Arturo Romero Aparicio
Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Arturo Romero Aparicio
- SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la razón asentada por el Actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte su imposibilidad para notificar al promovente Arturo Romero Aparicio y/o Salvador Rodríguez Mendoza en el lugar de su reclusión, esto es, el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, el auto de tres de junio de dos mil diecinueve (foja 21), toda vez que al constituirse en las instalaciones de dicho centro penitenciario, el custodio, en turno, de la sección de control, le manifestó que el promovente fue trasladado el día cuatro de junio al Hospital de Traumatologia y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle"; de lo que esta autoridad Federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial que corresponda, para que se constituya en el citado nosocomio y notifique personalmente a Arturo Romero Aparicio y/o Salvador Rodríguez Mendoza, el presente auto y el proveído de tres de junio del año en curso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos, el oficio signado por la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 378 a 380 del presente cuaderno de antecedentes), informa que los superiores jerárquicos del Director de Recursos Humanos de las Secretaría de Finanzas y Administración y del Coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla son: a) Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración; y, b) Director General del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla. En tal sentido, hágase del conocimiento de las autoridades indicadas en los incisos a) y b) que, en el citado auto de veintiocho de mayo de la presente anualidad, se agregó el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria dictada el dieciséis de mayo del año en curso, en la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2019 de su índice; relativa al juicio de amparo 1439/2015 antes 174/2012 del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En esa determinación, el órgano colegiado citado resolvió la repetición del acto denunciada por Josefina Abigail Aguilar Jiménez, en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Se declara fundada la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo indirecto número 1439/2015, del índice del ahora Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia penal en el Estado de Puebla, antes 174/2012, del índice del entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. SEGUNDO. Se estima procedente remitir la presente denuncia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado, para los efectos precisados en el artículo 107, fracción XVI, de nuestra Carta Magna, a efecto de que se determine si en la especie procede o no la separación del cargo de dichos titulares, así como su consignación penal ante el juez federal que corresponda. Comuníquese esta determinación al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; continúese requiriendo el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; para ello, obténgase las copias necesarias para integrar el cuaderno de antecedentes respectivo y, en caso de que la responsable llegara cumplir con la ejecutoria de amparo, comuníquese de inmediato dicha circunstancia al Alto Tribunal del País y al Juzgado del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.". Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, se requirió a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del Director de Recursos Humanos y al Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten haber dejado sin efectos el acto repetitivo y cumplan con la ejecutoria de amparo. Para lo cual, dichas autoridades deberán desaplicar de la esfera jurídica de la quejosa Josefina Abigail Aguilar Jiménez, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil once, así como los actos de aplicación, y le devuelvan la cantidad que resulte del excedente aportado conforme al decreto referido, reteniendo únicamente los porcentajes previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once. En tal virtud, y atento a lo informado en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades: a) Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración; y, b) Director General del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla. Para que en su carácter de superiores jerárquicos del Director de Recursos Humanos de las Secretaría de Finanzas y Administración y del Coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, respectivamente, en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordenen a las referidas autoridades, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector que se trata y remitan a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dieron la señalada orden; para lo cual se les remitirá copia autorizada de la ejecutoria pronunciada por el órgano colegiado de referencia. Precisando que deberán hacer uso de todas las medidas e incluso sanciones que tengan a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que sus inferiores cumplan con la ejecutoria, y en caso de que sus subordinados se resistan a hacerlo, deberán cumplirla directamente, sin perjuicio de las sanciones que les impongan. Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que 'las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo'. De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer." Se apercibe a las autoridades citadas que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, en forma separada, una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, determinó procedente remitir los autos del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pronuncie la resolución que proceda respecto de la repetición del acto denunciada, así como del proyecto de separación del cargo de los servidores públicos indicados en la sentencia de mérito. Por ello, en caso de actuar dolosamente en el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, hágase saber a las citadas autoridades que, en caso de no dar cumplimiento a lo aquí requerido, en su carácter de superiores jerárquicos, incurrirán en las mismas responsabilidades que las autoridades encargadas del cumplimiento, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, se tiene a la autoridad responsable oficiante designando como delegados en el juicio de garantías del que deriva este cuaderno de antecedentes, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la misiva de cuenta. Por otra parte, respecto a la petición de la autoridad oficiante para la obtención de las actuaciones judiciales a través de medios electrónicos, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la parte ocursante, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a las demás partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 479/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado DESECHAMIENTO En primer término, debe precisarse que, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente impugna: a) La orden de traslado de un reclusorio a otro, o bien, de un dormitorio de máxima seguridad b) Trato indigno a su dignidad humana c) Violación a sus derechos constitucionales, al señalar que no cuenta con correctivos disciplinarios en su expediente único penitenciario d) Las consecuencias derivadas de los incisos antes indicados y que se traducen en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento Al respecto, se advierte que los actos indicados en los incisos b), c) y d), se encuentran comprendidos en el acto destacado de traslado Por lo que el acto que se analizará en la presente vía constitucional, es la orden de traslado por parte del 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2 Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 3 Juez Itinerante de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 4 Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 5 Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 6 Director del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 7 Director del Centro de Reinserción de Huauchinango, Puebla, 8 Director del Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, 9 Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 10 Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 11 Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 12 Jefe del Departamento de Psicología del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 13 Jefe del Departamento de Criminología del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 14 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 15 Director de Supervisión de los Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 16 Secretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 17 Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 18 Director del Centro de Reinserción Social Varonil Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 19 Director del Centro de Reinserción Social de Chalco del Estado de México, 20 Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Veracruz, 