Arturo Reyes Gomez
Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Reyes Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 419/2023, promovido por Arturo Reyes Gómez por conducto de Graciela López Padilla, Defensora Pública Federal Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán con sede en Morelia; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 3-10), a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Arturo Reyes Gómez por conducto de Graciela López Padilla, Defensora Pública Federal Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y del Director del Órgano Administrativo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, 73, 107 fracción I, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 419/2023; en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, la admitió (foja 11); solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento carácter de tercero. En auto de diecinueve de abril de mil veintitrés (foja 32), se reconoció el carácter de terceras interesadas a Blanca Yadira Solís Rosas y Karla Ávila Sereno, agentes del ministerio público federal y se ordenó su emplazamiento. Cuarto. Requerimiento a juez responsable y a defensora pública federal. En auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado solicitó al juez responsable remitiera copias autentificadas de las documentales que acreditaran la capacidad técnica de quien fungió como defensora pública federal del quejoso, así como las que permitieran identificar a la persona a favor de la cual fue expedida la cédula profesional. Asimismo, requirió a la defensora pública federal Graciela López Padilla, presentara en este órgano de control constitucional su cédula profesional original así como su credencial de elector u otra identificación oficial vigentes. Quinto. Carácter tercera interesada. En auto de doce de junio de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a Lizbeth García Cruz, en cuanto Asesora de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Sexto. Autoridad informa dejó sin efectos la medida cautelar de internamiento. Mediante oficio SIJPA/311/2023, recibido en este juzgado el treinta de junio del año en curso, el juez responsable informó: "En cumplimiento a la determinación emitida en la audiencia de esta misma fecha en el proceso que se indica al rubro, le informo que se dejó sin efecto la medida cautelar de internamiento preventivo al adolescente Arturo Reyes Gómez, sin que hubiera lugar a imponerle una diversa, dado que no hubo petición del ministerio público al respecto. Por ende, queda sin efectos la medida cautelar de internamiento preventivo que venía cumpliendo el adolescente de referencia y en consecuencia se ordena la inmediata libertad del adolescente Arturo Reyes Gómez". Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a los criterios transcritos así como a la lectura integral de la demanda de amparo, los actos reclamados por el quejoso son: Al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes: La calificación de legal de su detención, realizada en la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 23/2023. El auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, que se llevó a cabo en la causa penal 23/2023 seguida en su contra y de otros, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; posesión de cartuchos para armas del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; y, posesión de cargadores del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, todos en agravio de la sociedad. Imposición de medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Integración para Adolescentes. Al Director del Órgano Administrativo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: La ejecución de la medida cautelar de internamiento preventivo. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos atribuidos por el quejoso (foja 25). Por su parte, el Director del Órgano Administrativo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al rendir su informe omitió pronunciarse sobre certeza o inexistencia del acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, ya que manifestó -entre otras cosas- "esta autoridad que represento se encuentra en este momento ejecutando la medida de internamiento preventivo" (foja 36). Certeza que se corrobora con el disco versátil digital que contiene la resolución impugnada así como copia de la causa penal de donde emana el acto reclamado; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, registro 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducentes es analizar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En esas condiciones, este juzgador advierte de oficio, que en relación con los actos consistentes en la imposición de medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Integración para Adolescentes y su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traer a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso reclamó entre otros actos, los siguientes: Al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes: Imposición de medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Integración para Adolescentes. Al Director del Órgano Administrativo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: La ejecución de la medida cautelar de internamiento preventivo. Mediante oficio SIJPA/311/2023, recibido en este juzgado el treinta de junio del año en curso, el juez responsable informó: "En cumplimiento a la determinación emitida en la audiencia de esta misma fecha en el proceso que se indica al rubro, le informo que se dejó sin efecto la medida cautelar de internamiento preventivo al adolescente Arturo Reyes Gómez, sin que hubiera lugar a imponerle una diversa, dado que no hubo petición del ministerio público al respecto. Por ende, queda sin efectos la medida cautelar de internamiento preventivo que venía cumpliendo el adolescente de referencia y en consecuencia se ordena la inmediata libertad del adolescente Arturo Reyes Gómez". De modo que, al haber dejado sin efectos la medida cautelar de internamiento preventivo que venía cumpliendo el adolescente quejoso, al haber ordenado su inmediata libertad y no haberse impuesto una diversa, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la imposición de medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Integración para Adolescentes y su ejecución. En esa virtud, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no acreditó encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no probó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso no reclama una norma, sino la calificación de legal de su detención así como el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, lo que evidentemente afecta su interés jurídico. Ahora bien, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a estudiar los conceptos de violación, es necesario recordar que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: La calificación de legal de detención, realizada en la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, que se llevó a cabo en la causa penal 23/2023. El auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, que se llevó a cabo en la causa penal 23/2023 seguida en su contra y de otros, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; posesión de cartuchos para armas del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y posesión de cargadores del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, todos en agravio de la sociedad. Por tanto este juzgador analizará en primer lugar la calificación de legal de la detención y en segundo, el auto de vinculación a proceso. Calificación de legal de la detención. Antes de analizar dicho acto, se estima necesario citar el marco normativo correspondiente. En ese sentido, debe traerse a glosa el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley." "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización." "Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables." Así, el control de la detención en términos de los preceptos procesales transcritos, tiene como propósito que el Juez verifique si la privación de la libertad del imputado se llevó a cabo cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, de no considerarlo así, el juzgador puede decidir no ratificarla y ordenar la inmediata libertad del imputado. Sobre dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada 1a. XXV/2016 (10a.), registro digital 2010963, de rubro y texto: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se remitió a las consideraciones que emitió al resolver el juicio de amparo directo 14/2011 de su índice, en donde analizó los supuestos en los que resulta válido detener a una persona, es decir, privarla de su libertad deambulatoria, a fin de someterla a cualquier clase de indagatoria y analizó el significado constitucional de las detenciones no autorizadas judicialmente, entre ellas, la acontecida en el supuesto de flagrancia. En dicho juicio de amparo directo, la Primera Sala señaló que el artículo 16 constitucional contiene un régimen general de libertades en favor de la persona, entre las cuales está el derecho a la libertad personal; régimen que se traduce -puntualizó- en dos distintas formas de proteger ese derecho al ponderar que debe tomarse en consideración en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones. Lo anterior obedece -precisó- a que la pretensión que subyace al hecho de que las limitaciones estén establecidas en la Constitución, es que funcionen como garantías de legalidad en favor de la persona, pues ordenan al Estado a que ciña su actuar a las atribuciones ahí establecidas; es decir, el Estado no puede limitar tales derechos en supuestos distintos a los previstos por la propia Constitución. Así, la referida Sala destacó que en materia de libertad personal, la norma fundamental delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación (la orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente); así como las formalidades que al efecto se prevén en el artículo 16 de la Constitución Federal. Con base en el texto constitucional, la mencionada Sala