Arturo Rodriguez Azueta
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- Arturo Rodriguez Azueta
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
EN ATENCION AL AVISO DE CUATRO DE MARZO ULTIMO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE FEBRERO ULTIMO; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por *****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 280/2019-II-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante el Gobernador Constitucional del Estado de México, el ocho de febrero de dos mil diecinueve. En ese tenor, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ------------------------I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no aLafecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Ahora, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones y omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso; la capacidad de ser parte, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones u omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de un plazo razonable. Atento lo anterior, debe de precisarse que el numeral 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece: "Articulo 135. Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder del Estado, los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán de ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación..." Por lo tanto, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable, cuya instancia fue recepcionada el ocho de febrero del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el veintiocho de los cursantes en la oficialía de parte de este juzgado, esto es, catorce días hábiles desde su promoción; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido en plazo de quince días que establece el numeral 135 del Código invocado, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la responsable se encuentra dentro del lapso antes indicado para dar respuesta al solicitante de amparo. Por lo que, en virtud de que el acto reclamado no viola en modo alguno los derechos fundamentales de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, aplicado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por cuanto a la consulta y notificación de forma electrónica en los autos del presente sumario, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombre de usuario arroaz; en virtud de que el usuario que proporcionó en su escrito de demanda se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. ESCRITO Intégrese el escrito signado por la parte quejosa Yuridia Arizmendi Calderón, a través del cual amplía la demanda de amparo por la autoridad responsable siguiente: Contraloría Interna del Instituto Materno Infantil del Estado de México. AMPLIACIÓN DE DEMANDA Atento a ello, con apoyo en el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con fundamento en los artículos 1, fracción I, 111 y 115 del ordenamiento mencionado en segundo término, se admite la ampliación de demanda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. INCIDENTE Por no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención a la Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple del ocurso que se provee. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de los justiciables, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ". Finalmente, a efecto de dar tiempo a que sea recibido el informe de la responsable antes citada, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.
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