Arturo Ramírez Parra

Expediente 2066/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2066/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Arturo Ramírez Parra

Actuaciones

  1. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 113 y 114), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de nueve de octubre del año en curso (foja 115), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciséis de octubre del presente año (foja 118); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada trascurrió del dieciocho al veintidós del mes en curso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 67 a 79), se determinó conceder a Jesús Humberto Cardoso Richardi, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $25,800.00 pesos que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados por la quejosa, con sustento en los artículos 11, 12 y 13 de la legislación citada. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (foja 91 y 92). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de agosto del dos mil dieciocho (fojas 99 y 100), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $25,520.00 (veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el veinticuatro de agosto del año en curso (foja 100). Sin embargo, por proveído de diecinueve de septiembre siguiente (fojas 103 a 105), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que la cantidad devuelta por las autoridades responsables no satisfacía los términos de la ejecución de amparo; por tanto, se les requirió de nueva cuenta a efecto de que dieran total cumplimento con el fallo protector, esto es, devolviera el monto de $13,294.48 (trece mil doscientos noventa y cuatro pesos 48/100 moneda nacional), por las razones expuestas en el citado auto y remitiera las constancias que así lo acreditaran. Bajo esa tesitura, mediante oficio y anexo presentados el ocho de octubre del año en curso (fojas 113 y 114), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que había realizado la devolución de la cantidad ordenada en el auto de diecinueve del mes pasado (fojas 103 a 105), mediante transferencia bancaria el cuatro del mes en curso (foja 114). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. ***

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de trece de agosto en curso (foja 111), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, exhibiendo copia certificada del Dictamen de Pensión por Retiro por Edad y Tiempo de Servicio, en favor de la quejosa Aleida Arcadia Guzmán, con fecha de expedición dieciséis de febrero del presente año (fojas 105 a 107). En relación con lo anterior, en el propio proveído de trece del mismo mes (foja 108), se ordenó dar vista a la promovente del amparo con copia de la documental de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho lapso haya hecho uso de ese derecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Bajo ese contexto, por sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 45 a 56), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al promovente del amparo, en los términos siguientes: ".lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: 1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el treinta de junio de dos mil diecisiete y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 60 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. El Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si la quejosa se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realicen en el mismo plazo (treinta días), la actividad que les corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, concedan o nieguen la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.." Resolución que se sobreseyó por cuanto hace a la autoridad denominada Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se confirmó por cuanto hace al resto de las autoridades, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria emitida el tres de julio de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 1/2018, registrado con el diverso 484/2018 de su índice (fojas 82 a 96). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en un plazo de treinta días emitir una respuesta congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el treinta de junio de dos mil diecisiete y notificarla oportunamente al solicitante del amparo; y B) El Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certificara si la promovente del amparo se encontraba al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones aludido mediante los mecanismos administrativos que le son propios e informar al Director General del Fondo en cita dicha circunstancia. Luego, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por comunicado y anexos, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el diez de agosto del año actual (fojas 105 a 107), remitió copia certificada del Dictamen de Pensión por Retiro por Edad y Tiempo de Servicio, en favor de la quejosa Aleida Arcadia Guzmán, con fecha de expedición dieciséis de febrero del año en curso. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se confirmó la sentencia emitida por este Juzgado, misma que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. ***

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