puntualizó que, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión y que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales; el primero porque, para su configuración se requiere que, de facto, ocurra una situación particular y atípica; el segundo porque también requiere la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario implicadas en la expresión "ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia". Además, determinó que el análisis de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones; es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un Juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo, cumple con las formalidades requeridas por la Constitución. Sin embargo, esa regla primaria no tiene posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el caso de detenciones en flagrancia. Respecto de la connotación de un delito flagrante, la Primera Sala explicó que por tal debe entenderse ".el que brilla a todas luces. Es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley. Para reconocerlo no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor.". En ese contexto, la Sala razonó que la flagrancia siempre es una condición que se configura a la detención, lo cual implica -dijo- que la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo, así como tampoco podía detener para investigar. En ese orden, la multicitada Sala concluyó que tratándose de delitos permanentes, la anterior precisión era especialmente importante, ya que si la persona no era sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no resultaba admisible que la autoridad aprehensora detuviera al inculpado y después intentara justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras cometía el delito. Además, destacó que la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia de una persona, no era una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto "flagrancia", puesto que ésta siempre tiene implícito un elemento sorpresa (tanto para los particulares que son testigos como para la autoridad aprehensora); de ahí que cuando no existiera ese elemento sorpresa, porque ya se hubiere iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona, la detención requería estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que para que la detención en flagrancia pueda ser válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. En adición a ello, la Primera Sala, precisó que ante la intención intrínseca de que la figura de detención en el supuesto de flagrancia, era favorecer el derecho a la libertad personal, motivo por el cual el control judicial ex post a la privación de la libertad en flagrancia debía ser especialmente cuidadoso, en la medida de que el Juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran en su momento identificar con certeza a la persona acusada; debiendo evaluar también el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y precisión de aquellos datos. Lo anterior, permitió a la Sala razonar que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la aprehensión debe poderla defender ante el juez; habida cuenta que el principio de presunción de inocencia se proyecta hasta esta etapa del proceso (hasta la detención) y, por tanto, quien afirma que la persona aprehendida fue sorprendida en flagrancia, tiene la carga de la prueba. De ahí que -concluyó- el examen posterior a la detención sea de suma importancia, pues el descubrimiento de que se está ante una situación de ilegal privación de la libertad, debía desencadenar la exigencia de responsabilidad que jurídicamente correspondieran. Ahora bien, en atención a lo establecido en los preceptos transcritos en párrafos precedentes, así como a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que las detenciones en flagrancia deberán considerarse válidas, cuando se den en los supuestos siguientes: I. Si la autoridad aprehensora observa directamente la acción que está cometiendo en ese momento por el aparente autor del delito (iter criminis). II. Cuando el aparente autor del delito es detenido inmediatamente después de cometer el ilícito, lo cual puede actualizarse cuando: a) Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente. b) Sea señalado por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo; ello sin interrumpirse su búsqueda o localización. Asimismo, debe precisarse el momento en que debe calificarse la detención, esto es, en la audiencia inicial. Ello, de conformidad con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables". En la citada audiencia inicial, la autoridad judicial deberá cumplir con los requisitos siguientes: Informarle sus derechos. Preguntar al detenido si cuenta con un defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre a uno público. Le hará saber que tiene derecho a ofrecer medios de prueba y a acceder a los registros de la investigación. Luego el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención. Finalmente, el o la Juez deberá calificar la detención, examinar el cumplimiento del plazo constitucional de la retención y los requisitos de procedibilidad. Así las cosas, como lo aseveró el Juez de Control, la detención del imputado, aquí quejoso Arturo Reyes Gómez, fue legal, toda vez que se llevó a cabo en la hipótesis de flagrancia delictiva a que se refieren los artículos 16 constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber sido detenido en el momento de estar cometiendo un delito. Ahora bien, del disco óptico que remitió que la responsable y que contiene la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que a las trece horas con treinta y dos minutos de la fecha referida comenzó la audiencia inicial en la causa penal 23/2023 del índice del Juzgado de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán. A la referida audiencia asistieron dos agentes del Ministerio Público de la Federación [Karla Ávila Sereno y Noemí Yuritzi Lara Murillo, el inculpado [Arturo Reyes Gómez], la Defensora Pública Federal [Graciela López Padilla] y la representante de la PPNNA [Elitania Mota Martínez]. Una vez que se inició, las partes se identificaron y el juez les preguntó que si estaban registradas, a lo que adujeron que sí. Se advierte que el juez preguntó al inculpado si se le habían informado sus derechos antes de acudir a la audiencia, a lo que el quejoso adujo que sí [minuto 01:57]. Asimismo, le preguntó si era su deseo designar a la profesionista Graciela Lópéz Padilla como su defensora en la audiencia a lo que contestó afirmativamente [minuto 02:10]. Luego se le concedió el uso de la voz al fiscal, quien solicitó que se calificara de legal la detención de los investigados. Al respecto, la agente del Ministerio Público de la Federación, manifestó [minuto 06:08]: "[.] La detención del adolescente Arturo se efectuó bajo el supuesto del numeral 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 129 de la Ley Nacional del Sistema Integral. Esto es, señoría, que el menor fue sorprendido cometiendo un delito de manera flagrante. Esta representación social de la Federación expondrá y justificará la detención del adolescente. Señalando las circunstancias como a continuación se manifiesta: "Que siendo aproximadamente las 15:00 horas del día 11 de marzo del 2023, David Alejandro Godínez Cornejo, Salvador Vélez Sánchez, Rafael Ruiz Quiroz, Luis Ángel Pastor Hernández y María Griselda Luna Sánchez, todos ellos elementos de la Guardia Civil adscritos a la comisaría región Apatzingán, realizaban recorridos de prevención y vigilancia a bordo de la unidad marcada como Número 193936, esta patrulla pertenece a guardia civil. Este recorrido se llevó a cabo en coordinación con el soldado de Infantería José Rubén Morales Rodríguez, elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y quien viajaba a bordo de una unidad propia de esa institución con número ero económico 083 0324. Viajando primeramente la patrulla de guardia civil y posteriormente la de Guardia Nacional sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la localidad Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Este camino conduce de Felipe Carrillo puerto hacia otro lugar conocido como corralito. Los elementos aprehensores, al mirar hacia la izquierda sobre el otro camino de terracería, en el cual solo pueden circular dos vehículos de diferentes sentidos, esto por el espacio tan corto de que se trata, se trata de un camino angosto, observando ellos que aproximadamente a 30 metros de distancia estaba detenido a la orilla del camino y debajo de la sombra de un árbol, un vehículo. Este vehículo es de la marca tipo pick up, color azul, el cual tenía los vidrios oscuros. Lo cual impedía la visibilidad a los elementos aprehensores en el interior de dicho vehículo. Este vehículo se encontraba estacionado en dirección contraria, hacia la cual ellos circulaban, es decir, lo observaron de frente, mismo vehículo que tenía el motor en marcha y al ser un lugar inusual para que un vehículo se encontrara estacionado en ese lugar, esto por la alta peligrosidad que prevalece en esa zona debido a la frecuente presencia de civiles armados, es que los elementos aceleraron la marcha de sus unidades y al detener la marcha justo en frente del vehículo, en ese momento los tripulantes de la camioneta Pickup bajan las ventanillas, observando que era tripulado por 5 personas, las cuales bajaron sus manos por las ventanillas y gritaron, estamos armados, estamos armados y le abren las puertas. Por lo que estado en las coordenadas 19.14 1489 menos 102.72 5190, los aprehensores descendieron de sus unidades con todas las medidas de seguridad, por lo que el soldado de Infantería José Rubén Morales Rodríguez se aproximó a la puerta del conductor de la camioneta pickup, observando que en el asiento del conductor se encuentra él sentado y con las manos arriba en la cabeza y una persona del sexo masculino, identificándose plenamente el elemento del ejército mexicano le ordenó a esta persona que descendiera del vehículo. Esta persona acató la instrucción, él desciende de manera voluntaria y es cuando en ese momento el elemento observa que en el interior