Arturo Ramírez Lora y Otros.

Expediente 1037/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1037/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Arturo Ramírez Lora y Otros.
  • Arturo Ramírez Lora

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó el juicio; así mismo carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...Agréguense a los autos los informes justificado y de la suspensión de plano rendidos por las autoridades que los suscriben, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de hacer relación de ellos al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Ahora bien, las autoridades responsables también informan que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se dejó en libertad a los quejosos ...ello por habérseles otorgado un beneficio sustitutivo de la pena de prisión, y remite las constancias certificadas que acreditan su dicho, lo que también se advierte del contenido de la razón actuarial con que se da cuenta. En tal virtud, notifíqueseles el auto admisorio, la presente determinación; así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de las listas que se publican en los estrados de este juzgado, lo anterior hasta en tanto señalen algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan)..." SÍNTESIS PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE: "...ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1037/2019-III. DESECHAMIENTO En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que respecto de...se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se desprende uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de amparo, que es el principio de "iniciativa o instancia de parte agraviada" al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. De ahí que, al carecer el escrito de cuenta de firma autógrafa respecto de...se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, en razón de que al carecer de la firma autógrafa, se trata de un simple papel en que no se incorpora la voluntad del directo agraviado, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 146, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 6°, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por... ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como uno de los actos reclamados: 1.- El cambio de celda y/o dormitorio, así como su ejecución. DESECHAMIENTO PARCIAL Por otra parte, respecto al cambio de celda o dormitorio se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El dispositivo aludido, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Sin que, en el caso se actualice alguna de las excepciones en torno a dicho principio. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que los promoventes de amparo no acataron el principio de definitividad, pues el acto es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México; por tanto, en primer término, de conformidad con los artículos 107 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben elevar su petición -sin formalidad- ante la Directora de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que los internos puedan ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos pueden formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si los quejosos están internos en un centro penitenciario, deben formular su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y de resultar denegada su petición tienen legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si los demandantes del amparo consideran que su petición debe ser atendida de inmediato, están en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, respecto al cambio de celda o dormitorio. ADMISIÓN Ahora bien, vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase únicamente por lo que respecta a la orden de traslado a diverso centro penitenciario, y únicamente por los quejosos... SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: 1.- La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. Tomando en consideración que para ejecutarlo podría existir una privación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto que, si no se ha ejecutado, los quejosos no sean trasladados a diverso centro penitenciario. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Si el traslado obedece al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial, o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Si el traslado obedece a un mandato judicial, o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada o a una cuestión de competencia definida; 5.- Tratándose de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad; y 6.- Si el traslado está sustentado por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá informar inmediatamente y por escrito al juez respectivo, debiendo acreditar el seguimiento y convalidación por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, además de los supuestos de notoria urgencia, como en los casos en que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos (incluida la parte quejosa) y la seguridad y el orden del centro. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física de los impetrantes. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de la medida cautelar decretada en párrafos que anteceden. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de los quejosos a...sin perjuicio que designen uno diverso con posterioridad. Se le requiere a dicho quejoso para que haga del conocimiento a los demás impetrantes las determinaciones que se le notifiquen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a los quejosos, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sean notificados del presente acuerdo, manifiesten en ese acto, si es su deseo señalar autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por manifestada su oposición para la inclusión de sus datos personales en el presente juicio, por lo que se instruye al personal adscrito a la actuaría de este Juzgado, desincorporar el nombre del quejoso de las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, así como de las versiones públicas que puedan existir durante su tramitación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente APERCIBIMIENTO En el entendido que si las autoridades responsables señaladas en la demanda, resultan inexistentes o imprecisas, este juzgado Federal declarará su inexistencia y suspenderá toda comunicación con ellas, sin necesidad de previa vista a las partes..