Arturo Rodríguez Azueta

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Azueta
  • Juez Quinto Familiar de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el cual solicita la vinculación del expediente electrónico por encontrarse relacionado con su juicio de amparo ********************de su índice. En su atención, se instruye al Oficial Judicial "A", a efecto de que realice las gestiones correspondientes a fin de poder realizar la vinculación del expediente electrónico; lo anterior, hágase del conocimiento al Homologo Federal. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En cuanto a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se devuelve, para los efectos legales consiguientes. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    II.- Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Recepción de oficio Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual, rinde su informe justificado y remite las constancias de las cuales deriva el acto reclamado, sin que se dé vista a la parte quejoso por los motivos que se expondrán más adelante. Prueba Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales públicas que anexa a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Dada la voluminosidad de las constancias, forme anexos por separado. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, visto el informe justificado de cuenta, así como las constancias que adjunta al mismo y el estado procesal que guardan los autos, de oficio se advierte que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia en cuanto a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del procedimiento natural, además no afecta derechos sustantivos de manera irreparable. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que se anexan al mismo. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o del contenido de los informes justificados, así como de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. ******************** Pues bien, quien resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, del mismo cuerpo de leyes establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.[.]" De los preceptos transcritos se obtiene que, entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; en la inteligencia que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, se entiende aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo, o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, en la última resolución será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere le dejaron sin defensa y hayan trascendido al resultado de tal resolución. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo y, por tanto, sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada y, con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, oportunidad en la cual se estará en posibilidad de reclamar la ley cuya inconstitucionalidad se pretende, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia o laudo que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. ************************* Acorde a la jurisprudencia transcrita, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato, supuestos que, como se explica, no se actualizan en la especie, ya que las constancias remitidas por la responsable se aprecia que se aprobaron las cuatro secciones respecto de la sucesión testamentaria, y se emitió sentencia definitiva el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en juicio sucesorio testamentario 1187/2016, del índice de la responsable. Por tanto, se puede deducir que el presente acto reclamado se emitió después de concluido el juicio, y en caso el quejoso reclama proveído dictado el dieciséis de marzo de dos mil veinte, en el incidente de rendición de cuentas y entrega de frutos 1187/2016, en el que no se acordó favorable el recurso de revocación que promovió en contra del diverso acuerdo de diez del citado mes y año, a través del cual no se le proveyó su solicitud de que se condenara a la albacea y herederos de la citada sucesión al pago de por concepto de pena por la mora de diez por ciento y se dejó a salvos su derechos. El citado acto reclamado, no le ocasiona un perjuicio que afecte derechos sustantivos, ya que no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del procedimiento natural. Por tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues no es un acto en ejecución de sentencia que se afecte derechos sustantivos de la parte quejosa; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. ************** Ante tal panorama, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Se agrega el citatorio y la notificación por lista, suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la se advierte que emplazó al presente juicio a los terceros interesados (Guillermina, Martha, Alejandro y Mauricio, todos Rodríguez Azueta, así como a Martha Hortensia Muñoz Rodríguez). En atención a lo anterior, con fundamento en el con fundamento en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se les tiene por emplazados al presente juicio a los terceros interesados en comento, con excepción de Martha Hortensia Muñoz Rodríguez, en razón de que a ella se le tuvo por apersonada al juicio en que se actúa el siete de abril pasado.

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