Arturo Rodríguez Azueta

Expediente 1/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Arturo Rodríguez Azueta

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite las copias certificadas del expediente en que se actúa y el testimonio de la resolución pronunciada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, en la queja 8/2019, en treinta y cinco fojas útiles, cuyo punto resolutivo es: "UNICO. En lo que fue materia de la controversia, es infundado el recurso de queja." Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor y procédase a la destrucción de las copias certificadas remitidas por la oficiante, al no ser necesario que obren agregadas a este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como un asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos la determinación de cuenta, por medio de la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informa a este órgano jurisdiccional que el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el medio de impugnación relativo al recurso de queja hecho valer por la parte quejosa y que registrara bajo el número 8/2019, de su índice estadístico; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de tres de los cursantes (fojas 20 a 32). En ese sentido, se tiene por presentado el medio de impugnación hecho valer. En consecuencia, visto el estado procesal que tiene el presente juicio en que se actúa, del que se advierte que está debidamente integrado; esto es, obra agregada la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto impugnado; asimismo, atendiendo a que el auto que se impugna es el que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario y por lo tanto, no existe diversa parte a la cual notificar la interposición del recurso de que se trata remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Turno, copia certificada de la demanda de amparo promovida por el ocursante, así como de todo lo actuado en el presente juicio de amparo 1/2019-II. Asimismo, envíese el original y copia del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Ríndase el informe justificado relativo, en el sentido de ser cierto el acto impugnado.