del vehículo había 5 personas, además armas largas, cargadores y cartuchos. Una vez que el masculino del vehículo desciende, siendo aproximadamente las 15:05, le realizó una inspección a quien dijo llamarse José Luis Campos Barrios y manifestó que tiene 40 años de edad aquí en ese momento se le realiza la inspección y no se le encontró objeto ilícito alguno, sin embargo, procedió a custodiarlo. El elemento, David Alejandro Godínez Cornejo se acercó hacia el lado del copiloto del vehículo. Una persona de sexo masculino se encontraba sentada, este elemento le ordena que baje del vehículo y una vez que atiende a esta instrucción, le solicita una inspección en su persona. Siendo aproximadamente las quince horas con quince minutos, revisando a Misael Coria Pimentel, quien dijo tener 28 años de edad y en el momento de la inspección no se le localizó objeto ilícito, procediendo este elemento a custodiarla. El elemento Salvador de los Santos, se aproximó al vehículo en la puerta trasera del lado izquierdo del vehículo, observando que en el asiento trasero del asiento del conductor se encontraba sentado una persona. Igual le solicita que descienda para realizarle una inspección. Este elemento realiza una inspección a Yael André Rosales García, quien dijo tener 20 años en ese momento de la inspección no se localizó objeto ilícito. Y la inspección se realizó a las quince horas con cinco minutos, el elemento Rafael Ruiz Quiroz está próximo a la puerta trasera del lado izquierdo del vehículo, observó que en el asiento trasero en la parte media de dicho asiento, se encontraba una persona del sexo masculino una vez que se identifica con él, le solicita que descienda del vehículo para realizarle una inspección. Así lo hace a las 15:05 horas a Marco Antonio Avilés Ventura, quien dijo tener 30 años de edad en ese momento no se lo encontró objeto ilícito. El elemento Luis Ángel Pastor Hernández se aproximó a la puerta trasera del lado derecho del vehículo, observando que en el asiento trasero, detrás del asiento del copiloto, se encontraba una persona sentada, esta persona del sexo masculino, por lo que una vez que el elemento se identifica con él, le solicita que le realice una inspección. Accede Arturo Gómez Reyes a las 15:05 horas le realizan la inspección no le encuentran objeto ilícito. Sin embargo, portaba un chaleco balístico de color verde con café pixelado, con la leyenda guardia del 11. Este indicio es marcado como indicio número 1 y este chaleco lo portaba en el tórax. Por lo que el elemento María Griselda Luna Sánchez, aproximadamente a las quince horas. [Juez]: Primero le voy a pedir, a ver si puede ser más ágil con su exposición y segundo no sé qué tan necesario sea que me diga de todas las demás personas que detuvieron en esa fecha, cuando solamente vamos a revelar la cuestión de la detención del joven, yo no sé si sea tan importante como para que me esté diciendo toda esa información ¿de acuerdo?, pues a lo que me voy a enfocar para restablecer la calificación de la detención del joven. Analícelo, valórelo y si no es importante para que lo va a decir, pues la verdad es que omítalos, no le veo sentido que me diga de todas las personas que detuvieron cuando respecto del joven es lo único que vamos a calificar su detención. [M.P.] Me permite señalar, señoría, que el joven fue detenido con adultos. [Juez] No, sí me queda claro, le reitero, yo voy a calificar la detención del joven, lo demás no me interesa saber si los detuvieron, a qué hora los detuvieron, cómo los detuvieron. Le reitero, salvo que usted considere que sea estrictamente indispensable que me dé información, pues adelante pues la escucho, pero si no tienen ninguna relevancia respecto del control de detención del joven, pues yo no considero que sea necesario que me digas esos datos. Valore los requisitos valórelo si usted considera que aún así es necesario, pues adelante, pues la escucho, continúe. [M.P.] Gracias María Griselda Luna Sánchez siendo las 15:10 le realizó una inspección al vehículo tipo pick up, color azul, el cual arroja las siguientes características, vehículo de la marca Jack Línea Freeson de 8 tipo pick up, modelo 2021, con placas de circulación JX 32083 del Estado de Jalisco, al realizar los antecedentes arroja reporte de robo y encuentra entre el asiento del piloto y el portavasos del vehículo localizó un arma de fuego larga, fusil al parecer calibre 7.62 por 39 mm con un cargador y 30 cartuchos útiles del mismo calibre marcado como indicio número 2 la cual se encontraba con el cañón hacia abajo, entre el asiento del copiloto y el portavasos del vehículo se localizó un arma de fuego larga tipo fusil sin leyenda calibre 7.62, 39 mm con un cargador y 30 cartuchos del mismo calibre marcado como indicio número 3, la cual se encontraba con el cañón hacia abajo, en el asiento trasero del vehículo se localizó un arma de fuego tipo fusil, al parecer calibre .223 mm con un cargador y 30 cartuchos del mismo calibre, marcado como indicio número 4, en el mismo lugar se localizó un arma de fuego larga con la leyenda model 99 C 007 al parecer calibre 50, con un cartucho del mismo calibre marcado como indicio número 5. Sobre el piso del asiento trasero detrás del asiento del copiloto se localizaron 12 cargadores para armas de fuego con 30 cartuchos cada uno, un cargador con 40 cartuchos, un cargador con 50 cartuchos todos al parecer calibre 7.62 por 39 mm mercado como indicio número 6, 56 cartuchos útiles al parecer para armas de fuego calibre 7.62 por 39 mm marcado como indicio número 7. 4 cargadores con 8 cartuchos cada uno, al parecer por arma de fuego calibre 38 súper marcado como indicio número 8, 11 cartuchos útiles al parecer para arma de fuego calibre 38 súper, marcado como indicio número 9, 35 cartuchos útiles al parecer por arma de fuego calibre 2.23 mm marcado como indicio número 10, así como también se localizó sobre el piso del asiento trasero detrás del asiento del conductor 78 cartuchos útiles, al parecer, para armas de fuego calibre 50, marcado como indicio número 11, el cual es de tiro a tiro, así como 4 envoltorios de plástico conteniendo marihuana. Siendo todo lo que lo localizaron en el interior del vehículo. Por lo tanto, al preguntarles si contaban con algún permiso para portar armas de fuego, el adolescente le dijo que no, por lo que siendo las 15:00 con 15 minutos, le informaron que se encontraba formalmente detenido, siendo las 15:00 con 18 minutos le hicieron lectura de derechos a los que le asiste. Procediendo a asegurar el vehículo y trasladarlo a la fiscalía General de la República en Apatzingán, Michoacán, para realizar la puesta a disposición. Ahora bien, toda vez que el lugar de la detención se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con su sede en Apatzingán, con un tiempo aproximado de una hora con 15 minutos, arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Apatzingán, siendo aproximadamente las 16:35 horas, procediendo a realizar el informe policial homologado, el embalaje de indicios, la puesta a disposición correspondiente. Dejando a disposición de manera formal ante esta representación social de la federación al adolescente, a las 19:00 con 29 minutos del día 12 de marzo del 2023. Bajo la nomenclatura 491 y 400. Quiero precisar algo, señoría. [Juez]: Excelente [M.P.] Gracias. En Apatzingán inician la carpeta de investigación, el día 11 de marzo del 2023 a las 18:00 con 9 minutos bajo la nomenclatura con terminación 490/2023. Esta representación social de la Federación inició la carpeta de investigación el día 12 de marzo del 2023 a las 19:29 horas. Bajo ese contexto, me refiero a que la detención de los investigados se verificó el día 11 de marzo del 2023, aproximadamente las 15:15 horas. [Juez] Permítame tantito antes de que continúe. Regálame unas hojas, por favor que ya no tengo. Adelante [M.P.] La detención del adolescente se verificó el día 11 de marzo del 2023 a las 15:15 horas. La puesta a disposición fue ante la fiscalía de Apatzingán, el que fue a las 18 horas con 09 minutos del 11 de marzo. Esta representación internó al adolescente, a las 0:02 horas con 46 minutos del 13 de marzo y se puso al adolescente a disposición del juzgado especializado para adolescentes en el estado, a las 0:02 con 52 minutos de 13 de marzo. De tal suerte se advierte que esta fiscalía determinó la situación jurídica sin agotar las 36 horas señaladas por el artículo 126 y 130 de la ley nacional. Esto en virtud de que se tomó en cuenta la hora en la que se inició en la fiscalía de Apatzingán. Por tal motivo, señoría solicito, reitero que decrete de legal la detención del menor investigado, toda vez que fue detenido en flagrancia, por un hecho que la ley señala como delito. Es cuanto. [.]". Luego de escuchar lo anterior, el juez concedió la voz a la defensa del imputado para que manifestara lo que estimara procedente con relación a lo expuesto por la Fiscal. Respecto a lo cual la defensora pública adujo [minuto 23:47]: "[.] Con independencia de la narrativa expuesta por la agente del Ministerio Público de la Federación para justificar que la detención de mi representado se llevó en flagrancia y que es en base a ello, que solicita que usted califique de legal esa detención, es preciso señalar su señoría que como bien lo ha indicado la agente del Ministerio Público de la Federación, el adolescente fue inicialmente puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, junto con las personas adultas que fue detenido, al momento en que la agente del Ministerio Público de la Federación recibe esa puesta a disposición, dio inicio la carpeta de investigación, indica la Fiscal Federal a las 18 horas con 9 minutos del día 11 de marzo de 2023, al momento en que la agente del Ministerio Público de la Federación en Apatzingán, Michoacán, recibe este informe policial homologado, pues se adjunta a ese informe policial homologado, un certificado médico de fecha 11 de marzo del año 2023, suscrito por Jesús José Arreola Bastidas, que fue quien practicó el certificado al adolescente Arturo, de ese certificado, su señoría se