ARTURO RAMÍREZ ÁVALOS y Otros.

Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
896/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • ARTURO RAMÍREZ ÁVALOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace de conocimiento que recibió los autos originales del presente juicio de amparo, así como que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del mismo. En ese sentido, se provee: Remisión de constancias Del estado que guardan los autos, se advierte que el veintidós de noviembre último, se reservó proveer lo conducente respecto del escrito registrado con el folio 17342, hasta en tanto se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional al que fue radicado el presente asunto e informara si aceptó o no la competencia declinada en su favor; en consecuencia, se levanta la reserva decretada y se ordena remitirla al Juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar, previa copia simple que se obtenga del mismo para su debida constancia en autos. Archivo Toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente, así como al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta, por medio de la cual el quejoso *********, manifiesta que se desiste de la demanda de amparo. Toda vez que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer del presente juicio, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que fue radicado y si aceptó o no conocer del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho y en favor de ********** y su menor hija de iniciales A.R.S., contra actos del Titular de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración (hoy denominado Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México) y otra. ? Regístrese con el número de juicio 896/2021-I ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis De la lectura del escrito que se atiende se desprende que el promovente de amparo reclama: "(.) INSTRUIR Y/U ORDENAR LA IMPOSICIÓN DE REGISTRO MIGRATORIO A NOMBRE DE NIURIS SOTO ARRIBAS, teniendo como base una 'Ficha de Alertamiento', basada únicamente en meras presunciones. (.) LA IMPOSICIÓN DE REGISTRO EN LAS LISTAS DE CONTROL MIGRATORIO A NOMBRE DE NIURIS SOTO ARRIBAS, VIGENTE A LA FECHA, según se desprende del oficio número INM/DGCVM/DGAIIM/DIMI/CNA/5506/2021, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.". Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en párrafo primero del artículo 22 constitucional se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional. Además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero la directa quejosa y su menor hija, tendrían que haber ingresado a territorio nacional, o bien, estar en algún aeropuerto de este país, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo con los hechos en la demanda, pues el quejoso manifestó que ".arribarán al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, México, el DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS ONCE CERO CINCO HORAS.", teniendo el temor de que la rechacen, lo que se insiste, no está sucediendo al momento de la presentación de la demanda. Por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Incompetencia Vistos los actos que se reclaman, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto combatido no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad de un sujeto, sino de un acto administrativo, atribuido a una autoridad de naturaleza administrativa. Ahora bien, el numeral 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente (.).". Del texto anterior, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en dicha materia, así como de actos de autoridad distinta a la judicial. En la especie, el quejoso manifiesta que el acto reclamado deriva de un registro migratorio vigente realizado por el Instituto Migratorio Mexicano, esto es una alerta migratoria que eventualmente, a su dicho, originará un acta de rechazo en contra de su cónyuge y su menor hija, pese a que se le autorizó una visa por unidad familiar que lo otorga residencia hasta el tres de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido, dado que el acto reclamado es de naturaleza evidentemente administrativa, ya que no se encuentra relacionado con alguna resolución, expediente (causa penal u averiguación previa) u ordenamiento del orden penal, deportación, o privación de la libertad con ese fin, sino que se encuentra directamente relacionado con la situación de residencia de las quejosas, pues al parecer se les autorizó la permanencia en el país y podrían ser objeto de un acta de rechazo, además de que el acto se atribuye a una autoridad de la misma naturaleza, se estima que el conocimiento del presente asunto corresponde a un juzgado de Distrito especializado en esa materia. Son aplicables a lo anterior, las tesis siguientes: ALERTA MIGRATORIA. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA ORDEN PARA ESTABLECERLA Y LA NO AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DEL PAÍS DE PERSONAS RELACIONADAS CON AVERIGUACIONES PREVIAS, EL ASUNTO PERTENECE A LA MATERIA PENAL Y NO A LA ADMINISTRATIVA. Cuando en amparo indirecto se reclama la orden para establecer una alerta migratoria y la no autorización para la salida del país de personas relacionadas con investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, relacionadas con la posible comisión de delitos, incluso con participación de autoridades pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe estimarse que el asunto pertenece a la materia penal y no a la administrativa, porque se trata de actos originados en averiguaciones previas y ese dato determina la competencia para el conocimiento del caso, en congruencia con la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 22, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.".1 "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene 1 Registro digital: 2006196, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: II.3o.A.118 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1416, Tipo: Aislada. naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación.".2 Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, con sus copias y anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. 2 Registro digital: 176366, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 1a. CXCIII/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 714, Tipo: Aislada. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para tomar impresiones fotográficas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo; con excepción de las grabadoras, toda vez que no son el medio idóneo para imponerse de los autos. Obtención de copias Asimismo, se autoriza la obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, siempre y cuando medie previa solicitud por escrito en la cual se especifiquen los números de las fojas que se requieren reproducir, para lo cual el solicitante deberá acreditar la personalidad con que se ostenta en el presente juicio y se deberá dejar constancia en autos, excepto cuando se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a la parte promovente para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transite y continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, solicite expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se le solicita que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.

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