Arturo Salomon Nader
Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2023
Partes del expediente
- Arturo Salomon Nader
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México; a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple del escrito inicial de ampliación de demanda promovida por José Antonio Santos Escobar, por propio derecho, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, en términos de los artículos 115 y 125, de la Ley de Amparo, se acuerda lo siguiente: Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del que queden legalmente notificadas, mismos que deberán satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia, y en aras de una pronta impartición de justicia podrá ser remitido vía ordinaria, o bien, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con base en el artículo 52 Bis, fracción II, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, mediante documento electrónico o digitalizado, rubricado o firmado con firma electrónica, mediante firel o e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Al efecto, remítase copia del ocurso de ampliación de demanda. Apercíbase términos de los artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir con lo antes señalado, además de presumir ciertos los actos reclamados, podrá imponérseles una multa de cien a mil veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales exhibidas, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Requisitos de la suspensión Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Por ello, el análisis de la procedencia de la medida suspensional se realizará respecto del efecto precisado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la ampliación de la demanda se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en: a) Los actos de aplicación de los decretos y acuerdos impugnados en el presente asunto, atribuidos a la Subdirección General de Administración del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. b) El Oficio DG/AOB/02/08-2020, de fecha seis de agosto de dos mil veinte suscrito por el Dr. Alberto Ortíz Bolaños, Director General del Instituto Fonacot, y dirigido al Mtro. José Zé Gerardo Cornejo Niño, Subdirector General de Administración de ese instituto. c) El Oficio SGA-417-2020 de fecha trece de agosto de dos mil veinte suscrito por Mtro. José Zé Gerardo Cornejo Niño, Subdirector General de Administración de ese instituto y dirigido al Dr. Alberto Ortíz Bolaños, Director General del Instituto Fonacot en respuesta al oficio DG/AOB/02/08-2020. d) El Oficio SGA-501-2020 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte suscrito por el Mtro. José Zé Gerardo Cornejo Niño, Subdirector General de Administración de ese instituto y dirigido al Licenciado José Jacinto Guzmán Moreno, Director General de Programación y Presupuesto en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el que se solicitó se remitiera la consulta a la Unidad de Política y Control Presupuestaria para la emisión de opinión de la aplicación del "Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de mayo de dos mil veinte, así como del "Decreto por el que se establece las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública federal" en su fracción I. e) La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para dos mil veinte, atribuido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al ser facultad exclusiva de conformidad con el artículo 74, fracción IV de la Constitución. f) La promulgación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para dos mil veinte, atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. g) La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, no se realizará pronunciamiento respecto de los actos señalados en los incisos a), b), c), d), e) y f), en razón de que el dos de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal concedió la medida cautelar para los efectos siguientes: "No se apliquen las disposiciones del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de abril de dos mil veinte, así como el Artículo 8 y segundo Transitorio del ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos mil veinte. Las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras deberán abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la aplicación de las normas reclamadas." En esa tesitura, la concesión suspensional que se menciona, ya abarca los efectos para los nuevos actos reclamados y autoridades por las que se amplía la demanda, aun y cuando de manera específica no se hubiesen señalado como actos destacados pues lo mismos están relacionados con la emisión del Manual reclamado en el escrito inicial de demanda, máxime que el Presupuesto de Egresos se encuentra vinculado como sustento para la expedición y fundamento del referido manual y por sí solo no tiene acto de ejecución; es decir, no existe una modificación sustancial o diferente que amerite un nuevo pronunciamiento en relación con la suspensión solicitada por la parte quejosa Por tanto, la suspensión definitiva se concedió en cuanto a la obligatoriedad sustantiva de las normas reclamadas y se hace extensiva a los actos anteriormente precisados, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia; situación que comulga con el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el numeral 17 de la Constitución. Indicado lo anterior, en relación con el acto referido en el inciso g), se procede a analizar el pronunciamiento siguiente; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, lo procedente para pronunciarse sobre la suspensión provisional y realizar un análisis ponderado tanto de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, como la no afectación al orden público e interés social. Análisis de la solicitud de suspensión provisional. En