advierte que se hizo constar que Arturo Reyes Gómez tenía una edad de 17 años. Su señoría, esta defensa pública federal considera que en el caso concreto se vulneraron en perjuicio de mi representado sus derechos fundamentales, esto en razón de que si al momento de que la agente del ministerio público federal en Apatzingán, al recibir la puesta a disposición suscrita por los primeros respondientes, se le adjuntó un certificado médico del que se advertía que Arturo Reyes Gómez tenía la edad de 17 años, pues el agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 y 8 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, debió presumir la minoría de edad, sin embargo, no fue así su señoría, en razón de que el adolescente en cuestión estuvo a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación hasta las 15:16 horas del día 12 de marzo del 2023 en que suscribió un oficio con terminación 300/2023 a través del cual solicitó al jefe regional de la Unidad Administrativa de la policía federal que designará personal que hicieran el traslado de las personas adultas detenidas, así como de Arturo Reyes Gómez, de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Apatzingán, hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, refirió el Fiscal Federal que este traslado lo solicitaba por cuestiones de seguridad, hasta en tanto los detenidos fueran puestos a disposición del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán, refiriendo la hora en que vencería el término constitucional. De este oficio se advierte su señoría que el día 12 de marzo el agente del Ministerio Público de la Federación ordenó el traslado del adolescente a la Fiscalía General de la República, desde el momento en que el adolescente fue puesto a disposición del fiscal en Apatzingán, Michoacán, hasta el día 12 de marzo, en que la abogada la fiscal Karla, que se encuentra aquí presente, recibió, dictó un acuerdo de convalidación de actuaciones, pues, se puede advertir que este menor estuvo a disposición de un agente del ministerio público de la Federación que no cumplía el requisito de especialización, como se exige en la ley nacional del sistema de justicia integral para adolescentes. Y durante ese tiempo su señoría, pues el fiscal que no tenía esa especialización, realizó diversas actuaciones, entre ellas, dictó, el 11 de marzo, dictó un acuerdo de verificación de la flagrancia y retención, esto dentro de la carpeta de investigación que él inició con el número 490/2023. Y en ese acuerdo de retención, indicó, dice: Se decreta la retención ministerial de los imputados, hace referencia a los personas adultas, así como a Arturo Reyes Gómez e indica que se tendrían que realizar las gestiones necesarias para que los imputados sean resguardados y custodiados por los elementos de la policía federal ministerial en el área de detenidos, en esa sede ministerial en alguna institución de salud pública o privada y otras, y resuelve que los adultos entre los cuales se mencionaba al adolescente, fueron detenidos de manera legal, que por ello se ordenaba al encargado del área de separos de la policía federal ministerial resguardara y custodiara los imputados hasta en tanto se resolviera su situación jurídica. Considero su señoría pues que ahí sí ya se debía haber observado lo dispuesto en el artículo 7 y 8 para la comprobación de la edad del menor, pues ya se estaban ahí violentando derechos de este adolescente al haber ordenado que éste permaneciera en el área de separos cuando a criterio de las suscrita al advertir el agente del Ministerio Público de la Federación, que ya había un certificado médico donde se había hecho constar con un profesional de la salud, que la persona revisada, Arturo tenía 17 años, pues debió tomar las providencias necesarias para darle un trato como adolescente y hasta en tanto no se acreditara que éste no tenía 17 años o que no era adolescente, pues debió haberlo puesto a disposición del agente del Ministerio público de la federación especializado, lo cual no ocurrió. Y efectivamente, el adolescente permaneció en el área de retención, en la Fiscalía General de la República en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. También su señoría posteriormente, ya el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó, dentro de las actuaciones que se realizaron en la fiscalía de Apatzingán, Michoacán, pues con motivo de la puesta a disposición, se hizo la designación del defensor, quien aceptó y protestó el cargo para defender a los adultos y entre ellos, a Arturo Reyes Gómez, compareció un defensor particular para hacerse cargo de esas defensas. Fue hasta el día 12 de marzo del 2023, un día después de la detención, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó al coordinador de servicios periciales de la Fiscalía que emitiera un dictamen de edad clínica de Arturo Reyes Gómez, quien se encontraba en el área de separos de esa fiscalía General de la República. Y ese dictamen, efectivamente, pues fue rendido el día 12 de marzo por el doctor Andrés Aguilera Calixto perito médico oficial de la Fiscalía General de la República, quien emitió el dictamen de edad clínica mediante folio número 2080, de fecha 12 de marzo del 2023 y en el apartado de revisión médico legal, hizo constar que la hora de su intervención fue de las 13:29 a las 13:43 del día de la fecha, es decir, del día 12 de marzo del 2023. En ese mismo apartado, el doctor hizo constar que quien dijo llamarse Arturo Reyes Gómez mencionó tener 17 años de edad con fecha de nacimiento del 27 de mayo de 2005, procede el perito médico a efectuar la revisión en los términos que marca la normatividad para emitir un dictamen de edad clínica, determinando, en el apartado de análisis médico legal, dice, en el presente caso que nos ocupa con lo que respecta a Arturo Reyes Gómez por su desarrollo somático, sexual y odontológico verificado y valorado en su conjunto, por el que suscribe, se puede catalogar como una persona con edad clínica probable mayor de 16 años y menor de 18 años, que pertenece al grupo etario de los adolescentes de entre 10 y 19 años. En las conclusiones refirió que quien dijo llamarse Arturo por sus características clínicas de desarrollo sexual, somático y odontológicas, tiene una edad clínica probable mayor de 16 años y menor de 18 años, en la segunda conclusión, el doctor estableció, para quien dijo llamarse Arturo Reyes Gómez, es sugerencia médica, se requiera la intervención de especialidad pericial en materia de odontología forense, a fin de que se estime su edad odontológica. Este dictamen, pues, fue el resultado de esa solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación. Su señoría está defensa pública federal considera que al no haberse observado lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues trajo como consecuencia la vulneración de diversos derechos en perjuicio de mi representado, toda vez que desde que se recibió el informe policial homologado, pues ya se tenía la duda acerca de si esta persona pudiera ser adolescente o pudiera ser mayor de edad, sin embargo, pues no se actuó conforme lo disponen esos numerales, señoría. Ello pues, al margen de que también se violentó el derecho de mi representado a que todas las actuaciones relacionadas con su detención, fueran realizadas por un ministerio público federal especializado. Esta defensa pública federal, su señoría, considera además que también se vulneró en perjuicio de mi representado, que, pues él no debió haber estado en un área de detención y menos pues junto con adultos, su señoría. Por lo tanto, su señoría y ante la inminente vulneración de varios de los derechos que asisten a mi representado a criterio de las suscrita, pues calificar de legal la detención sería convalidar la ilegalidad del acuerdo de detención que dictó la fiscalía de la Federación a mi representado por lo que esta defensa pública federal solicita su señoría, que no califique de legal la detención de Ley Nacional del Sistema Integral. Es cuanto su señoría". Por lo que el juez volvió a dar el uso de la voz al Fiscal, quien refirió: "[.] Gracias, señoría, bien efectivamente como lo acaba de mencionar la defensa del certificado médico que emitió el doctor Jesús José Arreola García, se advierte que Arturo López cuenta con 17 años de edad, no obstante del informe policial homologado al momento de pedir los datos a los elementos aprehensores, él manifestó que tenía 18 años de edad. Entonces, al tener esa duda, el ministerio federación adscrito en Apatzingán, Michoacán, es por ese motivo que solicita un dictamen de edad clínica, probable. Efectivamente, este dictamen se realizó a las 3:00, entre las 13 hora con 29 y las 13 horas con 43 minutos. Es ahí cuando el ministerio público se percata de que el adolescente cuenta, es menor de 18 años de edad, por ello, en atención a ello es que el Ministerio público de Apatzingán, Michoacán, remite envía el desglose a esta Fiscalía General de la República para que siga conociendo sobre la investigación y la detención de este adolescente, no obstante, desde el momento en que se llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, se le ingresó en un área separada a donde se encontraban los adultos. Ahora bien, esta Fiscalía considera que no se vulneraron los derechos del adolescente, toda vez que, si bien es cierto, el ministerio público obtuvo datos de investigación para esto, para acreditar la edad clínica en el momento que se da cuenta, inmediatamente lo envía, el desglose, evidentemente, para él ya no continuar investigando y para que no se vulneren los derechos. Por lo tanto, señoría, y bajo ese contexto de que mi homólogo no tenía la certeza de que fuera menor de edad, solicito que los actos de investigación recabados por él y por su servidora no sean declarados nulos, porque mi homólogo no tenía la certeza de que fuera adolece. Es cuanto señoría.". Después el Juez preguntó a la defensa si quería hacer alguna manifestación, a lo que la defensa adujo que sí, y expuso lo siguiente: "[.] Gracias señoría, pues como lo ha referido la agente del Ministerio Público