  4. Principal

    RADICACIÓN. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la demanda promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXX, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1/2019-II. Fijación del acto reclamado. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. El oficio DGJC/DCA/233211001/4849/2018, suscrito por el Director General Jurídico y Consultivo del Gobierno del Estado de México, la cual fue emitida a consecuencia de la petición hecha por el quejoso mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 315/2018-II del índice del este juzgado; 2. La inconstitucionalidad del artículo 38 Ter, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; y, 3. La inconstitucionalidad del artículo 6°, fracción VIII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México. Desechamiento de demanda. Atento a lo anterior, por lo que hace al acto reclamado señalado con el numeral 1, este juzgado de oficio, advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo y atento a las siguientes consideraciones. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En ese contexto, del contenido del numeral 113 de la ley de la materia, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. Ello, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, para acreditar la eficacia jurídica de la causa de improcedencia propuesta, es conveniente analizar el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por el propio ordenamiento legal, como cuando el acto reclamado adolezca de una absoluta fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis 2ª. LVI/2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en análisis, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia del país, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocarla, siempre que, como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En ese sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, el estudio integral de la demanda, revela que el promovente reclama básicamente el oficio DGJC/DCA/233211001/4849/2018, suscrito por el Director General Jurídico y Consultivo del Gobierno del Estado de México, la cual fue emitida a consecuencia de la petición hecha por el quejoso mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 315/2018-II del índice del este juzgado; en consecuencia, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la ley que regula el acto aquí reclamado. Al respecto, resulta pertinente mencionar el contenido de los artículos 186, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, que establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal. Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad". "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio". De los numerales transcritos, se concluye que el citado ordenamiento no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. En este contexto, resulta evidente que en el caso, no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, ya que el quejoso no agotó antes de promover el presente juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio de nulidad, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, ello es así, porque todos los actos y resoluciones impugnables a través del recurso administrativo de inconformidad, o juicio de nulidad, deben ser combatidos mediante éstos, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la ley de la materia. En ese contexto, se reitera, los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse antes de promover el juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Resulta aplicable, la jurisprudencia número PC.II.A. J/3 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el agraviado manifieste en su escrito de demanda, que la resolución reclamada, no está debidamente fundamentada, ya que la respuesta reclamada se fundamentó en el artículo 38 Ter, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y en el artículo 6°, fracción VIII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando en la demanda de amparo se aduce la carencia de fundamentación y motivación del acto reclamado no es menester agotar el principio de definitividad; sin embargo, esta excepción no opera cuando se alega que la fundamentación y motivación es indebida, tal y como ocurre en el presente caso; por tanto, en ese supuesto el quejoso debe combatir el acto reclamado a través del juicio o recurso ordinario, con la finalidad de revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 220, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro en el IUS 217867, Octava Época, del rubro siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. DICTADO CON INEXACTA O INDEBIDA FUNDAMENTACION, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." En conclusión si en la especie, el quejoso no acredita haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra del referido acto, el recurso administrativo de inconformidad, o juicio de nulidad, que contempla el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en consecuencia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por la parte promovente del amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. Por otra parte, aún y cuando el acto reclamado, le pueda causar daños de difícil reparación, ello no lo exime de agotar los recursos que tenga a su alcance para obtener la revocación o modificación del acto reclamado, ya que el principio de definitividad es de observancia obligatoria en el juicio de garantías, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda de garantías, el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir a solicitar la protección constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 765, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro manifiesta: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA." Mientras que respecto a los actos reclamados señalados en los numerales 2 y 3, se actualiza la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario, en razón a que no constituye el primer acto de aplicación. En efecto, los preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la legislación de la materia. En el referido numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que este medio extraordinario de defensa procede contra normas generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación causen un agravio al quejoso. Como es evidente, el presupuesto que permite analizar el aspecto sustantivo de una norma general es que efectivamente haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica positiva o negativamente, ya sea por su sola vigencia o que se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción. Sobre el particular, conviene mencionar que la porción normativa invocada distingue entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de derechos humanos y aquellas que para realizarlas requieren, además, de un acto posterior de aplicación; por tanto, esta distinción parte del momento en que se actualizan los efectos de la norma general. La actualización de la procedencia de la acción de amparo contra normas autoaplicativas, es decir, aquéllas cuyo mandamiento genera un perjuicio por su sola vigencia, precisa de que el particular se encuentre en la situación prevista en la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad o incluso, un acto voluntario del particular cuando la naturaleza de la ley lo permita. Entonces, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares que se trata de un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad o el propio gobernado para que tenga aquél carácter. Tal distinción de ordenamientos legales, de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma, por la naturaleza misma de los términos en que está concebida, no produce por sí sola un agravio, es lógico que contra ella sea improcedente el ejercicio de la acción de amparo, ya que en esta hipótesis permanece ausente su causa próxima; en otras palabras, la presencia del perjuicio o daño individual concreto y directo, que deben legitimar al gobernado para ejercitar la acción constitucional. Por tanto, es posible deducir que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente forma: 1. Leyes autoaplicativas: Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Estas leyes pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días, siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la legislación en comento. 