21 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, 22 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, 23 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, 24 Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán (cereso Yucatán), 25 Director del Centro de Reinserción Social de Mérida Yucatán, 26 Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado de Yucatán, 27 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 28 Director del Cereso Atlacholoaya "Morelos", Municipio de Xochitepec, Morelos, 29 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, 30 Director del Centro de Reclusión Estatal de Tancanhuitz (el xolol), de San Luis Potosí, 31 Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 32 Director del Cereso Chetumal, de Pachuca, Hidalgo, 33 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México; 34 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", El Salto, Jalisco, 35 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noreste", H Matamoros, Tamaulipas, 36 Director del Centro Federal de Readaptación Social número, 4 "Noroeste", 37 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", Conocido Cerro de León, Villa Aldama Veracruz, 38 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste, Municipio Huimanguillo, Tabasco, 39 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste", Municipio Guadalupe Victoria Durango, 40 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-poniente", Municipio Guasave, Sinaloa, 41 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", Ciudad Juárez Chihuahua, 42 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Nor-noreste", Municipio: El Oro Monclova, Coahuila, 43 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", Municipio de Hermosillo, Sonora, 44 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato" Municipio de Ocampo, Guanajuato, 45 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca" Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, 46 Director del Centro Federal de Readaptación Social número, 14 "CPS Durango", Gómez Palacios Durango, 47 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", Villa de Comaltitlán Chiapas y 48 Director del Complejo Penitenciario Federal "Papantla, Veracruz", Municipio de Papantla, Veracruz Respecto del acto reclamado (traslado, en donde se engloban los restantes) se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber promovido el recurso ordinario de defensa (Controversia Judicial) previsto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal Sobre la causal de improcedencia destacada, el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XX Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ; (.)" De la lectura del precepto que antecede, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, disponen lo siguiente: "Artículo 116 Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad" "Artículo 117 Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada" "Artículo 122 Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto" "Artículo 123 Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III Desechar por ser notoriamente improcedente Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación" "Artículo 124 Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia" "Artículo 127 Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados" Los arábigos transcritos consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado ó dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital En donde, el juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Destacándose al respecto que, a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva El Juez de Ejecución tendría un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quedé firme Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige el acto ahora reclamado, se prevé en su capítulo VI específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XXIIPA34 P (10a), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de agosto de 2018, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones" Una vez precisado lo anterior, el aquí quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar su traslado (en donde se engloban los restantes actos) del Centro de Reinserción Social de Puebla a uno diverso, que atribuyó a las autoridades citadas en párrafos precedentes, indicadas con los arábigos del 1 al 48 Entonces, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario que puede ser ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro de reclusión; las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia judicial, por lo que, el aquí quejoso, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el Juez de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado del que tuvo noticia será objeto por parte de las mencionadas autoridades judiciales y administrativas, el cual incluso, es susceptible de ser suspendido de inmediato, dada su naturaleza, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicha controversia De ahí, que al no hacer valer la controversia judicial, contra el traslado involuntario del que se duele, el peticionario de amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo A las consideraciones que preceden resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a/J 79/2018 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, visible a página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES "DE INTERNAMIENTO PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA "PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE "CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN "PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO "INDIRECTO Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, "107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de "Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución "penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones "administrativas, a través del cual las personas privadas de su "libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la "autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones "inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus "derechos Ahora bien, este mecanismo de control constituye un "verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues "inicia con la presentación de una petición formulada por los internos "ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden "ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso "de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de "inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones "positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una "omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones "adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la "petición sean impugnadas a través de los recursos "correspondientes En esa virtud, el citado mecanismo de control "previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio "de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona "privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus "condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de "amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de "impugnación previstos en su contra por la ley referida Por lo que, si "el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones "inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente "hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la "causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, "fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de "definitividad" Por lo tanto, es inaplicable para lo pretendido la tesis de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO "PENITENCIARIO A OTRO CUANDO EL INTERNO LA IMPUGNE "EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTO FUTURO "Y EXISTA DUDA SOBRE SU NATURALEZA INCIERTA O "INMINENTE, DEBE ADMITIRSE A TRÁMITE LA DEMANDA, AL "NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE "DE IMPROCEDENCIA, QUE AMERITE DESECHARLA DE PLANO "EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO", ya que se trata de un criterio que ya quedó superado con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada anteriormente En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA Igual postura adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 24/2019 de su índice, que se advierte del Sistema Integral de Expedientes (SISE) y que se invoca como un hecho notorio Cobra aplicación la Jurisprudencia siguiente: "HECHOS NOTORIOS TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente" DOMICILIO Se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso el lugar en el que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el lugar de su reclusión AUTORIZADO Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Fernando Lagunes de Gante, atento que el quejoso no proporcionó datos de su cédula profesional para constatar que está autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico
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