de la Federación, si el agente del Ministerio Público de la Federación en la en Apatzingán no tenía la certeza de que se tratara de una persona adolescente, debió observar las disposiciones contenidas en ese artículo 7 y 8 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, que hablan de la forma en cómo se debe de acreditar la minoría de edad, el artículo 7 habla pues que se deberá acreditar con el acta de nacimiento expedida por el registro civil y cuando no sea posible la comprobación de la edad, se hará mediante dictamen médico rendido por él o los peritos que al efecto designe la autoridad correspondiente, mientras que el artículo octavo señala, habla de las presunciones de edad y dice, si existen dudas de que una persona es adolescente, se le presumirá como tal y quedará sometida a esta ley hasta en tanto se pruebe lo contrario. En su último párrafo señala, en ningún caso se podrá decretar medidas de privación de la libertad para los efectos de comprobación de la edad. El texto de estos numerales, su señoría indica que si el adolescente refirió a los primeros respondientes que tenía 18 años y del certificado médico inicial, se advierte que este podría tener 17, desde ahí, la fiscalía de la Federación debió presumir que estaban frente a una persona adolescente y actuar conforme lo dispone la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el no haber observado estas disposiciones a criterio de la suscrita, pues trae también la inobservancia de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 23 y 38 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que esta defensa pública federal insiste en su petición inicial, es cuanto su señoría. Con lo anterior el juez cerró el debate y procedió a resolver la calificación de detención, la cual consideró legal, bajo los argumentos siguientes: [43:35] "[.] Muy bien, entonces, resuelvo yo la cuestión de la detención del joven Arturo Reyes Gómez. En esencia, de inicio, pues no se hace valer alguna argumentación relacionada con el cito 16 constitucional y el 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales que son los supuestos para efectos de generar la detención del joven Arturo Reyes. En esencia, dan cuenta los elementos de la policía de los elementos del ejército mexicano, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo fue detenido el ahora investigado, quien se encontraba en la parte trasera de la unidad tipo pick up, que estaba en este camino de terracería que conduce a la población de Felipe Carrillo Puerto, y al observar bajan a 30 metros, se aproximan, bajan las ventanas, les dicen que están armados, los soldados bajan y los elementos de la policía bajan, se acercan y pues perciben la existencia de armas, cartuchos y cargadores al interior de ese vehículo. Proceden a la detención de cada uno de los investigados, algunos adultos, evidentemente, el ahora adolescente, Arturo Reyes Gómez y lo pone a disposición de la autoridad más cercana, que era la pues la fiscalía General de la República, con sede en Apatzingán. Entonces, pues está claro, al menos hay un hecho, una apariencia de un hecho con apariencia de delito que estaban al menos percibidos o percibieron los elementos de la policía y del ejército. Evidentemente al traer un arma cualquier persona de esa naturaleza, pues es la comisión de un hecho que es probablemente delictuoso, había una causa probable por la cual actuaran los elementos de la policía y el ejército para requerir y detener a los personas que dicen encontraron, reiteró entre ellos en el adolescente Arturo Reyes Gómez.. De lo cual incluso, pues no se genera ningún debate sobre esas circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que se realiza esa detención. Entonces, al menos preliminarmente, pudiera establecer que justifican estos requisitos de la detención en flagrancia, en términos del numeral 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. El debate se centra sobre sí o no estaba en condiciones del Ministerio público de saber sí el adolescente ahora investigado a la fecha del hecho y el momento en que fue requerido, éste contaba con 17 años de edad, o bien ya era adulto y podía ser tratado como tal. Primero. El único dato objetivo que tenían los elementos que generaron su detención, pues era la propia información que dio el propio el adolescente decir, se estableció que éste dijo tener las 18 años de edad. Esto, evidentemente no fue controvertido. Entendería que efectivamente así se estableció en el informe policial homologado y por ello entonces la actuación que se generó en un inicio, pues fue llevarlos a la fiscalía General de la República, con sede allí en Apatzingán, Michoacán, tener un trato como adulto, como evidentemente, pues así lo había revelado él mismo al dar sus datos generales. El argumento toral, sostiene la defensa, que hay un dictamen médico donde se estableció por un doctor que éste presentaba, pudiera presentar la edad de 17 años y que a partir de ese momento conocía la agente del misterio que estaba haciendo la investigación, esa edad y que debió actuar en consecuencia, lo cual yo no comparto, me queda claro lo que dice el numeral 7 y 8 de la ley nacional de la especialidad, y pues de manera textual establece cuál es digamos la forma idónea a partir de la cual se puede sostener que se trata o no de un adolescente. Ya se dijo, la primera opción es el acta de nacimiento y si no se tiene, en la última parte de este artículo 7, la comprobación de edad se hará mediante dictamen médico rendido por el o los peritos que para tal efecto designe la autoridad correspondiente. Entonces, tengo un dictamen pericial de lesiones, inicialmente manifestado o señalado como actuación por parte de la defensa y tengo un dictamen especializado para determinar la edad clínica. Razonablemente cuál tendría mayor fiabilidad o credibilidad de esa información? Sí hay un dictamen donde se generó de lesiones que presentaba el investigado y un dictamen específico para establecer la edad clínica. Entonces en mi opinión y partiendo de la base jurídica que establece el 7 de la ley nacional, la base objetiva que tiene hasta ese momento pues sería ese dictamen pericial donde se determinó la edad clínica y si éste se generó hasta el doce de marzo, fecha en la cual se remitió al agente del ministerio público con sede en este lugar, de la fiscalía general de la república. Entonces basado en ello yo no compartiría la postura de la defensa de que se le trató como adulto o que debía tratarse como adolescente desde un primer momento porque en mi opinión la base objetiva para sostener que se trataba de un adolescente se obtuvo hasta que se generó este dictamen pericial específico para determinar esa circunstancia. Entonces en mi opinión el ministerio público aun sosteniendo que pudo haberse percatado del contenido del dictamen de lesiones donde se estableció esa circunstancia que refiere la defensa, en todo caso eso no es el medio idóneo para establecer la edad clínica o la edad de un adolescente, así lo establece la ley nacional en su artículo 7. ¿Cuál es el dato objetivo idóneo este fin? Pues el dictamen para efectos de establecer la edad clínica que se generó hasta el doce de marzo de este año y a raíz de ello como se estableció por parte del ministerio público que tampoco fue debatido, se remitió la carpeta de investigación a la autoridad respectiva para así generar o continuar con la investigación. No solo ello sino que además la agente del ministerio público investigadora convalidó esas actuaciones que previamente se habían generado, al menos yo no escuché que se hubiese debatido respecto de la procedencia o no de esa convalidación porque esto evidentemente en su momento se debió generar, yo no escuché que se hubiese generado, entonces ante esa convalidación, no hay base objetiva para sostener para hubo violación a derechos fundamentales. No solo ello sino que además no se estableció cuáles eran esos derechos fundamentales que se violaron porque incluso así lo establece la Corte para establecer y que el juez esté en condiciones de determinar cuáles son los derechos fundamentales que en su caso se pudieran haber transgredido era obligación de ustedes en su caso abogado comunicara cuáles derechos fundamentales eran los que se habían violado con motivo de esa decisión que tomó el agente del ministerio público en su momento y después una vez conocida esta información que los remitió al agente del ministerio público de aquí , de esta ciudad. Entonces, no se compartiría la postura, esto en mi opinión no genera que se determine la ilegalidad de la detención y ante esa circunstancia en mi opinión hay base objetiva para sostener que sí fue debidamente detenido, es decir, es legal la detención y el caso de retención además no fue debatido, entonces a partir de las informaciones por parte del ministerio público se considera también se generó dentro del plazo legal que establece la ley nacional del 136, entonces ambas, la detención legal y también dentro del plazo la retención.". De lo expuesto, se advierte que la determinación reclamada por el quejoso es legal, toda vez que efectivamente, la detención del imputado, aquí quejoso fue realizada en flagrancia, en términos del artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, porque de acuerdo con la narración del fiscal era posible considerar que el quejoso efectivamente fue detenido en flagrancia, es decir, en el momento en el que estaba cometiendo los hechos delictuosos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; posesión de cartuchos para armas del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; y, posesión de cargadores del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En efecto, como correctamente lo determinó el juez, de la narración de hechos del Agente del Ministerio Público Federal se advierte que aproximadamente a las quince horas del once de marzo del dos mil veintitrés, David Alejandro Godínez Cornejo, Salvador Vélez Sánchez, Rafael Ruiz Quiroz, Luis Ángel Pastor Hernández y María Griselda Luna Sánchez, elementos de la Guardia Civil adscritos