Arturo Rodríguez Barrera

Expediente 739/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI.-...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por*****se declara que dicho proveído ha causado estado...archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido...

  2. Principal

    VI.- ...se advierte que en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******, se ordenó la notificación de dicho proveído vía electrónica a la parte quejosa; sin embargo, en acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, se tuvo le como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, las listas de publicación que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo expresamente...se regulariza el procedimiento en este expediente y se ordena notificar por lista a la parte quejosa el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, de conformidad con lo ordenado en auto de veintinueve de junio del año en cita. LO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por *****, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención formulada en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós; por tanto, este juzgado de Distrito se encuentra en aptitud de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo. En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia1 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Ahora, en el escrito de cuenta, en cumplimiento a la prevención, el peticionario del amparo precisó como acto reclamado el siguiente: - El auto de catorce de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Civil de Primera Instancia con residencia en Zumpango, Estado de México, distrito judicial de Zumpango, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 64/2021, en el que se ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en: ***** incluso con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, así como su ejecución. En ese sentido, el suscrito considera que, en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente, además de las diversas hipótesis contempladas en sus fracciones I a XXII, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Luego, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de omisiones o actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. Lo anterior es así, dado que la consecuencia de dicha omisión o acto consistiría en que el procedimiento de ejecución de sentencia continuara por sus etapas procesales, en el cual, se reitera, aún faltaría que se declare cumplida o se establezca la imposibilidad que para ello se tenga. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en el auto de catorce de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Civil de Primera Instancia con residencia en Zumpango, Estado de México, distrito judicial de Zumpango, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 64/2021, en el que se ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en: *****, incluso con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, así como su ejecución, a fin de cumplimentar la sentencia dictada en el juicio de origen, fue emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia y podrá ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, pudiendo impugnarse entonces las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia2 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia intitulada: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE."3 Así, cuando el acto que se reclame sea una omisión o un acto que se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior es así, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, así como de sus omisiones, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo título dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.".4 En esa virtud, conviene destacar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se aprecia lo siguiente: - Que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno fue notificado de la instauración del juicio ordinario civil 64/2021 de la estadística del Juez Civil de Primera Instancia con residencia en Zumpango, Estado de México, distrito judicial de Zumpango, Estado de México. - También, se advierte que en el referido expediente se ordenó llamar al aquí quejoso, *****, con el carácter de tercero llamado a juicio, carácter que se le tuvo por reconocido en auto de dos de junio de dos mil veintiuno. - Luego, señala que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se dictó la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 64/2021, del que derivan los actos reclamados. - Finalmente, indica que a efecto de cumplimentar la referida sentencia, el juez responsable dictó el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que se ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en: *****, incluso con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Este último constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, es evidente que los actos reclamados en esta instancia fueron emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio civil de origen y que la parte quejosa fue parte del mismo con el carácter de tercero llamado a juicio; por tanto, son actuaciones procesales que podrán ser reclamadas conjuntamente con la última resolución que se dicte en dicho procedimiento de ejecución, pudiendo impugnarse entonces las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al quejoso; es decir, cuando se emita la resolución que determina el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material para ello. Lo anterior, porque los actos reclamados no constituyen el último acto en la etapa de ejecución de la sentencia para que proceda el juicio de amparo, en virtud de que no se decretó el cumplimiento total de la sentencia, tampoco se ha establecido la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se ha remitido el expediente al archivo; por tanto, es indudable que no se satisfacen los extremos requeridos para la procedencia de dicho juicio. Es aplicable al caso, la tesis aislada de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.".5 En ese contexto, es obvio que los actos reclamados no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución del sumario de origen, en los términos precisados por la Ley de Amparo; por tanto, es inconcuso que la acción constitucional intentada es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución, toda vez que no son una actuación en la que se haya tenido por cumplida la resolución que puso fin al juicio precisado, o bien, que determinen la imposibilidad para su acatamiento, tampoco son aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que en el juicio de origen aún no se ha dictado la última resolución. Por ello, es dable concluir que los actos reclamados en la presente instancia constitucional se realizan dentro de la etapa de ejecución del citado expediente natural. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y fase procesal en que se encuentra el litigio de origen, el juicio constitucional es improcedente. En relatadas circunstancias, al quedar establecido que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia del litigio de origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *****."

  3. Principal

    VI.-Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

  4. Principal

    VI.-...Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

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