Arturo Ramirez Perez

Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
91/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Arturo Ramirez Perez
  • Juez Segundo Civil De Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México Con Residencia En Ixtapan De La Sal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación que antecede para conocimiento de la parte quejosa. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa no desahogó los requerimientos formulados en auto de veinticuatro de enero pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en términos del auto de siete de marzo de dos mil diecisiete. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio mediante el cual el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, México, devuelve sin diligenciar el exhorto 51/2017 (orden 51/2017), del índice estadístico de este Juzgado, por medio del cual se encomendó notificar a la quejosa el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete dictado en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio y anexo de referencia. Ante la imposibilidad de notificar a la parte quejosa con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la impetrante la determinación de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y las subsecuentes, aun las personales, por medio de lista que se publica en este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por Catalina Sara Vargas Ordoñez albacea a bienes de la sucesión de Gerardo de Jesús Martínez Lezama, aquí tercero interesado, mediante el cual interpone incidente de liquidación de perjuicios: Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente planteado por Catalina Sara Vargas Ordoñez albacea a bienes de la sucesión de Gerardo de Jesús Martínez Lezama, aquí tercero interesado; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días previsto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a derecho corresponda y ofrezca las pruebas que estime pertinentes. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofertadas por la parte quejosa se reserva acordar lo conducente hasta en tanto fenezca la vista ordenada en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Ramírez Pérez por su propio derecho y en su calidad de representante de la moral denominada Peña Gas, sociedad anónima de capital variable, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 91/2017-IV. Prevención. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Lo transcrito evidencia que precepto legal no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte interesada, por lo cual se considera oportuno prevenir al promovente cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, consistentes en: "Articulo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura; salvo la excepción previstas en el propio ordenamiento legal. Expuesto lo anterior, es pertinente prevenir al promovente del amparo para que por escrito y con cinco copias de éste, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo en los puntos que se precisarán más adelante y, entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la Ley de Amparo, que a letra establecen: "Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: I. Multa; y II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten". "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República". Realice lo siguiente: Primero. Deberá precisar la calidad con la cual acude a la instancia constitucional; esto es, si promueve el juicio de amparo por propio derecho o en representación de la moral denominada como Peña Gas, sociedad anónima de capital variable. Ello, en atención a que si bien en el proemio del escrito de demanda señaló promover con tal dualidad, lo cierto es que de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, no se advierte el perjuicio que reciente su persona con la emisión del acto reclamado, pues no es parte en el juicio ni se ostenta como tercero extraño al mismo. Segundo. Para el caso de instar el juicio en representación de la moral Peña Gas, sociedad anónima de capital variable, con documento fehaciente deberá acreditar tal calidad, esto es, como representante de la moral quejosa. Lo anterior, en razón de lo siguiente: Si bien, el promovente adjuntó al escrito de demanda copia certificada del instrumento notarial número ciento quince mil trescientos veintidós (115,322), pasada ante la fe del licenciado Raúl Name Neme, Notario Público Setenta y nueve del Estado de México; lo cierto es que del contexto íntegro de dicha copia certificada, no se aprecia el documento con el cual el poderdante se identificó ante el fedatario y del cual éste último, certificó y agregó al apéndice del mismo, el cual refiere quedó marcado con la letra "A"; por tanto el poder exhibido en esos términos no es el idóneo para acreditar la calidad del promovente. En ese sentido, los numerales 78, 79 y 80 de la Ley del Notariado del Estado de México disponen las formalidades para la redacción de las escrituras notariales, al señalar: "Artículo 78.