Arturo Saldaña Reyna
Expediente 267/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2017
Partes del expediente
- Arturo Saldaña Reyna
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que tuvo por desechada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Saldaña Reyna, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veintinueve de mayo del actual. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita Juez de Distrito se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. La parte quejosa hace consistir sus actos reclamados en: Orden de aprehensión. Auto de formal prisión. Ficha signalética. Por lo que hace a la orden de aprehensión se advierte de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que resulta necesario traer al contexto el contenido del citado artículo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) Como se dijo, el peticionario de garantías reclama la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Único de lo Penal, de esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 396/2015 T, girada por el delito de violencia familiar. Del escrito inicial de demanda y los escritos aclaratorios presentados por el quejoso, donde bajo protesta de decir verdad manifiesta que el Juez Único de lo Penal, de esta ciudad, libró orden de aprehensión en su contra en la causa penal 396/2015 T, donde le fue recepcionada su declaración preparatoria y se le decretó auto de formal prisión. En consecuencia, si lo que el quejoso reclama en este juicio es la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal 396/2015 T, del índice del Juzgado Único de lo Penal, de esta ciudad, y el catorce de julio de dos mil dieciséis, dicha autoridad responsable, dictó auto de formal prisión en su contra por el mencionado delito, resulta evidente el cambio de situación jurídica del promovente del amparo y, como consecuencia de ello, se deben de considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en cuanto a la orden de aprehensión impugnada, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica creada con el auto de formal procesamiento dictado en contra del aquí quejoso; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del indicado ordenamiento legal, procede decretar el desechamiento en el presente juicio. En apoyo a lo anterior, cabe citar la siguiente jurisprudencia identidad, resultado de la resolución de la contradicción de tesis 129/2007-PS, bajo el rubro y texto siguientes, la que de conformidad con el artículo sexto transitoria del decreto por el que se publicó la nueva legislación de amparo, continúa siendo aplicable al no oponerse a las disposiciones contenidas en la actual ley de la materia: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." (Jurisprudencia 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Así también, respecto a los actos reclamados que hace consistir en el auto de formal prisión y la ficha signalética, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107 y 18, ambos del ordenamiento jurídico invocado, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos que se señalan con antelación, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la oportunidad temporal fijada por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, exigida para la presentación de la demanda de amparo indirecto. La conclusión anterior, deriva de que esta juzgadora advierte tanto del capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda y de los dos escritos aclaratorios, que: El quejoso tuvo conocimiento el quince de julio de dos mil dieciséis del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de catorce de julio del mismo año, dictado por la autoridad responsable Juez Único de lo Penal (Sistema Tradicional) de esta ciudad, dentro de la causa penal 396/2015 T. La identificación administrativo o ficha signaletica es una consecuencia del dictado del auto de bien preso descrito en el inciso anterior inmediato. En consecuencia, si el aquí quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que dichos actos reclamados le fueron notificados el quince de julio de dos mil dieciséis, el plazo supera los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el catorce de julio de dos mil dieciséis, pues transcurrió del dieciocho de julio al cinco de agosto de dos mil dieciséis, con exclusión de los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de amparo; en consecuencia, si la presente demanda fue presentada el veintitrés de mayo del año en curso, es extemporánea, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII del mismo ordenamiento. A lo anterior es aplicable el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 1583, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días." Asimismo, es aplicable la siguiente jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: II, agosto de 1995, página 291 tesis VI.2o. J/21, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, junio de 1993, página 235, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que el promovente también señaló como acto reclamado la ficha signaléctica; pues aun cuando lo reclamare como acto independiente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que al ser ordenada en el auto de formal prisión, el cual según el dicho del propio quejoso, se notificó el