a la comisaría región Apatzingán, realizaban recorridos de prevención y vigilancia a bordo de la unidad marcada con el número 193936; en coordinación con el soldado de Infantería José Rubén Morales Rodríguez, elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y quien viajaba a bordo de una unidad propia de esa institución con número económico 083 0324. Al circular sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la localidad Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, los elementos aprehensores, al mirar hacia la izquierda sobre el otro camino de terracería, aproximadamente a treinta metros de distancia estaba detenido a la orilla del camino y debajo de la sombra de un árbol, un vehículo de la marca tipo pick up, color azul, con los vidrios oscuros, lo cual impedía la visibilidad a los elementos aprehensores en el interior de dicho vehículo. El vehículo se encontraba estacionado en dirección contraria, hacia la cual ellos circulaban, por lo que lo observaron de frente, mismo vehículo que tenía el motor en marcha y al ser un lugar inusual para que un vehículo se encontrara estacionado en ese lugar, esto por la alta peligrosidad que prevalece en esa zona debido a la frecuente presencia de civiles armados, es que los elementos aceleraron la marcha de sus unidades y al detener la marcha justo en frente del vehículo, en ese momento los tripulantes de la camioneta Pickup bajan las ventanillas, por lo que los elementos aprehensores observaron que era tripulado por cinco personas, las cuales bajaron sus manos por las ventanillas y gritaron, estamos armados, estamos armados y le abren las puertas. Por lo que estado en las coordenadas 19.14 1489 menos 102.72 5190, los aprehensores descendieron de sus unidades con todas las medidas de seguridad, por lo que el soldado de Infantería José Rubén Morales Rodríguez se aproximó a la puerta del conductor de la camioneta pickup primer nivel de contacto], observando que en el asiento del conductor se encuentra él sentado y con las manos arriba en la cabeza y una persona del sexo masculino, identificándose plenamente el elemento del ejército mexicano le ordenó a esta persona que descendiera del vehículo. [ Esta persona acató la instrucción, él desciende de manera voluntaria y es cuando en ese momento el elemento observa que en el interior del vehículo había cinco personas, además armas largas, cargadores y cartuchos, lo que permitió un control preventivo al ahora imputado y sus acompañantes, esto es, someter al vehículo a una revisión [segundo nivel de contacto]. Al revisar el interior del vehículo, los elementos de seguridad encuentran más armas de fuego, cartuchos, así como aparatos inhibidores de señales y frecuencia, por lo que deciden detener al aquí quejoso y sus acompañantes [tercer nivel de contacto]. Entonces, es posible estimar que la detención del quejoso se realizó en una de las hipótesis de excepción que prevé la Constitución Federal, en las que es posible detener a las personas sin orden de aprehensión, ya que se hizo cuando se estaban materializando los hechos delictivos. Ello es acorde, con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia la Nación, en relación con las características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona, contenido en la tesis aislada 1a. XCIII/2015 (10a.), visible en la página 1096, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materias Constitucional-Penal, Décima Época, registro 2008638, del contenido siguiente "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía". Ahora bien, en relación con la determinación del juez de calificar de legal la detención, la defensora del quejoso argumenta en su primer concepto de violación, que la determinación reclamada no está debidamente fundada y motivada, porque el juez al calificar de legal la detención de Arturo Reyes Gómez, no observó los artículos 8°, 9°, 13 y 14 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que consintió la vulneración del derecho que tenía el imputado a que se le presumiera como adolescente, desde el momento en que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación con sede en Apatzingán, Michoacán y como consecuencia de ello quedara sometido a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Dichos argumentos, son infundados. En efecto, contrario a lo señalado por la quejosa, el juez responsable no consintió la vulneración del derecho que tenía el imputado a que se le presumiera como adolescentes, ello, porque como correctamente lo determinó en la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés; cuando los elementos aprehensores preguntaron sus generales al quejoso, éste adujo que tenía dieciocho años, por lo que el agente del ministerio público no tenía por qué tomar en consideración el certificado médico de once del citado mes y año, expedido por el doctor Jesús José Arreola Bastidas, máxime no era para acreditar su edad clínica sino su estado de salud, por lo que no era el idóneo para establecer su edad clínica. Asimismo, como correctamente lo señaló el juez, fue hasta el doce de marzo que se emitió un dictamen en el que se determinó la edad clínica de Arturo Reyes Gómez, y al concluirse que tenía diecisiete años, el agente del Ministerio Público de Apatzingán, remitió vía desglose a la Fiscalía General de la República especializada en adolescentes para que siguiera conociendo sobre la investigación y la detención del adolescente. Por lo que, como también correctamente lo determinó el juez responsable, la actuaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de Apatzingán, fueron convalidadas por su homólogo especializado en justicia integral para adolescentes, lo cual no fue debatido por la defensora. Máxime, aún en el caso que se hubiera determinado que el quejoso no fue tratado como adolescente sino como adulto, ello incidiría en los actos de investigación y no en la calificación de la detención, ya que la misma se hizo en flagrancia, en términos del artículo 146 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, respecto del acto reclamado consistente en la calificación de legal de la detención. Auto de vinculación a proceso Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para librar un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega que, bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al emitir la determinación de trece de marzo de dos mil veintitrés dictada dentro de la causa penal 23/2023, por la que se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción, III en relación con el artículo 11, incisos c, d, i, en relación con su artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, que contempla y castiga el precepto 83 quat, fracción II, en vinculación con el 11, inciso f). Posesión de cargadores de armas de fuego del uso exclusivo. del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quintus fracción II, en relación al artículo 11, numerales todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; cometido en agravio de la sociedad, cometido, en términos de los numerales 7, fracción II, 8, primer supuesto y 13 fracción III del Código Penal Federal. Lo anterior, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Análisis de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Antes de calificar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso frente a dicho acto, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional. Numerales que, en su orden, establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De los artículos transcritos, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 160331, la cual es de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia del criterio transcrito, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es notoria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Una vez expuesto lo anterior, debe precisarse que de las documentales que exhibió la autoridad responsable se aprecia que a las quince horas con veintiocho minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, se vinculó a proceso al quejoso Arturo Reyes Gómez, por su probable intervención en los hechos que ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción, III en relación con el artículo 11, incisos c, d, l, en relación con su artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, que contempla y castiga el precepto 83 quat, fracción II, en vinculación con el 11, inciso f). Posesión de cargadores de armas de fuego del uso exclusivo. del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quintus fracción II, en relación al artículo 11, numerales todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; cometido en agravio de la sociedad, cometido, en términos de los numerales 7, fracción II, 8, primer supuesto y 13 fracción III del Código Penal Federal. Disposiciones legales que, en su orden, son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: [.] III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley". "ARTÍCULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. d).- Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. l).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley". "ARTÍCULO 8.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley". ARTICULO 83 Quat (sic).- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: [.] II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley". "ARTÍCULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] f).- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta". "ARTÍCULO 83 QUINTUS. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: [.] II.- Con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores". "ARTÍCULO 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: [.] II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y [.]". "ARTÍCULO 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente". "ARTÍCULO 13.- Son autores o partícipes del delito: [.] III.