- Escritura es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar uno o más actos jurídicos, autorizado con su firma y sello. Se entenderá también como escritura el acta que contenga un extracto con los elementos personales y materiales del documento en que se consigne un contrato o actos jurídicos, siempre que esté firmada en cada una de sus hojas por quienes en el intervengan y por el notario, quien además pondrá el sello, señalará el número de hojas de que se compone, así como la relación completa de sus anexos que se agregarán al apéndice y reúna los demás requisitos que señala este capítulo. "Artículo 79.- La redacción de las escrituras se sujetará a las formalidades siguientes: I. Se hará en idioma español, con letra clara, sin abreviaturas ni guarismos, salvo en el caso de transcripción literal o del uso de modismos; tratándose de números, las cifras se mencionarán también con letra; II. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, se traducirán por perito autorizado, a excepción de cuando el notario conozca el idioma, en cuyo caso él realizará la traducción; se agregará al apéndice el original o copia cotejada del documento con su respectiva traducción; III. Los espacios en blanco o huecos se cubrirán con líneas horizontales de tinta o con guiones continuos, al igual que los espacios en blanco existentes entre el final del texto y las firmas; IV. Las palabras, letras o signos que se hayan de testar se cruzarán con una línea horizontal que las deje legibles, pudiendo entrerrenglonarse lo que se deba agregar. Al final del texto de la escritura se salvarán, con la mención del número de palabras, letras o signos testados o entrerrenglonados, y se hará constar que lo primero no vale y lo segundo sí; V. Llevará al inicio su número, el o los actos que se consignen y los nombres de los otorgantes; VI. Expresará en el proemio el lugar y fecha y, en su caso, la hora en que se asiente la escritura, así como el nombre y apellidos del notario, el número de la notaría a su cargo, los nombres y apellidos de los comparecientes y el acto o actos que se consignen; VII. Resumirá los antecedentes del acto y certificará haber tenido a la vista los documentos que se hayan presentado para la formación de la escritura, con las siguientes modalidades: a). Si se trata de inmuebles, relacionará cuando menos el último título de propiedad y, en su caso, citará los datos de su inscripción registral, y determinará su naturaleza, ubicación, superficie con medidas y linderos, en cuanto sea posible. b). No deberá modificarse en una escritura la descripción de un inmueble, si con ésta se incrementa el área de su antecedente de propiedad. La adición podrá ser hecha si se funda en resolución judicial o administrativa de la que así se desprenda. c). Cualquier error aritmético o de transcripción que conste en instrumento o en asiento registral podrá aclararse por la parte interesada en la escritura. d). Al citar un instrumento otorgado ante otro fedatario, expresará el nombre de éste y el número de la notaría que corresponde, así como su número y fecha y, en su caso, los datos de inscripción registral. e). En las protocolizaciones de actas de asamblea de personas morales, se relacionarán los antecedentes necesarios para acreditar su constitución, así como la validez y eficacia de los acuerdos tomados de conformidad con su régimen legal y estatutos. VIII. Redactará ordenadamente las declaraciones de los comparecientes, que serán siempre hechas bajo protesta de decir verdad; el notario los apercibirá de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad; IX. Redactará con claridad las cláusulas relativas al acto que se otorgue; identificando con precisión los bienes que constituyan el objeto material del acto, así como los derechos y obligaciones que se deriven del mismo; X. En caso de que algún compareciente actúe en representación de otro, el notario observará lo siguiente: a) Si la representación es de persona moral, dejará acreditada la legal constitución de ésta, su designación y las facultades de representación suficientes, para lo cual no será necesario que el notario realice transcripciones textuales de los instrumentos. b) Si la representación es de personas físicas, el notario solo relacionará suscintamente el instrumento que contenga el otorgamiento de las facultades de representación que se ostentan a favor de quien comparezca. c) Siempre que alguien comparezca a nombre de otro, deberá declarar que sus facultades de representación son suficientes para el acto en que comparece, que son tal y como las asentó el notario y que dichas facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta esa fecha. Los apoderados de personas físicas deberán declarar que sus representados tienen capacidad legal. XI. De los comparecientes, el notario expresará las generales siguientes: Su nacionalidad y la de sus padres, nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil y domicilio. Al expresar el nombre de una mujer casada, incluirá su apellido materno. En el supuesto de representación de personas físicas, el representante deberá declarar las generales del