Arturo Rodríguez Salazar

Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Salazar
  • Arturo Rodríguez Salazar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, la tercera interesada y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de mayo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al expediente 1227/2021, constante de tres legajos de copias certificadas, remitidos por el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México; en consecuencia, devuélvasele los mismos, solicitando el acuse correspondiente. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciba dichas constancias, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 80/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. **********, por derecho propio demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla. II. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional aceptó el conocimiento previo planteado, admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional y se emplazó a la parte tercero interesada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: - La determinación del seis de diciembre de dos mil veintidós, que modificó la diversa emitida en la audiencia inicial en la etapa de revisión de medidas provisionales, dentro del expediente **********, del índice del Juez responsable, en el cual se determinó una pensión diaria de dos días de salario, a favor del menor de iniciales **********. TERCERO. El Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. CUARTO. No habiéndose invocado de manera destacada causas de improcedencia, ni advertirse de oficio, este Órgano de Control Constitucional procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. La parte quejosa hace valer como conceptos de violación: - La resolución reclamada es ilegal y viola los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1º, 4°, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que el juez responsable al resolver el recurso de revocación declaró parcialmente fundados los motivos de disenso expresados y estableció la pensión alimenticia, a razón de dos salarios mínimos diarios, lo cual transgrede el principio de proporcionalidad que rige la obligación alimentaria, pretendiendo sostener su ilegal determinación en la presunción de que ha podido sostener los gastos de colegiatura, transporte y gastos médicos, así lo reportado en las declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. - Sin atender las manifestaciones relativas a que no tiene ingresos, resolvió que debía otorgar la pensión alimenticia de dos días de salario a favor del acreedor, dada su necesidad alimentaria. - El juez responsable transgrediendo el principio de proporcionalidad, pues claramente de las declaraciones de impuestos exhibidas, así como de los estados de cuenta bancarios, se desprende que no tiene ingresos para cubrir el importe de la pensión alimenticia decretada, lo que impide materialmente cumplir con el pago de la misma, además de comprometer la satisfacción de mis necesidades propias. - Lo aseverado por el juez responsable en el sentido de que tiene ingresos el quejoso y que tiene una capacidad económica diversa a la manifestada, tiene su origen en su supuesta declaración fiscal, por lo que carece de eficacia jurídica, pues está apoyada en un hecho falso, inexistente, por lo que no puede surtir efectos para pretender atribuirle una capacidad económica. - El juez responsable no tomó en consideración los ingresos que percibe la madre del acreedor. Dichos conceptos de violación resultan infundados conforme a las siguientes consideraciones. Al emitir la resolución reclamada, la responsable lo realizó conforme a las siguientes consideraciones: * Los agravios resultan parcialmente fundados para modificar la pensión alimenticia establecida de dos días y medio de salario diario, y reducirla a dos días de salario. * Lo fundado radica en que no se hizo una correcta valoración de las documentales, sin embargo, de las mismas se advierten los movimientos realizados por el deudor alimentista y la capacidad que ha tenido de solventar los gastos de colegiatura, transporte y gastos médicos a favor del menor de iniciales **********. * De la documental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se advierte la deducción por el pago de seguro de gastos médicos mayores, así como de servicios educativos, lo cual demuestra la capacidad económica del deudor alimentista. * Si bien refiere estar desempleado, sigue teniendo movimientos bancarios, y cuenta con ingresos para sus gastos. * Si bien es cierto, la madre del acreedor tiene ingresos económicos, tiene doble carga, dado que corresponde el cuidado del menor y realizar actividades que le generen ingresos económicos para su propia manutención, lo cual le produce mayor deterioro en su salud, y no cuenta con los mismos tiempos para sus planes de vida. * Si se le reduce más la pensión, se afectará el desarrollo del menor, además, la madre no puede solventar todos los gastos, y el menor de iniciales **********, no puede allegarse de ingresos económicos. * Al reducirse la pensión alimenticia de dos días y medio a dos días de salario, resulta innecesario el estudio de los restantes agravios, dado el beneficio de reducción otorgado al deudor alimentista. Luego de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4.130, 4.135 y 4.139, del Código Civil del Estado de México, se advierte que establecen las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, los cuales se transcriben: "Obligación alimentaria de los padres Artículo 4.130.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. Aspectos que comprenden los alimentos Artículo 4.135. Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Reparto de la obligación alimentaria Artículo 4.139. Si fuesen varios los acreedores (sic) alimentarios, la o el Juez repartirá el importe de la pensión, en proporción a sus haberes, atendiendo el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes". De la interpretación de los artículos citados, se desprende que los alimentos han de ser proporcionados atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido. Así los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien deba recibirlos, por lo cual para su fijación se debe tomar en consideración la situación individual de los acreedores en relación a sus necesidades personales y la capacidad económica del deudor, en tanto que los menores y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de presunción de necesitar alimentos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, sostuvo el siguiente criterio: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en 1 los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación de proporcionar alimentos dentro de las relaciones paterno-filiales es un deber que tiene como fuente primordial la institución de la patria potestad. Es decir, se trata de una obligación que deriva de un mandato constitucional expreso, el cual vincula a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral de sus hijos, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres; esto es, es una obligación compartida sin distinción de género. En ese contexto, la Primera Sala sostuvo que, si bien es cierto que la obligación de proporcionar alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por tanto, el Estado tiene el deber de vigilar que en efecto se preste dicha asistencia, en última instancia corresponde a los particulares, derivado de una relación de familia, dar respuesta a un estado de necesidad en el que se encuentra un determinado sujeto, bajo circunstancias específicas señaladas por la propia ley. En suma, la Primera Sala sostuvo la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos y el correlativo derecho de éstos a percibirlos, es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales, orientados a la protección y tutela integral de los niños, niñas y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura se encuentran: la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos; el derecho de los niños a acceder a un nivel de vida digno y adecuado; el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. Esto último conlleva además la obligación constitucional de todas las autoridades del Estado, de adoptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes vean satisfechas sus necesidades de manera integral, completa y adecuada. Dicho mandato, leído bajo la óptica del interés superior del menor y el deber de protección integral de la infancia, autoriza la adopción de medidas reforzadas de tutela que atiendan a la situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran. Razonamientos los que dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD. Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia de este alto tribunal". En efecto, el derecho de alimentos se trata de la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. Los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley; por ende, los alimentos son considerados de interés social y orden público, con las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Además, la Suprema Corte de la Nación ha resuelto que para determinar el monto de la pensión alimenticia, debe atenderse fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad, sea esta provisional o definitiva, lo que significa que rige el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplirla, además de tomarse en consideración el entorno social en que estos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues, añadió, los alimentos no solo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que, adujo, no es dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), que dice: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto". En la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes, es decir, en el estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado. Por su parte, el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia, debe estar a cada caso en particular y sustentarse en esos dos principios fundamentales que lo rigen, es decir, en la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Además, si bien es cierto que al fijar una pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador debe velar siempre por el interés superior de este, ello no impide adecuar las necesidades alimentarias a la posibilidad de quien o quienes deben satisfacerlas, pues en el otro extremo se encuentran los derechos del deudor alimentario, los cuales, aunque ciertamente están por debajo de los que corresponden a los infantes, no por ello la facultad del juzgador puede ser arbitraria o desmedida bajo la justificación del interés superior del menor. En ese sentido, el juzgador debe procurar que las obligaciones que impone a las partes a través de sus decisiones no resulten ostensiblemente desmedidas en perjuicio no solo del deudor alimentario sino, inclusive, del propio menor, pues en el supuesto de que la carga alimentaria fuere superior a la capacidad económica del deudor, podría generar que a la postre no estuviera en aptitud de solventar esa carga económica, o bien, que ante lo desmedido de esta, aquel no pudiera satisfacer las necesidades mínimas para su propia subsistencia, pues tal extremo no es el que el espíritu del legislador plasmó al emitir normas protectoras de los menores. Por tanto, la capacidad económica, como se dijo, constituye uno de los elementos que deben atenderse para determinar el monto de una pensión alimenticia, entendida como la potencialidad real de contribuir al pago de alimentos. De ahí que se concluya que al determinar el monto de una pensión alimenticia, debe estarse a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen: la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, pues en toda determinación que se tome en relación a los alimentos, debe considerarse que se trata de disposiciones de orden público e interés social, y evitar situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. De lo anterior se obtiene que, para la fijación de los alimentos, se tomará en cuenta la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica, lo que se complementa con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, en torno a las facultades probatorias del juzgador, a fin de lograr un equilibrio, si es que advierte cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre éstos. Conforme a lo anterior, resulta inconcuso que no asiste razón al quejoso, dado que la autoridad responsable al emitir la determinación que se le atribuye, precisó los motivos por los cuales arribó a la determinación reclamada. Además, fue correcto el actuar de la responsable, tomando en consideración lo establecido en el artículo 4.138, del Código Civil para el Estado de México, que señala que cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. Lo que en el caso aconteció, dado que la juez responsable consideró el material probatorio ofertado por las partes, así como al número de acreedores alimenticios. Esto es, no se advierte que el ahora quejoso cuente con más acreedores alimentarios, aparte del menor de iniciales **********. Además, la pensión alimenticia fijada es proporcional al número de acreedores (uno) y a la capacidad del otorgante, dado que es acorde al nivel de vida del acreedor, entre ellos, los pagos de colegiatura, transporte escolar, pago de gastos médicos mayores, así como el tipo de escuela al que acude, relacionado con las deducciones de los mismos en sus declaraciones fiscales. Esto es así, dado que la finalidad de las deducciones va sobre los ingresos percibidos en determinado ejercicio fiscal, por lo que si no tuviera ingresos, no podría realizar deducciones. Aunado a lo informado por la madre del menor, en que informó que los gastos del menor de iniciales **********, asciende a la cantidad de $20,341.00 (veinte mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.), lo cual no fue controvertido por el deudor alimentista, ahora quejoso. Además, no se advierte que el deudor alimentista cuente con imposibilidad de realizar actividades a efecto de generar ingresos. Circunstancias por las que la autoridad responsable si atendió el principio de proporcionalidad de que se duele el quejoso, y tomó en consideración el material probatorio ofertado por las partes. Motivos por los que devienen infundados los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1, fracción I, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por los motivos contenidos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe treinta de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos con fundamento en el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, así como en los diversos 29, 31 y 33, fracción I, de las Bases Generales de la Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante oficio requiérase al Delegado en el Estado de México del citado Instituto, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, designe a un asesor jurídico que represente a la menor de iniciales N. R. P. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y toda vez que en proveído del veintitrés de marzo del año en curso, se señalaron las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte de nueve de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, para el sólo efecto de precisar la fecha correcta para la celebración de la audiencia constitucional, siendo ésta las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte de abril del año en curso. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la autoridad responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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