quince de julio de dos mil dieciséis, a la presente data de igual manera resulta extemporánea; toda vez que la ficha signalética al ser un acto administrativo, cuenta con el termino de quince días para promover el juicio de amparo indirecto en su contra. De igual forma, cobra relevancia en criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2016, Libro 36, Página: 864, Tomo II, Tesis: 1a./J. 60/2016 (10a.), que dice: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la lectura armónica del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en relación ambos con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente a partir de abril de 2013, se concluye que en aquellos casos en los que la identificación administrativa del procesado se ordene dentro del auto de término constitucional, la parte afectada estará en aptitud de combatir tal determinación directamente a través del juicio de amparo; es decir, sin necesidad de agotar previamente el principio de definitividad. Ello es así, toda vez que ninguna de las legislaciones procesales antes referidas prevé de manera expresa la procedencia de un recurso o medio ordinario de defensa que permita revocar, modificar o nulificar este tipo de determinaciones. Además, para determinar si el recurso de apelación es procedente en estos casos, tomando en consideración que la resolución impugnada forma parte del auto de plazo constitucional, sería necesario acudir a una interpretación adicional y sistemática de diversas disposiciones legales aplicables, que no se obtiene de manera directa de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del recurso de apelación. Ello, pues el procesado debe atender otras disposiciones legales para efectuar una interpretación sistemática y racional sobre la dependencia de la orden de identificación administrativa del auto de término constitucional en que se realiza, así como de la forma de impugnación ordinaria de este último, para considerar que debe interponer el recurso de apelación también contra el acto que pretende combatir. Ejercicio de interpretación que de ninguna manera es exigible a la parte quejosa, en tanto no está obligada a conocer la ley para interpretarla y establecer técnicamente el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de amparo, en términos de la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XVIII, última parte, de la Ley de Amparo." [Énfasis añadido]. Resulta aplicable al caso concreto la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2003, de la Novena Época, sostenida por la Primera Sala del Alto tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a foja 51, Tomo XIX, Enero de 2004, cuyo rubro y texto a la letra dice: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO DE AMPARO SÓLO SE RECLAME ÉSTA Y NO EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVÓ, NO SIGNIFICA QUE CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. El hecho de que en el auto de término constitucional (auto de formal prisión o de sujeción a proceso) se ordene la identificación administrativa del procesado (elaboración de la ficha signalética) y sólo se reclame en el juicio de amparo la segunda y no el primero, no es motivo para estimar que dicha identificación sea un acto derivado de otro consentido y como consecuencia sobreseer en el juicio. Ello es así porque, no obstante la estrecha vinculación que guardan entre sí los referidos actos, puesto que el segundo es consecuencia legal del primero, no debe olvidarse, por una parte, que ambos participan de una naturaleza distinta, ya que la identificación administrativa no está regulada en forma concreta por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que su constitucionalidad dependa indefectiblemente del auto preventivo del que dimana, sino que por tratarse de un acto de autoridad que dicta una medida administrativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal; y por otra, que en términos del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de actos restrictivos de libertad, como lo es un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, es decir, el plazo para promover el juicio de garantías en su contra es ilimitado; mientras que la identificación, al ser un acto administrativo, lo será de quince días, en términos del artículo 21 del mismo ordenamiento legal. La constitucionalidad de la identificación administrativa sólo dependerá del auto de término constitucional cuando los conceptos de violación o agravios dirigidos a combatirla se sustenten en dicho auto, no así cuando se impugne por vicios propios, ya que si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se atacó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia; en cambio, si el acto derivado se reclama por vicios propios y el juzgador declara su inconstitucionalidad, ello repercutirá sólo en ese acto y en nada alteraría el auto de término constitucional. De ahí que aun cuando la identificación sea una consecuencia legal del auto de término constitucional, el afectado podrá impugnarla por vicios propios, sin que para ello sea necesario atacar previamente este último, es decir, podrá combatirse de manera independiente al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, siempre que esté dentro del término legal que la ley establece para ello." [Énfasis añadido]. