Arturo Ramírez Ávalos
Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Ramírez Ávalos
- A. R. S.
Actuaciones
- Principal
Se acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 835/2023, promovido por Arturo Ramírez Ávalos en representación de Niuris Soto Arribas y de la menor de identidad reservada con iniciales ***************** e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento. Archivo del expediente. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente por acordar, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso ****************, atento a su contenido, se provee: dígase al ocursante que el Juicio de Amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue enviado a las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tocando a ésta, turnarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, por lo que una vez que se tenga conocimiento de qué homologo haya conocido de éste, tales alegaciones deberá realizarlas ante el órgano competente
- Principal
Por otro lado, en cuanto a sus efectos y consecuencias, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, al quejoso ******************, para el efecto de que el amparista quede a disposición de este juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del juez de origen para la continuación de la ejecución de la sentencia penal dictada en su contra, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, esto con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el servicio de mensajeria devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos constitucional y legal transcritos, se advierte tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador o juzgadora federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es dable señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO."2 En tal virtud, del estudio del escrito de demanda, la parte quejosa, en lo medular, reclama lo siguiente: a) La negativa del Titular del Instituto Nacional de Migración, en entregar al quejoso los videos con audio solicitados con el nombre del Agente de Migración que realizó la detención de Niuris Soto Arribas, y de la menor de identidad reservada con iniciales A.R.S. b) La inscripción del nombre de Niuris Soto Arribas en el Registro de las listas de control migratorio. c) El registro de la Ficha de Alertamiento Migratorio, derivado del oficio INM/CFCF/FA/448/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 40/20022, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."3 Es importante destacar que en atención a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se clasifican en: 1.- Positivos. 2.- Negativos: - Actos negativos simples. - Actos negativos con efectos positivos. - Actos prohibitivos. 3.- Omisivos o abstenciones. Los actos positivos implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer, que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado; esto es, la autoridad emitió una determinación para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y iii) actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado; los actos negativos con efectos positivos, en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas e identificables; y los actos negativos prohibitivos establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, que se traduce en una afectación para el gobernado; para que se actualice esa omisión, debe existir previamente la obligación de la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. En ese sentido, si bien por regla general los actos negativos, incluidas las omisiones, carecen de ejecución material, en el caso, respecto del acto jurídico precisado en el inciso a) atendiendo a la naturaleza jurídica del acto reclamado, en vía de excepción, sí tiene ejecución material, por lo que es aplicable la primera regla de competencia precisada en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Es decir, la negativa del Titular del Instituto Nacional de Migración en entregar al quejoso Arturo Ramírez Ávalos los videos con audio solicitados con el nombre del Agente de Migración que realizó la detención de Niuris Soto Arribas, y de la menor de identidad reservada con iniciales A.R.S., tiene efectos materiales en el lugar donde se desarrolló el trámite correspondiente a la inscripción del nombre de Niuris Soto Arribas en el Registro de las listas de control migratorio, y registro de la Ficha de Alertamiento Migratorio derivado del oficio INM/CFCF/FA/448/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, además de la expulsión del territorio mexicano, esto es, acaecida en la Ciudad de México; aunado a que todas las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Asimismo, concerniente a la negativa de hacer entrega de los videos con audio, que refiere, se desprende que el hoy quejoso hizo del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que éstos fueron solicitados a la que hoy señala como responsable Titular del Instituto Nacional de Migración, (medio de prueba identificado como 6A), lo que al tenor literal establece: "(.) por medio de este ocurso a informar a Usted, que el día de la fecha, este quejoso ha solicitado al Titular del Instituto Nacional de Migración, remitan a ese H. Juzgado a su cargo las videograbaciones con audio ofrecidas en el escrito de ampliación de demanda (.)". inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación procesal con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal.Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone, la tesis e rubro: "DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS1 ".En ese sentido, se itera, la negativa de la que se duele tiene tiene efectos materiales en el lugar donde se desarrolló el trámite correspondiente, esto es, en la Ciudad de México, tanto por haber instado al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto se allegara del video solicitado, como por el lugar de residencia de la autoridad responsable señalada como Titular del Instituto Nacional de Migración. Ahora bien, respecto a los diversos actos reclamados precisados en los incisos b) y c), en relación con las documentales que el quejoso adjunta a su escrito inicial de demanda, se advierte que en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se radicó el juicio de amparo 478/2017, promovido por el aquí quejoso Arturo Ramírez Ávalos, en representación de la menor de identidad reservada con iniciales A.R.S., y Niuris Soto Arribas, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y del Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se hicieron consistir en la incomunicación y deportación en contra de Niuris Soto Arribas y la menor de identidad reservada con iniciales A.R.S., así como la Ficha de Alertamiento derivada del oficio INM/DFDF/FA/448/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis; lo anterior, al ser el órgano jurisdiccional competente, por razón de territorio, en virtud de reclamarse actos cuya ejecución material se llevó a cabo en la Ciudad de México. Por lo anterior, se estima que en el presente asunto aplica la regla establecida en el párrafo primero del numeral 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), cuyo rubro establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO."4 En ese orden de ideas, tomando en consideración que el acto reclamado es una omisión que tiene efectos materiales en el lugar donde se desarrolló el trámite correspondiente a la inscripción del nombre de Niuris Soto Arribas en el Registro de las listas de control migratorio, y registro de la Ficha de Alertamiento Migratorio derivado del oficio INM/CFCF/FA/448/2016 de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, además de la expulsión del territorio mexicano, esto es, acaecida en la Ciudad de México; aunado a que todas las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y del análisis integral de la demanda de amparo no se aprecia de manera objetiva algún acto que deba ejecutarse dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de amparo, por considerar que quien debe conocer de ésta es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, toda vez que la ejecución material del acto reclamado esencialmente tuvo lugar dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción ese órgano de control constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por María Elena Uribe Monroy, por derecho propio. Por tanto, se ordena remitir vía ordinaria el original del presente juicio de amparo, con sus copias de traslado, a la autoridad que se estima legalmente competente, es decir, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con copia de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes. Incompetencia por territorio. Ahora bien, de una revisión integral del libelo de cuenta, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate
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