representado mencionadas. Tratándose de extranjeros, asentará sus nombres y apellidos como aparecen en el documento migratorio correspondiente; XII. Siempre hará constar bajo su fe respecto de los comparecientes, lo siguiente: a) Que acreditaron su identidad. b) Que a su juicio tienen capacidad legal. c) Que les fue leída la escritura. d) Que les explicó el valor y las consecuencias legales del contenido de la escritura. e). Que manifestaron su conformidad con el texto leído mediante la impresión de su firma; si alguno de ellos manifestare no saber o no poder firmar, imprimirá huella digital, firmando otra persona a su ruego y encargo. De estar imposibilitado para imprimir su huella digital, se hará constar esta circunstancia por el notario. f) Los hechos que el notario presencie y que sean relevantes o integrantes del acto. g) La fecha o fechas en que firmen o impriman huella digital y el notario autorice la escritura." "Artículo 80. El notario podrá cerciorarse de la identidad de los comparecientes: I. Por propia declaración de conocerlos personalmente; II. Con la declaración de dos testigos de identidad que a su vez se identifiquen; III. Con la presentación de un documento de identificación oficial con fotografía del cual agregará una copia al apéndice." Como se aprecia de los numerales precedentes, entre las formalidades que deben cumplirse en la elaboración de los instrumentos notariales, se encuentran las relativas a acreditar la identidad del compareciente y agregar una copia al apéndice del documento de identificación oficial con fotografía. En ese sentido, la normatividad citada, en su artículo 109 dispone que testimonio es la copia auténtica en la cual el notario, bajo su firma y sello, reproduce el texto de la escritura o acta y sus documentos anexos, la cual no ocurrió en el caso. De lo anterior se desprende que, la esencia de un testimonio estriba en una transcripción íntegra y no parcial de su contenido, lo cual se corrobora con las formalidades exigidas para cuidar esa esencia de integridad, relativas a que dicho documento se encuentre foliado, sellado y rubricado debidamente, además, que se haga alusión al número total de fojas y anexos que lo integran. El sistema legal ha estructurado y sistematizado de una manera muy especial diversos requisitos que deben constituir a los testimonios, en aras de preservar tanto la integridad de la transcripción de los documentos cuyo contenido refleja, como su propia estructura unitaria, completa e inescindible. Requisitos que llevados al campo de la valoración de un testimonio notarial, permiten concluir que el hecho de faltarle fojas o anexos resulta de gran trascendencia, pues contraviene la razón de ser de las formalidades que para tal efecto exige la Ley del Notariado del Estado de México, y bajo esa tesitura, un testimonio notarial en el cual se omite exhibir la totalidad de fojas o anexos que lo constituyen resulta inapto para acreditar la personalidad de quien se ostenta como apoderado de una de las partes en un juicio laboral. Por su aplicación se cita la tesis 3ª.CXXII/91, consultable en la página 74, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Agosto de 1991, Materia (s) Común, Octava Época, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes. "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. NO BASTA PARA ACREDITARLA EL TESTIMONIO NOTARIAL EN EL QUE NO SE RELACIONEN O ANEXEN LOS JUSTIFICANTES DE LA PERSONALIDAD DEL OTORGANTE DEL PODER (LEGISLACION NOTARIAL DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 60 y 62, fracción VIII, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, disponen respectivamente lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, se entiende por escritura cualquiera de los siguientes instrumentos públicos: I. El original que el notario asiente en el libro autorizado, conforme al artículo 46 de este Ordenamiento, para hacer constar un acto jurídico, y que contenga las firmas de los comparecientes y la firma y sello del notario. II. El original que se integre por el documento en que se consigne el acto jurídico de que se trate, y por un extracto de éste que contenga sus elementos esenciales y se asiente en el libro autorizado. El documento deberá llenar las formalidades que señala este capítulo, ser firmado en cada una de sus hojas y al final por los comparecientes y el notario; llevar el sello de éste en los expresados lugares, y agregarse al apéndice con sus anexos. El extracto hará mención del número de hojas de que se compone el documento, y relación completa de sus anexos y será firmado por los comparecientes y el notario. La autorización definitiva y las anotaciones marginales se harán sólo en el libro de protocolo" y "El notario redactará las escrituras en castellano y observará las reglas siguientes: VIII. Dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro, relacionando o insertando los documentos respectivos, o bien agregándolos en original o en copia cotejada al apéndice haciendo mención de ellos en la escritura". Por tanto, resulta incompleto e insuficiente