Arturo Rodriguez Flores
Expediente 1964/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1964/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Arturo Rodriguez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. TCC remite testimonio. El Actuario Non del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 1964/2021-I del índice de este juzgado, así como testimonio de la ejecutoria emitida el dieciocho de marzo de dos mil veintidós en el recurso de queja ********************, de su índice, en la cual resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que el presente toca se refiere. Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del testimonio del recurso de queja y del cuaderno principal del presente juicio de amparo. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del original del presente juicio de amparo a la Superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el cuaderno original, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Se admite recurso de queja. La Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de trabajo del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo del veinte de enero de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja RQ-9/2022, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de enero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, mediante proveído del cinco de enero de dos mil veintidós, se requirió a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a fin de que llegado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, fecha programada para realizar el segundo pago a favor de la parte actora en el juicio de origen y con ello se tenga por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral *** comunique si se realizó, información que resulta necesaria en el presente juicio de amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las catorce horas diez minutos del dos de febrero de dos mil veintidós; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Quejoso cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio de ..., se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído de trece de diciembre del año en curso, a través del cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las prestaciones reclamadas a las demandadas Secretaría de Salud, Servicios de Salud y Régimen Estatal de Protección Social en Salud, todos del estado de Puebla, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en el juicio laboral ... del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, son las mismas. Desechamiento Este órgano jurisdiccional federal, advierte de oficio que el juicio de amparo es improcedente, por las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. ............. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, por analogía, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ... del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el cual el Tribunal responsable tuvo exhibiendo pruebas del aquí quejoso y en el cual se ordenó emplazar únicamente a la Secretaría de Salud y a Servicios de Salud, ambos del Estado de Puebla, no así al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Puebla, ni al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, bajo el argumento de que respecto al mencionado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Puebla, dicha autoridad se extinguió el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, y por cuanto hace al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la misma escapa de su competencia; por tanto, ese acto únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha negativa no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es así, pues de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que las prestaciones reclamadas a las demandadas Secretaría de Salud, Servicios de Salud y Régimen Estatal de Protección Social en Salud, todos del estado de Puebla, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, son las mismas; pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en su escrito aclaratorio de cuenta. Lo anterior, constituye una confesión expresa admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar un hecho en particular. Por lo tanto, se insiste que la determinación reclamada sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, puesto que dicho auto que niega a tener como demandados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Puebla, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a quienes cabe precisar que se les reclaman las mismas prestaciones que a aquellas por las que se sigue el juicio de origen, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones -prestaciones reclamadas en el juicio laboral de origen- del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene a las demandadas por las que se siga el juicio, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Arturo Rodríguez Flores. Notifíquese vía electrónica al promovente.
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