribunal colegiado, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En sesión ordinaria de uno de febrero de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional resolvió el juicio de amparo directo en que se actúa, promovido por Arturo Sánchez Chavero, concediéndole el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. En su lugar, dictara otra resolución en la que sin libertad de jurisdicción: Siguiendo los lineamientos expresados por este tribunal constitucional, reiterara la declaratoria de invalidez de la resolución impugnada de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente IGISPEM/DR/SAPA/104/2016, mediante la cual se había separado del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el actor ante la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Tomando en consideración lo determinado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), reiterara que resulta improcedente la reinstalación del agraviado en el puesto, cargo o comisión que venía desempeñando, por lo que debía ordenar a la autoridad administrativa demandada a realizar: a) El pago de la indemnización a razón de tres meses de sueldo, más veinte días por cada año laborado, así como las demás prestaciones a que tuviera derecho el actor, consistentes en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; b) Reitere que la autoridad debe suprimir o dejar sin efectos la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en los registros respectivos, y asiente que éste fue separado o destituido de manera injustificada; c) Dado el sentido de su determinación, también ordene la cancelación de la inhabilitación al actor para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de ocho años. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio TJA/SS/II/2539/2018 recibido en la oficialía de partes de este tribunal colegiado el cinco de abril de dos mil dieciocho, el secretario general de acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, anexó copia certificada de la resolución dictada el cuatro del mes y año mencionados, en los recursos de revisión 472/2017, 554/2017 y 564/2017 acumulados, de la cual se advierte lo siguiente: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. En el considerando tercero, en la parte que interesa la autoridad obligada al cumplimiento de amparo dejó insubsistente la sentencia pronunciada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, que puso fin a los recursos de revisión 472/2017, 554/2017 y 564/2017 acumulados, y en su lugar emitió la sentencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo tanto, se tiene por cumplido el apartado número 1, de la ejecutoria federal. Por otra parte, atendió al apartado 2.1, reiterando la declaratoria de invalidez de la resolución impugnada de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente IGISPEM/DR/SAPA/104/2016, como se desprende a continuación: ".esta Segunda Sección de la Sala Superior considera procedente modificar la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Regional dentro del juicio administrativo número 981/2016, y dejar subsistente la invalidez de los actos impugnados consistentes en el procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente IGISPEM/DR/SAPA/104/2016, que comprende la notificación de veintiséis de octubre, el citatorio garantía de audiencia con número de oficio 210D12000/1071/2016 de veintitrés de mayo, la notificación de veintisiete de mayo, el acta administrativa y desahogo de garantía de audiencia de diez de junio, todos de dos mil dieciséis; así como la resolución que puso fin a dicho procedimiento de trece de octubre del año en cita y su ejecución, pero bajo el fundamento contenido en los ordinales 274 fracción IV del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 1.8 fracción II y 1.011 fracciones I y III del Código Administrativo del Estado de México, y por el razonamiento expresado en la presente sentencia." En relación al apartado 2.2, en el que se ordenó que reiterara que resultaba improcedente la reinstalación del agraviado en el puesto, cargo o comisión que venía desempeñando, la sala apuntó: ".no es procedente condenar a las demandadas a que reincorporen al actor en su fuente de empleo, cargo o comisión que venía desempeñando hasta antes de la emisión del acto de autoridad que por esta vía se debate, o que se le reasigne servicio, ello en atención al contenido del artículo 123 apartado "B", fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.." Por último, en el considerando séptimo, condenó al Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, a lo siguiente: ".a) Realizar los trámites necesarios para que sea cubierto a Arturo Sánchez Chavero, el pago de la indemnización constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 123 apartado B), fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en tres meses de sueldo integrado. b) Asimismo, el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose como tales a las remuneraciones diarias ordinarias o haberes dejados de percibir, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación (veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, fecha que el actor señala que conoció de la resolución de trece de octubre del año en cita, mediante la cual la autoridad demandada lo separa de su cargo), hasta que se realice el pago correspondiente, misma que deberá realizarse con el sueldo neto, es decir, todas las prestaciones menos los descuentos de ley, en los mismos términos y condiciones que lo venía percibiendo. c) Así como le sea cubierto el pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, tomando como base para su cuantificación el sueldo base que percibía por sus servicios prestados desde el momento en que se concretó la separación (veintiséis de octubre de dos mil dieciséis), hasta que se realice el pago correspondiente. d) Realizar el pago de los tres meses de salario que se han referido en el inciso a) del