Arturo Rocha Benitez

Expediente 979/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
979/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Arturo Rocha Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    II...C. A... Téngase recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del presente asunto. Atento a lo anterior y vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este cuaderno de antecedentes no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por tanto, se ordena su archivo definitivo; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno. ...este expediente se considera susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    II... Téngase recibido el escrito presentado por Guadalupe ..., defensora pública del quejoso, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado en autos. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del escrito con folio 217, por el que el quejoso aclaró su demanda; ello hasta en tanto su defensora se impusiera de autos y tuviera comunicación con él a efecto de que manifestara lo que a los intereses del quejoso conviniera; lo cual ha acontecido. En ese orden, visto nuevamente el escrito señalado con antelación, el de cuenta; así como la demanda promovida por Arturo ... por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades y; en razón de que la competencia es una cuestión de previo pronunciamiento, pues de lo contrario las actuaciones que se desarrollaran en un juicio podrían ser anuladas al proveerse por una autoridad que legalmente no estaba facultada para conocer y resolver el asunto sometido, se procede a su análisis.... Así, del análisis sistemático de la demanda de amparo, en particular de los capítulos en que se señalaron los actos reclamados y el relativo a los antecedentes de éstos y de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó de la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba Tepachico, Estado de México, el beneficio preliberatorio consistente en la remisión parcial de la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, petición que fue desestimada por dicha autoridad mediante resolución cuya fecha de emisión manifestó desconocer el quejoso, y que señala le fue notificada el quince de noviembre de ese año; ello bajo el argumento de que existe restricción jurídica de conformidad con la normatividad cuya inconstitucionalidad reclama en esta vía. Luego, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, interpuso recurso de apelación contra la determinación que le fue notificada el quince de noviembre de dos mil diecinueve; el cual se tuvo por inadmitido en auto de dieciocho de ese mes y año, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Texcoco, la cual se notificó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Sobre esa base, se estima que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo..., Ahora, como ya se adelantó, el quejoso reclama la determinación pronunciada por el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba Tepachico, en el Estado de México, por la que le negó el beneficio preliberacional que solicitó, en virtud que la Ley cuya inconstitucionalidad reclama en esta vía no prevé la procedencia de su solicitud; asimismo, combate el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por el que los Magistrados Integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México; inadmitieron el recurso de apelación que interpuso contra la determinación del juez señalado; así como la notificación de éste que se le practicó. Asimismo, señala como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad del Decreto y Acuerdo por medio del cual se abrogó la Ley de Penas Privativas y Restrictivas de la libertad, del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el once de agosto de dos mil cuatro; y como acto de aplicación de esa norma la determinación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la cual, según manifestó bajo protesta de decir verdad, de forma verbal, se le negó el beneficio preliberatorio que solicitó. En ese sentido, para determinar al órgano competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse en principio si los actos reclamados tienen ejecución material o no, por lo cual debe atenderse no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados y a los preceptos constitucionales invocados, sino también a los antecedentes del caso y, preponderantemente a la ejecución de los actos, dato que resulta de suma importancia, ya que es la ejecución del acto en cualquiera de sus etapas: que vaya a ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, en la jurisdicción de un Juez, la que debe tomarse en consideración para fijar la competencia.... En ese sentido, se debe atender ejecución material, como criterio para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, en ese orden, la expresión -contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo- debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o cuando sus efectos conlleven a esa situación. Así, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que el acto tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por lo anteriormente señalado, si bien la parte quejosa señala diversos actos reclamados, se estima que estos se hacen descansar en la negativa de otorgarle el beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena, por ende, la consecuencia material de esos actos será que continúe privado de su libertad en el Centro de reclusión en el que actualmente se encuentra. De ahí, que se trata de actos negativos con un efecto positivo, consecuentemente ejecutables, lo que es importante, porque de no ser ejecutable, los actos reclamados se regirían por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo.... Por lo tanto, en el caso, la regla aplicable del artículo 37 de la Ley de Amparo, es la prevista en su primer párrafo; esto es, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.... De lo anterior se colige que el primer acto de aplicación de la ley reclamada, se verificó o tuvo lugar en Otumba, Estado de México, elemento por el que también se estima que la competencia territorial para conocer del juicio de amparo corresponde al juez que ejerce jurisdicción en esa localidad, pues admitirlo de otra manera, equivaldría dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia. En tal circunstancia, se concluye que para efectos de vinculación del quejoso al cumplimiento de la ley que reclama como inconstitucional, es el de precisamente en el lugar en el que deba acatar la normatividad reclamada, pues ahí tuvo ejecución el acto de aplicación. Aunado a que las autoridades responsables que conocen de la ejecución de la pena privativa de libertad del quejoso -Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba y Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, se ubican dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por tanto, la ejecución material de los actos combatidos ocurren simultáneamente en el mismo ámbito territorial.... Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 concerniente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda debiéndose remitir el original del juicio de amparo 779/2020-II, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, fin de que determine si acepta o no la competencia declinada para conocer de la demanda, y lo informe a este órgano de control constitucional. Con copia de la demanda de amparo y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico en el Estado de México y el mismo está fuera de la jurisdicción de este juzgado, en términos de los diversos 26, inciso c), y 27, fracción II, de la citada legislación; 298, 299 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda se constituya en dicho Centro Penitenciario y le notifique la presente determinación al quejoso Arturo ...

  3. Principal

    II.,.. Visto el escrito signado por la defensora del quejoso, se le tiene informando que se designó el pasado doce de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera comunicación con el quejoso. En tales condiciones, hágase de su conocimiento que el plazo concedido en auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para desahogar la prevención efectuada transcurrirá a partir del día de la fecha, ello en atención a lo señalado en el acuerdo de mérito. En el entendido que de no hacerlo, subsiste el apercibimiento decretado en el auto señalado.

  4. Principal

    II... Visto el estado procesal de autos se advierte que la defensora del quejoso no ha informado el resultado de la videoconferencia que solicitó a efecto de que tener comunicación con el quejoso, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérasele para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, informe el resultado de aquella. Apercibida ...

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