Arturo Puebla Zavala y Otros.

Expediente 1472/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1472/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Arturo Puebla Zavala y Otros.
  • Christian Ramírez Rogel

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desecho la demanda de amparo. Por otra parte se ordena el archivo del presente expediente. Finalmente se ordena la devolución de documentos exhibidos en la presente contienda constitucional.

  2. Principal

    SIN QUE HAYA COMPARECIDO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA DETERMINACIÓN QUE DICE:"...Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos (foja 16), sin que el impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo. Devolución documentos originales Infórmese al quejoso que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..."

  3. Principal

    NO HABIÉNDOSE PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA, A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AQUÉL Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO QUE DICE: "...Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en la omisión de la Junta señalada como responsable, de emitir su resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral 01/168/19-II de su índice. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:  La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo.  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Robustece lo anterior, la tesis P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página treinta y nueve, libro siete, domo I, junio de dos mil catorce, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: . Más aún la omisión de la Junta señalada como responsable, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 01/168/19-II, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que de las documentales que la parte quejosa anexó a demanda de amparo, se advierte el tres de julio de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, asimismo, realizó la certificación correspondiente turnando los autos al auxiliar proyectista para formular el proyecto en forma der laudo. Sin embargo, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Lo anterior se corrobora con lo establecido en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo que establecen lo siguiente: .. Atento a lo anterior, en el caso en concreto solo han transcurrido catorce días naturales sin que la responsable haya emitido el laudo correspondiente -a la fecha de la presentación de la demanda de amparo de cuenta-. Los cuales transcurrieron del cuatro de julio al veintidós de agosto del año actual, descontando de dicho computo del quince al veintiséis de julio del presente año, por ser el período vacacional de la Junta responsable, por lo que hasta el día veintidós de agosto, la autoridad responsable agotó los veinticinco días que establecen los artículos mencionados en líneas anteriores de la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo correspondiente. De tal forma que el plazo legal para dictar el laudo concluyó el veintidós de agosto de la presente anualidad y, como ya se adelantó, si se toma en cuenta que el plazo máximo que tolera el artículo 772 para que el procedimiento laboral se encuentre paralizado, es de cuarenta y cinco días, mismos que al tenor del criterio jurisprudencial antes citado, son computables a partir de la fecha en que feneció el plazo en que tuvo que realizar el acto procesal en cita, por tanto, se asevera que el lapso en cita, que actualiza la posibilidad para ejercer su reclamo en la vía indirecta, al materializarse un verdadera paralización del procedimiento de origen, empezó a correr a partir de ese mismo día (veintidós de agosto) y concluye el cuatro de octubre del año en curso, así que hasta el día de ayer tres de septiembre de dos mil diecinueve (data en que se presentó el escrito inicial de demanda), sólo han transcurrido catorce días naturales, como ya se adelantó. Expuesto lo anterior, se concluye que no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que según el dicho de la propia quejosa, el escrito fue presentado ante la responsable en dieciséis de mayo del año que transcurre, pues no han transcurrido más de cuarenta y cinco días desde la fecha en que tuvo se llevarse a cabo el acto procesal solicitado; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado, no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, pues no existe una vulneración del derecho de la parte quejosa a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos por la ley aplicable, es decir, para que se produzca la afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días. .. En consecuencia, como la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. ? Publicación de datos personales. ? En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que refiere en su escrito de demanda, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, por tratarse de un asunto en materia laboral. Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..."

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