Arturo Ruiz Aguilar
Expediente 890/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Ruiz Aguilar
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Se recibe el oficio del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, rinde informe justificado. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la referida autoridad, la que anexa a su informe, consistente en copia certificada del certificado parcelario 1119099. Estado de autos. Mediante escrito ingresado por buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el trece de septiembre de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el mismo día, Arturo Ruiz Aguilar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: - La falta, omisión e incumplimiento efectuado a los artículos 8, 17 y 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional para la entrega del certificado parcelario que ampara la solicitud de trámite 30230012858. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional1 , respecto a la obligación del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales que pueden estar reconocidos en la Convención Americana o por la propia ley interna. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 , prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional para la entrega del certificado parcelario que ampara la solicitud de trámite 3023001285, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo3 . Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Arturo Ruiz Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la falta de citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional para la entrega del certificado parcelario que ampara la solicitud de trámite 3023001285. Y, del informe justificado del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, que en este acto se recibe, se advierte que negó la existencia del acto reclamado, puesto que hace del conocimiento que al trámite SEDATU-04-016 enajenación de derechos parcelarios, le recayó solicitud registral positiva expidiéndose el título de propiedad 1119099, el que se encuentra a su disposición y del cual la responsable remitió a este juzgado copia certificada. Informando que debe comparecer ante el módulo de atención a trámites con identificación oficial vigente a las diez horas del día treinta de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior, tiene como consecuencia que las omisiones reclamadas dejaron de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. (...) Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa (...) Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. 25/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.31.b2 PENELOPE RODRIGUEZ LANDA En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notificación a las partes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes...
- Incidental
...el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento con la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, informa que ordenó la localización del documento base de la acción en el expediente ********************, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
... archívese este expediente como concluido. ..., este expediente es conservable. Una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, cúmplase con dicha determinación. En tanto que el duplicado, de conformidad con la fracción II inciso a) del artículo 19 del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado dentro de los treinta días siguientes a que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Se instruye al secretario que integran el expediente físico, realizar la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Instrucciones al secretaria. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo la integración, que verifiquen y certifiquen la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Asimismo se instruye a la secretaria que integra el expediente físico, realizar la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente al quejoso, electrónicamente a la tercera interesada y por oficio a las autoridades.
- Incidental
....informe previo. ----se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones.
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