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por Arturo Saldaña Reyna. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Arturo Saldaña Reyna, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veinticuatro de mayo del actual; sin embargo; no ha lugar a tenerse por desahogado el requerimiento formulado, en atención a lo siguiente. En primer lugar, debe precisarse que en el referido auto, se previno a la parte quejosa para que precise el acto o actos que aquí reclaman, en los siguientes términos: "Amplié los antecedentes del acto reclamado y establezca si lo que reclama es solo la orden de captura o bien, si compareció a rendir declaración preparatoria ante el juez responsable. En caso de haber rendido declaración preparatoria, especifique la causa penal y la fecha en que se emitió el auto de formal prisión." Ahora bien, en el escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el acto reclamado es: ".me permito manifestar que el acto reclamado es en relación a ORDEN DE APREHENSION, AUTO DE FORMAL PRISION, y CONTRA LA FICHA SIGNALETICA, comparecí ante el juez responsable a rendir mi declaración preparatoria el día 12 de Julio del año dos mil dieciséis en la causa penal 396/2015 T por el delito de violencia familiar, la fecha en que se emitió el auto de formal prisión fue el 14 de julio de dieciséis" En ese sentido, y considerando que de nueva cuenta el quejoso refiere que reclama tanto la orden aprehensión como el auto de formal prisión, se le previene para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise: Si la orden de aprehensión que reclama, dio origen al auto de formal prisión, dictado en la causa penal 396/2015 T, del índice del Juez Único de lo Penal (Sistema Tradicional), de esta ciudad; y, Cuando fue notificado del auto de formal prisión de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 396/2015 T, del índice del Juez Único de lo Penal (Sistema Tradicional), de esta ciudad. Destacando que con la presentación del escrito de cuenta, se interrumpió el plazo otorgado en el auto referido, por lo que se hace del conocimiento a la parte quejosa que cuenta con un término de cinco días para el desahogo de dicha prevención, considerando que dicho auto se le notificó personalmente el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por lo que surtió sus efectos el día siguiente de la notificación, esto es, el veintiséis del mes y año que transcurre, sin aún transcurrir el primer día, por lo que cuentan con el término de cinco días para cumplir con el desahogo intentado. Lo anterior de conformidad con la tesis 1ª./J. 39/2012 (10ª), visible en la página 400 del tomo 1, Mayo de 2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida del Secretario que autoriza y da fe Humberto de Jesús Aguilar Toledo, quien certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/HJAT/mash
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve Arturo Saldaña Reyna, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades: Subprocuradora de Zona Ensenada; Comandante de Zona de la Policía Ministerial; Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial Zona Ensenada, Baja California; Director de la Policía Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada; Comandante de la Policía Estatal Preventiva; y, Juez Único de lo Penal. Todas con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 267/2017-VI-A. PREVENCIÓN Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: ".1. Cualquier acto que atente o restrinja mi libertad personal, Mediante mi detención injustificada, mediante ORDEN DE PRESENTACIÓN, APREHENSIÓN, AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y CONTRA LA FICHA SIGNALETICA. " Sin embargo, una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, específicamente del capítulo de antecedentes, se advierte que el promovente manifiesta solo haber comparecido a rendir su declaración ministerial el día tres de septiembre de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio Público y no así a rendir declaración preparatoria ante el Juzgado Único de lo Penal del Sistema Tradicional, por el delito de violencia familiar, en la causa penal 396/2015-T. Por tanto, con fundamento en los artículos 114 fracción IV, 108 fracción IV, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise: Amplié los antecedentes del acto reclamado y establezca si lo que reclama es solo la orden de captura o bien, si compareció a rendir declaración preparatoria ante el juez responsable. En caso de haber rendido declaración preparatoria, especifique la causa penal y la fecha en que se emitió el auto de formal prisión. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Por último, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizado en los términos que indica a la persona mencionada en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Arturo Javier García González367/2015
- Arturo Jimenez Martinez29/2023
- Arturo Magaña Mellado545/2022
- Arturo Magaña Mellado1001/2023
- Arturo Rivera Ocampo40/2014
- Arturo Rivera Ocampo352/2015
- Arturo Saldaña Reyna320/2016
- Arturo Saldaña Reyna11/2016
- Arturo Saúl Peña Robles y Otros.441/2016
- Arturo Sosa Lucero401/2016
- Arturo Trinidad Castro Hernández253/2018
- Arturo Verduzco Villarino236/2015