2. Leyes heteroaplicativas: Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación de conformidad con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia; esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de su tercera o ulteriores aplicaciones. En el caso, el quejoso reclama: 1. Del Poder Legislativo, Gobernador, Secretario General y Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno", todos del Estado de México: - La inconstitucionalidad del artículo 38 Ter, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 2. Del Gobernador, Secretario General y Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno", todos del Estado de México: - La inconstitucionalidad del artículo 6°, fracción VIII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México. Por otra parte, de la consulta a la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se invocan como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del código procesal invocado; se advierte que en los Juzgados Cuarto y Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, existen los juicios de amparo indirectos 47/2018-V y 351/2017, y que en tales juicios el quejoso XXXXXXXXXXXXXXX, reclamó la omisión del Gobernador del Estado de México de contestar el escrito de ocho de enero de este año y de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete; que al rendir sus respectivos informes justificados dicha autoridad, adujo que mediante oficios SJDH/039/2018 de diecisiete de enero de dos mil dieciocho y SJDH/023/2018 de once de enero de dos mil dieciocho, signados por el Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, se contestaron los escritos del quejoso, en los que, con apoyo, entre otros, los artículos 38 Ter, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 6°, fracción VIII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, se contestó su petición. Asimismo, con esa misma calidad de hecho notorio, al tratarse de un asunto cuya tramitación corresponde a este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que los hechos notorios pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados por las partes; por tanto, téngase dicho expediente a la vista al momento de emitirse la presente determinación, del juicio de amparo indirecto 315/2018, del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso reclamó el oficio SJDH/072/2018, de uno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario de Justicia y Derechos Humanos de Gobierno del Estado de México, por el cual se contestó una solicitud planteada por el amparista, en el que, con apoyo en los artículos 38 Ter, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 6°, fracción VIII del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, basó su contestación. En ese sentido, se considera que dicha norma no se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, sino de uno ulterior, pues, como se expuso al quejoso ya le habían sido aplicados los preceptos que por esta vía constitucional cuestiona, lo que se corrobora con los oficios SJDH/039/2018 de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, SJDH/023/2018 de once de enero de dos mil dieciocho y SJDH/072/2018 de uno de febrero de dos mil dieciocho, todos signados por el Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, mediante los cuales se contestó sus escritos de ocho del enero de dos mil dieciocho, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete y diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Se concluye lo anterior, pues las contestaciones que en su oportunidad se emitieron en relación con los escritos citados -materia de la Litis en aquellos juicios, como la que constituye el acto reclamado en el presente asunto, se refieren al mismo asunto, dicho de otra forma, a cuestiones relacionadas con la solicitud del pago de indemnización derivada de la afectación a un inmueble propiedad del ahora quejoso y de XXXXXXXXXXXX, con motivo de la construcción del "Libramiento Sur de Metepec" y aun cuando la contestación acontecida en aquel sumario no deriva de un procedimiento en forma, se reitera, ambas contestaciones se relacionan con el mismo asunto. Así, es menester puntualizar que la norma impugnada por la parte quejosa es de naturaleza heteroaplicativa, lo que conlleva a la existencia necesaria de un acto de aplicación para que se produzca el agravio personal y directo que afecte a un gobernado para que éste se encuentre en aptitud de combatirla. De ese modo, es indudable que la aplicación de los preceptos que cuestiona el quejoso, no constituyen el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, sino uno ulterior, ya que previo a ello se emitió la contestación contenida en los oficios SJDH/039/2018 de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, SJDH/023/2018 de once de enero de dos mil dieciocho y SJDH/072/2018 de uno de febrero de dos mil dieciocho, signados por el Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, en el que se aplicaron dichos dispositivos y que como se expuso, tanto la contestación combatida en aquellos juicios 47/2018-V, 351/2017 y 315/2018-II, como la que se emitió en el presente, se refieren a cuestiones relacionadas con el mismo asunto que señala el quejoso en dichos ocursos. De ahí, que con el referido tercero o ulterior acto de aplicación no se modifica o crea una nueva situación jurídica distinta a la generada con el primero y, por ende, el quejoso no está legitimado para controvertir la norma referida por medio del juicio de amparo. Lo anterior, se determinó en el juicio de amparo 315/2018-II, del índice de este Juzgado, mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, misma que fue confirmada por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, por ejecutoria de veinticinco de octubre del año en curso, en autos del recurso de revisión 236/2018. Por tanto, si el acto de aplicación por el cual acude el quejoso a reclamar la constitucionalidad de la norma apuntada en esta instancia constitucional no es el primero que irrumpió en su esfera jurídica, sino el tercero o uno ulterior, se surte el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción XI y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno citado, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Así como la tesis: IV.1o.A.7 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que es del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA QUE PROCEDA TRATÁNDOSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, SE REQUIERE DE LA MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL PRIMERO O LA CREACIÓN DE UNA NUEVA. En términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, cuando se pretende impugnar una ley con el carácter de heteroaplicativa, solamente procederá la acción constitucional con motivo de su aplicación, lo que significa que únicamente es factible controvertir la ley cuando ésta se actualice, y no en relación con el segundo o posterior acto de molestia, a menos que los restantes se funden en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto, sólo atañe a dicho acto y no a la ley; en tal virtud, cuando se intenta combatir una norma jurídica a través de la repetición del primer acto de aplicación o de uno relacionado con éste, pero no se modifica o crea una nueva situación jurídica distinta a la generada con el primero, es evidente, que sólo se está en presencia de uno relacionado con éste, lo cual no legitima al quejoso para controvertirlo a través del juicio de garantías." Sin que pase inadvertido para este juzgado, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, traería mayores perjuicios a la parte quejosa, el hecho de que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, mediante sentencia se alcanzará la misma conclusión ahora formulada; por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta de mayor beneficio para los recurrentes de amparo, que tengan conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, en virtud de que esto les permite acudir oportunamente a los tribunales ordinarios hacer valer sus derechos. DOMICILIO PROCESAL. Por lo que hace a la autorización para la consulta del expediente electrónico, acuérdese de conformidad su petición toda vez que se encuentra ajustada a derecho en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta del presente expediente y se le realicen las notificaciones aun las que deban ser con el carácter de personal, por la misma vía, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágase saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Aunado a que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 6 Constitucional toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este Órgano jurisdiccional.

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