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Arturo Ramírez Lora, Diego Armando Torres Martínez, Iván Luviano González, Leonardo Olivas Campos, Leonardo Israel López Rivera, Raúl López García, Josué Noé Martínez Padilla, José Enrique Haro Mendoza, Carlos Alberto Hernández Manjarrez, Leonel Hernández Domínguez, Daniel Rodríguez Rojas, Víctor Fernando González Alanís, Julio César Alanís Guazo, Iván Beltrán González, Oscar Arturo López Fuentes, Ricardo Albiter Cruz, José Mauricio Viveros Retana, Roberto Gutiérrez Olvera, Javier Mauricio Llanos Rodríguez y Oscar Montiel López con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1037/2019-III. DESECHAMIENTO En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que respecto de Javier Mauricio Llanos Rodríguez y Oscar Montiel López, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se desprende uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de amparo, que es el principio de "iniciativa o instancia de parte agraviada" al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. De ahí que, al carecer el escrito de cuenta de firma autógrafa respecto de Javier Mauricio Llanos Rodríguez y Oscar Montiel López, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, en razón de que al carecer de la firma autógrafa, se trata de un simple papel en que no se incorpora la voluntad del directo agraviado, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 146, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 6°, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Mauricio Llanos Rodríguez y Oscar Montiel López. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como uno de los actos reclamados: 1.- El cambio de celda y/o dormitorio, así como su ejecución. DESECHAMIENTO PARCIAL Por otra parte, respecto al cambio de celda o dormitorio se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El dispositivo aludido, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Sin que, en el caso se actualice alguna de las excepciones en torno a dicho principio. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que los promoventes de amparo no acataron el principio de definitividad, pues el acto es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México; por tanto, en primer término, de conformidad con los artículos 107 a 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben elevar su petición -sin formalidad- ante la Directora de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que los internos puedan ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos pueden formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si los quejosos están internos en un centro penitenciario, deben formular su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y de resultar denegada su petición tienen legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si los demandantes del amparo consideran que su petición debe ser atendida de inmediato, están en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, respecto al cambio de celda o dormitorio. ADMISIÓN Ahora bien, vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase únicamente por lo que respecta a la orden de traslado a diverso centro penitenciario, y únicamente por los quejosos Arturo Ramírez Lora, Diego Armando Torres Martínez, Iván Luviano González, Leonardo Olivas Campos, Leonardo Israel López Rivera, Raúl López García, Josué Noé Martínez Padilla, José Enrique Haro Mendoza, Carlos Alberto Hernández Manjarrez, Leonel Hernández Domínguez, Daniel Rodríguez Rojas, Víctor Fernando González Alanís, Julio César Alanís Guazo, Iván Beltrán González, Oscar Arturo López Fuentes, Ricardo Albiter Cruz, José Mauricio Viveros Retana y Roberto Gutiérrez Olvera. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: 1.- La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. Tomando en consideración que para ejecutarlo podría existir una privación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto que, si no se ha ejecutado, los quejosos no sean trasladados a diverso centro penitenciario. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Si el traslado obedece al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial, o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Si el traslado obedece a un mandato judicial, o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada o a una cuestión de competencia definida; 5.- Tratándose de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad; y 6.- Si el traslado está sustentado por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá informar inmediatamente y por escrito al juez respectivo, debiendo acreditar el seguimiento y convalidación por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, además de los supuestos de notoria urgencia, como en los casos en que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos (incluida la parte quejosa) y la seguridad y el orden del centro. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física de los impetrantes. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de la medida cautelar decretada en párrafos que anteceden. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de los quejosos a Arturo Ramírez Lora, sin perjuicio que designen uno diverso con posterioridad. Se le requiere a dicho quejoso para que haga del conocimiento a los demás impetrantes las determinaciones que se le notifiquen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a los quejosos, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sean notificados del presente acuerdo, manifiesten en ese acto, si es su deseo señalar autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por manifestada su oposición para la inclusión de sus datos personales en el presente juicio, por lo que se instruye al personal adscrito a la actuaría de este Juzgado, desincorporar el nombre del quejoso de las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, así como de las versiones públicas que puedan existir durante su tramitación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente APERCIBIMIENTO En el entendido que si las autoridades responsables señaladas en la demanda, resultan inexistentes o imprecisas, este juzgado Federal declarará su inexistencia y suspenderá toda comunicación con ellas, sin necesidad de previa vista a las partes. Notifíquese; y, personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran recluidos.

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