- Los que lo realicen conjuntamente".. Así mismo se advierte que en la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, el ministerio público realizó la formulación de imputación a las catorce horas con veintinueve minutos [requisito 1]. En la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso, asesorado por su defensora pública, manifestó que no deseaba declarar (14:46 horas) [requisito 2]. El juez de control dictó la resolución correspondiente en la propia audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés [requisito 3]. También se expresó los delitos que le imputó; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución (15:18 horas) [requisito 4]. El auto de vinculación a proceso se dictó únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación [requisito 5]. Esto es, en la audiencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, el juez de control determinó que la clasificación jurídica de los hechos imputados al aquí quejoso era la de los delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción, III en relación con el artículo 11, incisos c, d, i, en relación con su artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, que contempla y castiga el precepto 83 quat, fracción II, en vinculación con el 11, inciso f). Posesión de cargadores de armas de fuego del uso exclusivo. del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quintus fracción II, en relación al artículo 11, numerales todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; cometido en agravio de la sociedad, cometido, en términos de los numerales 7, fracción II, 8, primer supuesto y 13 fracción III del Código Penal Federal. Y, de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendieron datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso así como la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [requisito 6]. De la misma forma [el trece de marzo de dos mil veintitrés, 15:31 horas] la fiscalía solicitó medida cautelar al imputado. También el trece de marzo de dos mil veintitrés el juez de control determinó que a petición del imputado, su situación jurídica se resolvería en esa misma fecha [a las catorce cuarenta y nueve horas]. En audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil veintitrés se aprecia que el juez autorizó a la Fiscalía de la Federación como plazo de investigación un mes, el cual concluyó el trece de abril de dos mil veintitrés. Del mismo modo, el juez responsable estableció el cuadro fáctico de acuerdo con la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público [lo que se transcribirá en los párrafos siguiente, cuando se traiga a glosa el dictado del auto de vinculación a proceso]. En atención a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, precisadas anteriormente, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso conforme a las consideraciones siguientes: [1:28:41] "[.] Entonces voy a emitir la decisión, basado en las siguientes consideraciones. Tomo en cuenta lo que establece la 313 del Código Penal, es decir, la manifestación del adolescente que fuera en esta audiencia que se emita, que emita la decisión. También tomo en cuenta el numeral 19 constitucional y 306 del código nacional y evidentemente, los de la ley nacional de la materia. En esencia, para efectos de emitir un auto de vinculación a proceso es necesario se justifiquen los requisitos. En un primer momento de la competencia, que se justifique, que se haya formulado imputación, que se ha otorgado al ahora adolescente la oportunidad de emitir su declaración, que los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público se establezcan que existen datos razonables que justifiquen el hecho y además la probable intervención del adolescente en la ejecución de estos, de igual manera que no se justifica alguna causa extinción de la acción penal. Para efectos de la competencia, tomo en consideración que los hechos tuvieron lugar en el territorio del Estado, donde determinó el Consejo de la Judicatura Estatal que soy competente y además una competencia concurrente, tomando en consideración que se trata de delitos en materia federal, entonces ambas circunstancias permiten sostener al de la voz la competencia para conocer de la solicitud. En esta audiencia Arturo, pues te informo, el ministerio público dio a conocer cuál era el hecho por el cual se estaba generando esta acusación, se justificó lo que la ley le llama formulación de imputación se estableció en varias imputaciones relacionadas con los hechos que la ley señala, como delito de Portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos estos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Se estableció que tú interviniste en cuanto coautor de estos hechos, en esencia qué quiere decir, pues, que tú estabas presente en esa camioneta donde te detuvieron con otras personas que fueron adultos y donde estaban las armas, los cartuchos y los cargadores. De qué manera sostiene el ministerio público que se justificó esta circunstancia? Pues especialmente con el informe policial homologado, el documento que firmaron los elementos de la policía y los soldados, los elementos del ejército mexicano en donde se refiere específicamente cómo fue que fuiste detenido arriba de ese vehículo que en el asiento trasero de esa unidad donde estaban esas armas, estaban esos cartuchos y estaban esos cargadores. Esto en esencia lo dicen tanto los elementos del ejército, la policía en sus entrevistas y en el informe policial homologado. Además, un experto, un especialista, pues pudo identificar fotografiar esas armas es cartuchos y esos cargadores, y además, otro experto dijo que todos pertenecen, pues para ser usado solamente por elementos del ejército o de la armada o fuerza aérea, entonces esto así lo determinó también un experto oficial que verificó estas armas entonces en esencia, pues está justificado el hecho que es materia de investigación. Si además a ti fue que se detuvo, entre otras personas en ese lugar, porque así lo referenciaron los elementos de la policía y pues los propios elementos del ejército nacional, entonces al menos de manera preliminar hay base objetiva para razonablemente sostener la justificación de este hecho y evidentemente pues tu intervención en los mismos. Si esto es así, entonces al menos de manera preliminar, consideraría justificado todos estos hechos que te están atribuyendo en los términos que establece los numerales 83, fracción III, inciso c), d) l), relacionados con el 83 de la Ley Federal de armas de fuego, explosivos y estos a su vez relacionados con el 8 de esa misma ley. El primero es de portación de arma de fuego, el segundo es de posesión de cartuchos previsto por el numeral 83 quat, fracción II y el de posesión de cargadores previsto por el Numeral 83, quintus, fracción II en relación con el 11, al igual que el primero que en relación con el 11 inciso f) todos estos de la Ley Federal de armas de fuego y explosivos. Además, evidentemente no hay ninguna argumentación relacionada con que no se justificó el hecho, que es materia de investigación. Entonces, por esa razón como no hay ningún argumento para sostener lo contrario, entonces considero que hay base razonable para sostener que sí se justifica este hecho. Ahora para hacerme cargo de las argumentaciones de tu defensora. Primero. Bien, aquí hay que hacer la precisión puntual, yo ya me pronuncié sobre todas las argumentaciones que dijo tu defensora en un primer momento respecto de por qué no debía generarse el control de detención legal. Ya establecí argumentos basados, con base en los cuales determiné que no compartía los argumentos de tu defensora. Estos mismos argumentos los trae ahora a esta audiencia, lo cual en mi opinión yo no voy a analizar ¿por qué?, por la simple y sencilla razón de que de hacerlo, pues incluso variar mi decisión, pues sería tanto como contradecir lo que ya dije entonces me convertiré en revisor de mi propia decisión, lo cual en mi opinión, pues no es legal, para eso hay una autoridad diferente al de la voz para que en todo caso pues analice todas esas argumentaciones que en esencia pues son las mismas que ya usted argumentó al momento del control de detención, entonces está claro que todos los argumentos que ahora indicó debatiendo lo que inicialmente dije sobre el control de detención, eso en todo caso en mi opinión, pues constituyen los agravios que en su momento usted debería de presentar, si no está conforme con la decisión, volver a analizar eso, incluso hacerme cargo de esas nuevas argumentaciones, pero relacionadas con esos mismos tópicos, entonces sería tanto como yo convertirme en un revisor de mi propia decisión basado ahora en los nuevos argumentos pero relacionados con los mismos puntos. Lo cual no es procedente, ni lógico ni jurídico ni tengo yo facultades como para en todo caso, revocar la misma decisión que ya tomé basado en los mismos argumentos ahora, incrementados con las nuevas a partir de los señalamientos que ya dije rebatiendo estas decisiones. Entonces, en mi opinión creo que más bien esos argumentos nuevos introducidos en esta etapa de la audiencia en todo caso constituyen los agravios que usted debe expresar relacionados con el control de detención por esa razón considero ya no es procedente hacerme cargo de estos argumentos pero dando contestación a las decisiones que tomé respecto del control de detención, porque eso reitero es materia de los agravios que usted deberá expresar con el desacuerdo que tiene respecto de aquella decisión. Entonces yo ya no me voy a hacer cargo de eso, en todo caso haga valer sus argumentos, sus agravios respecto de esa decisión pero principalmente porque el auto de vinculación a proceso es bien claro el 316 y relativos de la ley nacional cuáles son los requisitos para establecer la vinculación a proceso. Evidentemente esa cuestiones de ilicitud de las actuaciones del ministerio público pues ya me he hecho cargo en su momento y el 316 específicamente establece cuáles son los requisitos y el 19 constitucional para emitir un auto de vinculación a proceso. Entonces si dentro de estos requisitos no se refiere a alguna cuestión de licitud de actuaciones o de datos de prueba generados por el ministerio público evidentemente que yo no voy a analizarlos no porque no se pueda hacer porque la ley dice