Arturo Ruíz Becerra

Expediente 409/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
409/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Arturo Ruíz Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...VISTO EL OFICIO SIGNADO POR...ACOMPAÑA COPIA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN LA QUEJA LABORAL...DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA....INFORMA QUE ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO DE QUEJA...

  3. Principal

    AGRÉGUESE EL OFICIO SIGNADO POR...INTERPONE RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA...RÍNDASE EL INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA...SE ORDENA REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO...

  4. Principal

    SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo, que por derecho propio promueve ARTURO RUIZ BECERRA, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 409/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, considerando que el acto reclamado se hace consistir en la retención del impuesto sobre la renta que se le ha realizado desde la firma del convenio de jubilación que celebró el doce de agosto de dos mil ocho, con la Comisión Federal de Electricidad; en relación al rubro de prima legal de antigüedad que recibe con motivo de la pensión por jubilación decretada a su favor, en términos del artículo 93, fracciones IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta1 por parte de su pagador, esto es, la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que, a su consideración, conforme al contrato colectivo de trabajo (cláusula 80) que tal pagador suscribió con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana dicha jubilación debe quedar exenta de tal impuesto. Este órgano jurisdiccional de oficio, advierte que procede desechar la de demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así porque el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Como se aprecia de ese numeral, al ser presentada una demanda, o en este caso su ampliación, corresponde al Juez de amparo analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. De esa manera, lo manifiesto se da cuando el 1 "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: . IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, este órgano jurisdiccional, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de actos de autoridad para efecto de la procedencia del juicio de amparo. Al efecto, es necesario precisa que el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo antedicho se deduce, que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por actos de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la fracción del artículo 61 citada, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma legislación rectora en la materia. Asimismo, el artículo 1º del propio texto reglamentario establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por aquél, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del entonces Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por aquélla; y, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del entonces Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Carta Magna. Además, de la porción normativa del artículo 5º trascrita se desprende que, es parte en el juicio de amparo, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, los artículos reproducidos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad Entonces, tenemos que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares que violen los derechos fundamentales, siempre que éstos tengan el carácter de autoridad responsable, es decir, que dicten, promulgen, publiquen, ordenen, ejecuten o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, por disposición expresa de la ley de la materia, se considera autoridad responsable a aquel órgano estatal, de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. De manera que, la Ley de Amparo, mantiene en esencia la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; y también prevé en qué casos los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de la fracción II, del artículo 5, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la jurisprudencia 164/2011, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, de septiembre de 2011, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Partiendo de tales premisas, al exigir la actual Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las 26/11/23 14:20:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.20 LEONARDO DANIEL ANAYA ARIAS de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Por último, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora, en ocasión al acto reclamado la relación subyacente entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que son señalados como autoridades responsables, para con el quejoso, emana 26/11/23 14:20:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.20 LEONARDO DANIEL ANAYA ARIAS del otorgamiento de una pensión por jubilación, y específicamente de la retención del impuesto sobre la renta que la primera de esas autoridades realizó al quejoso al efectuar el pago de dicha pensión, sobre el rubro: prima legal de antigüedad. Siendo que en ocasión a esa conducta, es decir, a la retención de impuestos realizados a una pensión por parte de su pagador, ya sea una institución de índole privado o de carácter público, tanto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, como el Pleno de ese Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 58/2011, ha sostenido el criterio reiterado de que tal conducta no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que dicha retención no se realiza de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los titulares de esas pensiones, dado que al realizarla actúan auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes. .Consecuentemente, se concluye que a pesar de que la parte quejosa refiera la existencia de un contrato colectivo de trabajo, celebrado entre las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en el caso concreto la retención del impuesto sobre la renta del pago de la pensión por jubilación de la que goza el quejoso y como ex trabajador, que fue efectuada por la Comisión Federal de Electricidad, no conlleva el ejercicio de una facultad imperativa por parte de ésta, como característica que identifica a las relaciones de supra a subordinación, menos, en el caso preciso tiene facultades coercitivas, al 26/11/23 14:20:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.20 LEONARDO DANIEL ANAYA ARIAS contrario, si esa Comisión Federal de Electricidad no retiene el gravamen, es responsable solidario con el contribuyente aquí quejoso, lo que denota que ambos, están en un mismo plano entre ellos, y ambos se encuentran en un grado de supra a subordinación ante la autoridad fiscalizadora; por tanto, debe arribarse a la conclusión que en este caso en concreto no estamos ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable, por idoneidad sustancial el criterio plasmado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.15o.A.145 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 3170, registro 163565, que menciona: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS POR CONCEPTO DE JUBILACIONES O PENSIONES QUE REALIZA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Máxime que en el particular, con motivo de la retención aludida y que constituye el acto reclamado en este asunto, no se reclamó también el primer acto de aplicación de una norma general, en su carácter de heteroaplicativa. Sin perjuicio de que, la consabida retención pueda ser combatida directamente ante la autoridad hacendaria al solicitar su devolución de considerar el quejoso que tal retención fue contraria a derecho, y en caso de serle desfavorable la resolución correspondiente, a través del juicio de nulidad correspondiente Ante lo cual, la retención del impuesto sobre la renta que la quejosa reclama a la Comisión Federal de Electricidad y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, por existir un contrato colectivo de trabajo, con base en el que a consideración del quejoso su jubilación está exenta del pago de dicho impuesto conforme al respectivo contrato colectivo de trabajo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, y por tal motivo como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en torno al acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

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