Arturo Rodriguez Azueta
Expediente 1062/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/09/2019
Partes del expediente
- Arturo Rodriguez Azueta
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** sin que éste lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. En el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Registro de Expedientes (S.I.S.E), háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de agosto de dos mil diecinueve. Quejoso realiza manifestaciones. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el ocurso signado por el quejoso a través del cual en alcance a su escrito inicial de demanda, realiza diversas manifestaciones para complementar las presentadas del acto reclamado consistente en el oficio 36/2019, pues en auto de dieciséis de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo, estando en espera que quede firme dicha determinación. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Rodríguez Azueta, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1062/2019-II. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis del escrito de demanda se aprecia que el quejoso señala como autoridades y actos reclamados: "1. Inconstitucionalidad del oficio SPPA/4487/2019 emitido por la Lic. Rosa Carolina Durán Romero, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación y Encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México, el cual fue notificado como presenta respuesta al escrito de petición de 25 de junio de 2019 presentado al Lic. Raciel López Salazar en su carácter de Delegado en el Estado de México de la Fiscalía General de la República. Lic. Raciel López Salazar en su carácter de Delegado en el Estado de México de la Fiscalía General de la República, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 25 de junio de 2019. Lic. Rosa Carolina Durán Romero, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación y Encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México. 2. Inconstitucionalidad del oficio 36/2019 emitido de manera conjunta por: Lic. César Meneses Padilla en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Lic. Daniela Gómez Ávila, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Lic. Gumercinda Aguilar Sánchez, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Lic. J. Jesús Arellano Plata, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Establecido lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación de juicios de amparo similares, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para establecer que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, es importante destacar que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante este órgano jurisdiccional, porque en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia publicada con el número XXII J/12, en la página 295, del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Y de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Al tener a la vista, el juicio de amparo 1061/2019-I, del índice estadístico de este juzgado, se evidencia que el catorce de agosto de dos mil diecinueve Arturo Rodríguez Azueta promovió juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "1. Inconstitucionalidad del oficio SPPA/4487/2019 emitido por la Lic. Rosa Carolina Durán Romero, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación y Encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México, el cual fue notificado como presenta respuesta al escrito de petición de 25 de junio de 2019 presentado al Lic. Raciel López Salazar en su carácter de Delegado en el Estado de México de la Fiscalía General de la República. Lic. Raciel López Salazar en su carácter de Delegado en el Estado de México de la Fiscalía General de la República, como autoridad responsable del escrito de petición que le fue presentado el 25 de junio de 2019. Lic. Rosa Carolina Durán Romero, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación y Encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México. 2. Inconstitucionalidad del oficio 36/2019 emitido de manera conjunta por: Lic. César Meneses Padilla en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Lic. Daniela Gómez Ávila, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Lic. Gumercinda Aguilar Sánchez, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Lic. J. Jesús Arellano Plata, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Asimismo, por auto de esta misma fecha, se admitió dicha demanda de amparo; por lo que resulta evidente que en el juicio de amparo en que se actúa, existe litispendencia con el diverso 1061/2019-I, del índice estadístico de este juzgado, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso Arturo Rodríguez Azueta, contra las mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados. Por ende, en el presente asunto 1062/2019-II, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el quejoso se duele en ambos juicios de idénticos actos y autoridades. En efecto, la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Apoya a lo anterior, su idea jurídica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 265, libro 5, Abril de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo sirve de apoyo, por analogía a lo anterior, la tesis visible en la página 566, Tomo VI.2º.121 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTICULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El Juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la Ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." En el mismo sentido, la tesis visible en la página 312, Tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con el texto: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Considerar lo contrario, sería como darle una segunda oportunidad de reclamar dos veces el mismo acto reclamado, aunque se hagan valer violaciones procesales distintas, pues así lo establece la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en ese contexto se trastocaría el principio de cosa juzgada, la cual es una institución procesal fundamental del sistema jurídico mexicano que concreta un derecho de seguridad jurídica que es a su vez uno de los objetos que justifica la existencia del Estado. Al lado de la justicia, este derecho permite que la solución jurisdiccional a través de la sentencia que se pronuncia en un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, vincule a las partes respecto de un litigio, sobre principios de imparcialidad, completitud y eficacia. En ese sentido, es necesario que la sentencia que ha causado estado conserve la calidad de inmutabilidad e inalterabilidad en cuanto a los hechos juzgados, puesto que la existencia de la obligación sobre los hechos probados en juicio ya no podrían juzgarse en un segundo juicio, porque con pretender lo contrario, y provocaría la inseguridad jurídica, con absoluta falta de certeza y confianza en las instituciones. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, de la Ley citada, procede desechar de plano la demanda promovida por Arturo Rodríguez Azueta, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" del Estado de México y otras autoridades;. Domicilio. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona a la Secretaria del Juzgado para que autorice el nombre del usuario "arroaz", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, téngase por autorizado al quejoso para oír y recibir notificaciones, así como para la consulta vía internet del citado expediente, con el nombre de usuario que refiere. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso, en los términos precisados en el presente auto.
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