para acreditar la personalidad de quien acude al juicio de garantías, el testimonio notarial en el que no se relacionen o anexen los documentos agregados al Apéndice, que fueron exhibidos ante el fedatario público como justificantes de la personalidad del otorgante del poder, puesto que tal omisión impide saber con certeza si este último realmente cuenta con facultades para conferir poderes." Corolario a lo reseñado, es evidente que la documental pública exhibida por el promovente, resulta incompleta e insuficiente para acreditar la personalidad de quien acude al juicio de garantías, toda vez que no se anexa al mismo el documentos agregados al Apéndice de referencia, que fueron exhibidos ante el fedatario público como justificantes de la calidad del otorgante del poder, puesto que tal omisión impide saber con certeza si en realidad existen o no tales documentos en el apéndice señalado. Sobre el particular se cita la tesis XXII.2o.2 L, publicada en la página 1792 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2001, Tomo XIII, Materia Laboral, Novena Época, con el rubro y texto: "PERSONALIDAD. RESULTA IMPROCEDENTE SU ACREDITACIÓN MEDIANTE TESTIMONIO NOTARIAL EN EL QUE SE OMITE EXHIBIR LA TOTALIDAD DE FOJAS QUE LO CONSTITUYEN. En el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, se indica que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las reglas previstas en las fracciones I a IV de dicho precepto legal, estableciéndose en la fracción II que al caso interesa: "II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite.". Ahora bien, en los artículos 93 y 94 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, se establece: "Artículo 93. Testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o acta notarial y se transcribe o se incluyen reproducidos los documentos anexos que obran en el apéndice, con excepción de los que estuvieren redactados en idioma extranjero, a no ser que se les incluya en fotocopia, con su respectiva traducción y los que se hayan insertado en el instrumento.-No será necesario insertar en el testimonio los documentos ya mencionados en la escritura que ha servido solamente para la satisfacción de requisitos fiscales.-El testimonio será parcial cuando se transcriba en él solamente una parte, ya sea de la escritura o del acta, o de los documentos del apéndice. Las hojas que integren un testimonio irán numeradas progresivamente y llevarán al margen la rúbrica y el sello del notario.-No deberá expedirse testimonio parcial cuando la parte omitida pueda causar perjuicio a tercera persona." y "Artículo 94. Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo o ulterior número ordinal; el nombre del o de los que hayan intervenido en la operación y que hayan solicitado su expedición; y el número de páginas del testimonio. Se salvarán las testaduras y entrerrenglonaduras de la manera prescrita para las escrituras.-El notario deberá expedir el testimonio con su firma y sello y tramitará la inscripción del primero de ellos en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal cuando el acto sea registrable y hubiere sido requerido y expensado para ello por sus clientes.". De lo anterior se desprende que para el legislador, la esencia de un testimonio estriba en una transcripción íntegra y no parcial, esencia que se corrobora en primer lugar, con los casos de excepción señalados en la propia Ley del Notariado para el Distrito Federal, respecto a esa transcripción íntegra; asimismo, se corrobora con la posibilidad establecida respecto a la expedición de testimonios parciales, siempre y cuando el notario se cerciore de que no se afecten derechos de terceros, lo cual refleja que la integridad del testimonio tiene por propósito cuidar esos intereses; y por último, se corrobora con las formalidades que se exigen para cuidar esa esencia de integridad, relativas a que dicho documento se encuentre debidamente foliado, sellado, rubricado y que se haga alusión al número total de fojas que lo integran. El legislador ha estructurado y sistematizado de una manera muy especial diversos requisitos que deben constituir a los testimonios, en aras de preservar tanto la integridad de la transcripción de los documentos cuyo contenido refleja, como su propia estructura unitaria, completa e inescindible; requisitos que llevados al campo de la valoración de un testimonio notarial, permiten concluir que el hecho de que le falten dos fojas, como en la especie, resulta de gran trascendencia, pues contraviene la razón de ser de las formalidades que para tal efecto exige la Ley del Notariado para el Distrito Federal y lo previsto en el artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, y bajo esa tesitura, resulta inapto para acreditar la personalidad de quien se ostenta como apoderado de una de las partes en un juicio laboral." Y la tesis P. XXXIX/96, publicada en la página 472 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Materia Común, Novena Época, con el rubro y texto: "TESTIMONIOS NOTARIALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL). De acuerdo con los artículos 93, 94, 95 y 105 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, los testimonios expedidos por notario público, son copias en las que se transcribe íntegramente una escritura o un acta notarial y se transcriben o incluyen reproducidos los documentos anexos que obran en el apéndice, debiendo contener como requisitos los siguientes: a). Las hojas que integren un testimonio irán numeradas progresivamente y llevarán al margen la rúbrica y sello del notario. b). Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo o ulterior número ordinal. c). El nombre del o de los que hayan intervenido en la operación y que hayan solicitado su expedición, y d). El número de páginas del testimonio. Ahora bien, si en el testimonio no consta el cumplimiento de los requisitos mencionados, el testimonio carece de validez y valor probatorio pleno, ya que no se cubren los requisitos de validez que contempla el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, resultando no aptos para demostrar en el juicio la existencia de los supuestos de facto de los que depende el interés jurídico del quejoso." Tal requerimiento se formula en virtud que el artículo 17 Constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de garantías, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Por ende, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J./96, en la página 47, del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia P./J 23/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, XXIX, Abril de 2009, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Máxime que, en el caso la foja dos de la escritura exhibida para tal finalidad, resulta ilegible en su texto izquierdo, circunstancia que impide considerarla para los efectos pretendidos. Tercero. De igual forma, deberá exhibir cinco copias de la constancia con la cual avale la circunstancia descrita en párrafos precedentes, pues el acreditamiento de la personalidad, al ser uno de los requisitos de la demanda incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad y, este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 108 de la Ley de Amparo, se logra a través de una copia del referido ocurso, la cual corresponde exhibir a la parte quejosa. Sobre el particular por analogía se invoca la jurisprudencia P./J.37/2001, visible a fojas 125 del Semanario Judicial de la Federación, Abril 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J.43/96 de este Tribunal Pleno de Rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tiene derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe de exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no cumplir con los extremos de los requerimientos formulados, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Envío de exhorto para notificar. Por otro lado, en atención a que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, y en atención a que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de amparo es de tal trascendencia que su desconocimiento oportuno puede llevar a ocasionar perjuicio a la parte promovente, razón por la cual debe notificarse de manera personal a fin de garantizar plenamente la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo. Consecuentemente, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique la presente determinación al promovente Arturo Ramírez Pérez, en el domicilio ubicado en Carretera Federal número 55, Toluca-Taxco, kilómetro 87.5, Villa Tonatico, Estado de México, también conocido como "El Campamento" al oriente de la cabecera municipal de Tonatico, México. Asimismo, le requiera para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación practicada, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se fija en éste juzgado de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. En el entendido que para el desahogo de la diligencia encomendada la autoridad correspondiente deberá atender a las disposiciones previstas en la Ley de Amparo y no a la legislación local que la rija. Además, dicha autoridad deberá acusar recibo vía telegráfica dentro del plazo de veinticuatro horas, así como diligenciar la presente encomienda y remitir las constancias respectivas en el plazo de cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento que en caso de omisión, en vía de apremio, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 24/2004 visible en la página 321 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2004, Tomo XIX, Novena Época, Materia Común, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO." No obstante lo anterior, para el caso de que el promovente o alguno de sus autorizados se presente en el local que ocupa este juzgado de distrito, se comisiona al actuario adscrito para llevar a cabo la notificación personal respectiva. Autorizados. Se tienen por autorizados a Antonio Acuayte Valdez, Juan Manuel Ramírez Pérez, Israel Peña Rogel, María de los Ángeles Estrada García, Moisés Alonso Hernández y Gloria Mendoza Ramos, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

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