presente considerando, más veinte días por año efectivo de servicio que, como se ha desarrollado en el presente fallo, es el monto de indemnización prevista en el apartado B constitucional, fracción XIII. e) Cancelar la sanción de inhabilitación al actor para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de ocho años. f) Girar oficio para que se asiente en los registros respectivos y expediente personal del actor el sentido de la presente sentencia. g) Del total generado, la autoridad responsable deberá acreditar la entrega proporcional del porcentaje otorgado al acreedor alimentario." Por lo anterior, se evidencia que la sección del conocimiento, tomando en consideración lo determinado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), reiteró que resultaba improcedente la reinstalación del agraviado en el puesto, cargo o comisión que venía desempeñando, por lo que ordenó a la autoridad administrativa demandada a realizar: a) el pago de la indemnización a razón de tres meses de sueldo, más veinte días por cada año laborado, así como las demás prestaciones a que tuviera derecho el actor, consistentes en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; b) reiteró que la autoridad debe suprimir o dejar sin efectos la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en los registros respectivos, indicando que éste fue separado o destituido de manera injustificada; y, c) ordenó la cancelación de la inhabilitación al actor para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de ocho años. Dando con ello, cabal cumplimiento a los incisos a), b) y c), del apartado 2.2, de la ejecutoria dictada el uno de febrero de dos mil dieciocho, por este órgano de control constitucional; por ende, se tiene por cumplido el apartado número 2, de la ejecutoria federal. En esa tesitura, la suscrita magistrada presidenta tiene por cumplidos los efectos emitidos en el fallo protector de derechos fundamentales de uno de febrero de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, dado que este órgano colegiado ordenó dar cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo sin libertad de jurisdicción; por lo que en la nueva sentencia dictada por los magistrados de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se analizó tanto lo ordenado en la ejecutoria de amparo de manera estricta; lo anterior, tomando en consideración que no es suficiente que la autoridad deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, porque para reparar las violaciones que pueden presentarse en el dictado de las resoluciones materia de amparo directo, la autoridad está obligada a emitir una nueva en la que actúe en el sentido exigido por el derecho fundamental violado, sea éste de carácter formal o material, de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si de él se advierte subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido. Por todo lo anterior, del examen realizado a los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional y los actos ejecutados por los magistrados de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, se arriba a la convicción de que la ejecutoria de amparo fue cumplida, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada, además de que emitió una nueva, siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo constitucional. Cabe mencionar que la suscrita no advierte exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que amerite declaración alguna en tal sentido, pues de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal a la parte quejosa con las actuaciones realizadas por la responsable para cumplimentarla, como se analizó con antelación, se estima que no incurrió en defecto, pues su actuación se ciñó a los lineamientos expuestos por este órgano judicial en la ejecutoria de que se trata, es decir, su conducta no resulta incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasa los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no va más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo, y su pronunciamiento se ajustó a lo establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, dictada en el juicio de amparo directo número 550/2017, el uno de febrero de dos mil dieciocho, promovido por Arturo Sánchez Chavero.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el secretario general de acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con el que en cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remite copia certificada de la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la que se obtiene que: dejó insubsistente la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la sección de la sala oficiante en los recursos de revisión 472/2017, 554/2017 y 564/2017 acumulados; modificó la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el magistrado de la segunda sala regional del referido tribunal, en el expediente 981/2016; dejó intocados los resolutivos primero y segundo de la sentencia combatida, consistentes en lo inatendible de las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las autoridades demandadas, así como la invalidez de los actos impugnados; dejó insubsistente el resolutivo tercero en relación con el considerando V de la sentencia de mérito; y, condenó al presidente municipal y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y a la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, como cuerpo colegiado a dar cumplimiento a los considerandos VI y VII de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoría de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Arturo Sánchez Chavero, con la sentencia recibida para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibido que de ser omiso, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la quejosa la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahogue la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento.
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