Arturo Romero Aparicio Y/O Salvador Rodriguez Mendoza
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Arturo Romero Aparicio Y/O Salvador Rodriguez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación del proveído dictado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; en tales condiciones, se ordena pasar los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal, para el efecto de que notifiquen personalmente el presente proveído, así como el diverso antes mencionado, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, y toda vez que en el presente juicio SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto procede conservarse, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DEPURABLE. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Intégrese únicamente las piezas postales relativas a los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano dirigidos a las autoridades responsables identificadas a través de los oficios 45458/2019 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) y 45460/2019 DIRECTOR DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL "PAPANTLA. VERACRUZ" MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE), por los motivos que en el mismo se indican, en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y se dejan de tener con el carácter de autoridades responsables a las antes mencionadas, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. IMPROCEDENCIA Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, son los siguientes: "De las Autoridades señaladas como responsables Ordenadoras y Ejecutoras reclamo: A.-Que siendo aproximadamente las QUINCE horas del día de hoy (14 DE AGOSTO DE 2019), encontrándome en la explanada del Centro de Reinserción Social del Estado, también conocido "SAN MIGUEL" me manifestaron por parte del persona de custodios que debía acudir al área de control de dicho centro penitenciario; estando en tal área, se me dijo que sería cambiado de dormitorio a uno de los de máxima seguridad de este centro penitenciario, y que en caso de no aceptar, sería trasladado a otro centro penitenciario, siendo de este estado o dentro del país.(.)"(sic) Lo resaltado es propio Por otra parte, de los conceptos de violación hechos valer por el promovente, específicamente el señalado como "PRIMERO", se advierte que dichos actos le causan agravio pues lo dejan sin seguridad jurídica, toda vez que manifiesta que todo acto inherente a la libertad de los gobernados debe cumplir "con una serie de formalidades esenciales (.), distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite (.)". Así pues, de lo anterior se advierte que la orden de traslado a diverso centro de reclusión en el Estado o del país, lo hace derivar de la negativa por parte de éste de ser reubicado de dormitorio dentro del centro penitenciario en donde guarda reclusión, esto es, lo reclama como una consecuencia de dicha reubicación, la cual no está sujeta a consideración del promovente, pues ello atiende a cuestiones de internamiento de la propia penitenciaría, ya sea en virtud de una sanción disciplinaria derivada de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, por motivos de seguridad. Además, el traslado dentro del mismo centro de reclusión que reclama el aquí promovente no puede considerarse que dependa del consentimiento o no de éste, pues, como se dijo, el mismo es determinado conforme a las facultades que para tal efecto tiene la autoridad penitenciaria inherentes a la administración del centro de Reinserción al que pertenece . Por lo anterior expuesto, respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. En mérito de lo anterior, debe decirse que respecto de tales actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se advierte que previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 107, 108, 115, 116, 117 y 121, el segundo, cuarto y sexto de éstos en su fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.) "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. (.) "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) "Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; (.)". De lo transcrito se advierte que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, en ese sentido, tienen legitimidad para formular peticiones ante las direcciones de los centros. Que tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de las autoridades penitenciarias; destacándose que en aquéllos casos donde los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, imponiéndose al director la obligación de resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. En el caso concreto, el acto reclamado por el impetrante de amparo lo constituye la orden de traslado del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, Puebla, a otro diverso, así como la orden de cambio de dormitorio y/o reubicación a un módulo de máxima seguridad de data catorce de agosto de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que dicha cuestión es impugnable a través de la controversia judicial prevista en los artículos 116, fracción I y 117, fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, subsanar o nulificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere este último ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. También, sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, los criterios de rubro y texto siguientes: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. No se inadvierte para este juzgador que en veintiuno de julio de dos mil dieciséis, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete y doce de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al aquí quejoso promoviendo las demandas de amparo radicadas con el número 957/2016, 341/2017 y 331/2018, respectivamente, en los que reclamó idénticos actos en contra de las mismas autoridades responsables señaladas en el ocurso que se provee, proveídos en los que se admitieron a trámite y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, sobreseyéndose en dichos amparos veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; empero, de una nueva reflexión, se estima conducente el sobreseimiento del presente juicio, pues la orden de traslado a diverso centro de reclusión en el Estado o del país, la hace valer como consecuencia de la negativa a ser reubicado dentro del propio centro, lo que pone de relieve que dicho cambio de dormitorio no depende de su consentimiento, tal y como se apuntó en párrafos que anteceden, por lo que el posible traslado de centro de internamiento no es reclamado por vicios propios sino depende de la ejecución de la reubicación aludida. Sin que pase desapercibido, que también reclama como actos los indicados en los incisos b), c) y d), pues en realidad se trata de aspectos que constituyen una consecuencia o un vicio del acto primigenio consistente en la reubicación de celda. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo en conformidad con el diverso 63, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFICACIÓN PERSONAL Finalmente, tomando en consideración que el quejoso está recluidos en el interior del Centro de Reinserción Social de Puebla, se comisiona a cualquiera de los actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituyan en el citado centro de reinserción social y en cumplimiento al artículo 26 fracción i, inciso a), de la Ley de Amparo, notifiquen al quejoso de manera personal el presente proveído.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, asimismo, se le tiene informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada mediante auto admisiorio; lo anterior, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 126 de la ley de la materia. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud que aún no obran la totalidad de los informes justificados ni constancias de notificación (piezas postales) de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio de los cuales se les requirió su informe justificado, así como se le hizo saber la fecha de la audiencia constitucional. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.-
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