principio debe señalarse que se cumplen los requisitos previstos en el el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por las siguientes razones: En la especie es dable precisar que el numeral 148 de la ley citada, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa o con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma reclamada así como los subsecuentes del acto de aplicación. La parte quejosa acreditó ser trabajador en activo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, lo que permite considerar que han adquirido determinados derechos y obligaciones encontrándose, entre los primeros, el de recibir una contraprestación por el servicio prestado. Además, se acreditó el interés suspensional con los siguientes documentos: a) Copia simple de la creencia para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso. b) Recibo de pago con cadena original y sello digital expedido por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a nombre del quejoso. En ese sentido, los efectos de las normas reclamadas previsiblemente impactarán la estabilidad salarial de quien promueve, ante el riesgo de que sus ingresos sean disminuidos, lo que es suficiente para considerar que es procedente la suspensión pues puede producirse una afectación en su esfera jurídica, lo que hace necesario impedir que las normas que ahora tilda de inconstitucionales produzcan efectos y consecuencias que serían de difícil reparación. Asimismo, no se advierte de qué forma el interés social pudiera verse afectado con el hecho de que la parte quejosa siga percibiendo los ingresos a que tiene derecho por la prestación de sus servicios, por el contrario, de negarse la medida cautelar solicitada se podría afectar su derecho a percibir la remuneración que le corresponde por el cargo que desempeña y, por ende, que se vea trastocado el proyecto de vida digna a que tiene derecho. Lo anterior es así, porque la medida otorgada únicamente suspende de manera temporal los efectos de los actos reclamados, pero no impide en modo alguno el desarrollo de las funciones del Estado; por tanto, no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener la solicitante hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en la presente incidencia. Máxime que el artículo 123, apartado B, fracción IV, constitucional, textualmente prevé que los salarios no podrán verse disminuidos durante el encargo de los servidores públicos, en atención al principio de progresividad. Por tanto, si la medida cautelar no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, no se actualiza alguno de los supuestos de improcedencia de la suspensión y prevalece la necesidad de conservar la materia del amparo y evitar algún daño o perjuicio que se pueda causar a la parte quejosa, esta debe concederse, caso contrario, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación; aunado a que se permitiría someter a quien ahora insta a procedimiento penal, lo que implica riesgo de privación de la libertad, entre otros. Por lo tanto, con el otorgamiento de la suspensión no se infringe lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 146, fracción III y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a José Antonio Santos Escobar, para el efecto de que no se apliquen las disposiciones del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras deberán abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la aplicación de las normas reclamadas. La suspensión provisional decretada surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo y sin que sea necesario fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en contra de la supuesta sentencia dictada el nueve de junio del año en curso. Diferimiento. En ese sentido, a fin de evitar violaciones procesales, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Se acuerda promoción Finalmente, agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el cual toma conocimiento de que este juzgado continuará con el trámite del juicio de amparo 153/2023 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ahora 757/2023, de nuestro índice y ordenó realizar las notificaciones subsecuentes a este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Se atiende promoción. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite diversas constancias de notificación de los proveídos de trece de marzo y veintinueve de junio, ambos de dos mil veintitrés, las cuales ya se encuentran digitalizadas, como se advierte de la primera certificación de cuenta. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguense las documentales en mención al sumario en que se actúa, para su debida integración. Sin que haya lugar a acusar de recibo por así haberlo expresado el juzgado oficiante. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México; a siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se informa que el recurso de revisión interpuesto en autos se turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que una vez que se reincorpore de su periodo vacacional se le realizará la entrega correspondiente; se toma conocimiento de lo anterior; por tanto, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de julio pasado, comuníquese a dicho órgano colegiado que este juzgado continuará con el conocimiento del expediente 153/2023, promovido por Arturo Salomón Nader, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; ahora registrado con el número 757/2023 del índice de este juzgado auxiliar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de julio del año en curso, remite en copia certificada el historial de pagos del impuesto predial relativo a la cuenta predial 035-510-07-000-2, por lo cual, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos Notifíquese
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