Arturo Pratz Juarez
Expediente 1668/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Arturo Pratz Juarez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de once de abril de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja ********************la cual en su punto resolutivo dice:**************************************** "ÚNICO. Es infundada la queja interpuesta por******************** contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 1668/2021-4. ********************Notifíquese".****************************************Se confirma la recepción de oficio 2937/2022 de su índice y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes ********************Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido.********************De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental.********************Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. ********************Notifíquese********************
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, devuelve diligenciado el despacho 401/2021-4 (663/2021); en consecuencia dese de baja dicho despacho en el libro de gobierno respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por *** por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1668/2021-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Se señala como acto reclamado: La resolución de veinticinco de noviembre del año en curso, dictada en los autos de la causa penal número 345/2021, mediante la que resolvió el recurso de reconsideración promovido por mi defensora particular en contra del auto de fecha cinco del mismo mes y anualidad en el que el Juez señalado como autoridad responsable en esta demanda de amparo admitió "la ampliación de declaración" del perito que designé en materia de medicina legal, ***, ofrecida por el agente del Ministerio Público de la adscripción; determinación violatoria de mis derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, justicia imparcial y tutela judicial efectiva, lo que se demostrará en este escrito de demanda. En atención a lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La resolución de veinticinco de noviembre del año en curso dictada en los autos de la causa penal número 345/2021, mediante la que resolvió el recurso de reconsideración promovido en contra del auto de fecha cinco del mismo mes y anualidad donde se admitió "la ampliación de declaración" del perito que designé en materia de medicina legal, Luis Noel Sánchez Morales, ofrecida por el agente del Ministerio Público de la adscripción. En la especie, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos combatidos no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con la admisión y desahogo de pruebas, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transciendan al resultado de la resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga contra la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 227656, de rubro y texto: "PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, ADMISION DE. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, ha estimado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá y, por ende, será procedente contra actos en el juicio que sean de imposible reparación; de manera que si esa ejecución no tiene carácter de irreparable, la acción constitucional es improcedente, pues es evidente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun y cuando dicha prueba fue admitida, la resolución que se dicte en el juicio puede ser favorable a los intereses del agraviado; y en el caso que le fuera adversa, y tal violación trascienda en el fallo, podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que llegue a dictarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 158, 159 fracción XI y 161 de la ley en consulta, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses del quejoso puede hablarse de una violación a los preceptos legales que reglamentan la integración y desahogo de la prueba de mérito y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del recurrente.". Por tanto, los actos aquí combatidos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, dado que no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa de manera irreparable, es decir, sus efectos son meramente procesal; ello, toda vez que la admisión de la ampliación de declaración de Johana Hernández Almazán así como del perito Luis Noel Sánchez Morales, ordenada por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, dentro del expediente de origen, no es un acto de imposible reparación, es decir en razón de una afectación material - real y actual - a sus derechos sustantivos, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. De lo expuesto, resulta claro que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que su consecuencias son meramente procesales, pues de obtener la parte quejosa, una resolución favorable a sus intereses, la violaciones procesales que aduce fueron cometidas en el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que en su caso se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En efecto, el tipo de acto reclamado no es dable considerarlo como de ejecución de imposible reparación; dicho de otra manera, que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del promovente reclamable en el juicio de amparo indirecto. El concepto de "imposible reparación", presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica de los afectados y el hecho de que la Segunda Sala haya ordenado al Juez Natural admitir la pericial en comento, no causa una violación a sus derechos sustantivos fundamentales. Pues de considerar que el acto que ahora reclama pueda entrañar una violación intraprocesal que afectara sus defensas y que ello trascendería al resultado del fallo final, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, pueden reclamar tal aspecto como violación procesal al combatir la sentencia final, puesto que es hasta el dictado de la sentencia donde los analizarán y, en su caso, podrán o no otorgar valor probatorio. Por tanto, como quedó asentado en párrafos que anteceden, el hecho de que el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo haya ordenado la admisión de la ampliación de declaración del perito que designé en materia de medicina legal, Luis Noel Sánchez Morales, no causa perjuicio al quejoso debido a que ello no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera. Por los motivos expuestos, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por ***, contra la autoridad que señaló como responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico el cual se tiene como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Sin embargo dada la trascendencia del asunto toda vez que se advierte el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo; en consecuencia, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 27, fracción II, y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar personalmente al quejoso ***, en el domicilio del citado Centro de Reinserción Social, el contenido íntegro del presente proveído. Hágase saber al citado Juzgador, que queda facultado para aplicar las medidas pertinentes, habilitar días y horas inhábiles a fin de lograr la diligencia encomendada. Asimismo, hágase del conocimiento del Juez de Primera Instancia requerido, que el Actuario a quien corresponda llevar a cabo la notificación del quejoso, deberá ceñir sus actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior deberá devolver el despacho con las constancias que acrediten su cumplimiento a la brevedad posible. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente vía despacho..
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