que se puede hacer en cualquier momento, el tema es que ya los analicé en un primer momento y lo que me dice usted es contestando todo lo que dije en un primer momento, lo cual en mi opinión constituyen los agravios que usted deberá precisar. Por esas razones entonces yo no analizo nuevamente. Ahora, estas nuevas manifestaciones relacionadas con los puntos que inicialmente se tomaron en cuenta ya en su momento, evidentemente estará a salvo su derecho para que impugne si lo considera todas las decisiones, evidentemente, pues a salvo ese derecho. En esencia, entonces esa es la decisión para efectos de ya no hacerme cargo de estas nuevas argumentaciones. Insisto, tomando como referencia que estas nuevas argumentaciones son específicamente relacionadas con las decisiones que se tomaron previamente y que, en todo caso, constituyen argumentos relacionados con esos puntos que ya establecí, entonces no voy a hacer uso nuevamente de esa argumentación. En todo caso, reitero queda a salvo el derecho de la defensa para que los haga valer en su momento. En este sentido entonces, como están justificados en mi opinión, los requisitos del numeral 19 constitucional y 316 del Código Nacional, en mi opinión, tomando en consideración además que no hay una causa de extinción de delito o de la exclusión de extinción de la acción penal y de excluyente de incriminación. Entonces, siendo las 15 horas con 28 minutos del día de hoy se emite auto de vinculación a proceso en contra de Arturo Reyes Gómez [1:38:28] por los hechos que ya te referí. Voy a omitir, volver a indicar cuál es la clasificación jurídica porque ya te la dije y además la ha reiterado el ministerio público y evidentemente las disposiciones legales bajo las cuales están reguladas. Todos estos hechos fueron cometidos, según se informó en agravio de la sociedad. En esencia Arturo, te explico más claro, así muy sencillito. Estoy tomando la decisión de que continúes, obligarte a que continúes el proceso en esencia, porque al menos lo que refirieron los elementos de la policía y los elementos del ejército se estableció que tú estabas en esa camioneta pickup ya indicada y que en esa camioneta había armas de fuego largas tipo fusil, había cargadores y había cartuchos, y esto pues es un delito porque tú no tenías al menos un permiso de autoridad para que tu poseyeras todos esos objetos, en esencia es la decisión que estoy tomando, entonces vas a continuar con este proceso penal y además en esencia respecto de lo que dijo tu defensora para defenderte en esencia estoy diciendo que eso ya lo analicé y en todo caso esas nuevas argumentaciones son pues lo que ella debe generar ante una autoridad diferente, si es que no está de acuerdo con la decisión que se tome, evidentemente también es un derecho tuyo Arturo, si no estuvieras de acuerdo con esta decisión, la ley te da a ti 3 días para efectos de que te inconformes con todas las decisiones que he tomado en esta audiencia, no sé si te quede claro o si sepas a qué me estoy refiriendo es un derecho que tú tienes, la ley le llama que es de apelación, si tú quisieras hacer uso de este derecho, qué tendrías que hacer, te explico en esencia debes hacer un escrito en donde digas las razones por las cuales lo que se ha resuelto el día de hoy no estás conforme no sé si te quede claro. Tu abogada como técnica en derecho ella sí va a saber explicarte un poquito mejor, ella va a ser quien en todo caso en tu representación pueda realizar ese escrito y se le da todo un trámite, éste escrito hay que llevarlo con la persona en caso de que así será, que se llama magistrado o bien ante otra autoridad, ya que considere tu abogada, dependerá de lo que se decida, para efectos de que revise esa otra autoridad las decisiones que se tomaron y, en todo caso, pueda decidir si fue correcta o no fue correcta esas decisiones". De acuerdo con lo transcrito, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso de Arturo Reyes Gómez, por su probable intervención la comisión de los hechos que la ley cataloga como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción, III en relación con el artículo 11, incisos c, d, i, en relación con su artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, que contempla y castiga el precepto 83 quat, fracción II, en vinculación con el 11, inciso f). Posesión de cargadores de armas de fuego del uso exclusivo. del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quintus fracción II, en relación al artículo 11, numerales todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; cometido en agravio de la sociedad, cometido, en términos de los numerales 7, fracción II, 8, primer supuesto y 13 fracción III del Código Penal Federal. Lo anterior, porque el juez precisó de manera detallada, porqué estimó que se cumplían cada uno de los requisitos que exige tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales. También señaló las razones por las cuales, a su juicio, de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público se desprendía que se había cometido un hecho que la ley señala como delitos de portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; y, posesión de cargadores de armas de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y que existía la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgó un mes- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa; asimismo, fundó y motivó su determinación. Ahora bien, en su segundo concepto de violación señala el quejoso que el juez responsable inobserva lo dispuesto por la fracción IX, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del 114 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como de los artículos 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues sustentó la vinculación a proceso en datos de prueba afectados de nulidad, al haberse obtenido a partir de la vulneración de sus derechos fundamentales desde el momento en que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Apatzingán, Michoacán y no de su homólogo especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Violación de derechos, que aduce, continuó por el agente mencionado en último término al convalidar las actuaciones del primero. Motivo de inconformidad que es infundado, ya que contrario a lo manifestado por el quejoso, el juez no debía excluir los datos de prueba en lo que el Agente del Ministerio Público sustentó su petición de vinculación a proceso, pues como se determinó al dar contestación al primer concepto de violación en páginas anteriores, no se debe considerar nulo lo actuado ante el agente de Apatzingán, pues el quejoso adujo que tenía dieciocho años cuando los elementos aprehensores le requirieron sus generales; y, al tener duda de su edad por el diverso certificado médico, dicho agente solicitó uno diverso específico para determinar su edad clínica y en cuanto se emitió y en el mismo se concluyó que tenía diecisiete años, envió el desglose a su homólogo especializado en justicia penal para adolescentes, máxime éste último convalidó las actuaciones realizadas por el primero. De ahí que no pueda considerarse que dichos datos de prueba fueron realizados con violación de derechos humanos y como consecuencia de ello, no son aplicables los artículos 114 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como de los artículos 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, 73, 107, fracción I, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Reyes Gómez, por los actos, autoridades y motivos contenidos en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Reyes Gómez, contra los actos, autoridades y por las razones precisadas en el considerando quinto de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese únicamente para constancia legal el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el once de julio actual se celebró la audiencia constitucional relativo al juicio de amparo en que se actúa. Como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídase a su costa la copia de la resolución dictada en el presente asunto, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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En Morelia, Michoacán, a las once horas del once de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 419/2023. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y por el Director del órgano Administrativo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ambos con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional y certifica que las demás partes no los hicieron valer. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo. José Ramón Rocha González. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la licenciada Graciela López Padilla, defensora pública federal del quejoso Arturo Reyes Gómez, por el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, en auto de doce de junio del año en curso, exhibe lo siguiente: 1. Copia de la cedula profesional número 1844267, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a nombre de Graciela López Padilla; 2. Copia de la credencial para votar con clave de elector LPPDGR71081716M800, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de Graciela López Padilla; 3. Copia de la impresión del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, de la que se advierte que la cédula profesional número 1844267, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, a nombre de Graciela López Padilla, se encuentra debidamente registrada con el número 107374. En otra tesitura, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que dejó sin efecto la medida cautelar de internamiento preventivo al adolescente Arturo Reyes Gómez, sin que hubiera lugar a imponerle una diversa, dado que no hubo petición del ministerio público. En virtud a lo anterior, la autoridad responsable dejó sin efectos la medida cautelar de internamiento preventivo que venía cumpliendo el adolescente referido en el párrafo que antecede y en consecuencia, ordenó la libertad del aquí quejoso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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