Arturo Pérez Flores
Expediente 234/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Pérez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, relativo al recurso de queja 65/2023, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés); por tanto, es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 20 del citado acuerdo y dentro de los treinta días naturales siguientes remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- COLEGIADO REMITE EJECUTORIA (QUEJA INFUNDADA) Y ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, que admitió el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente ***. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- COLEGIADO INFORMA ADMISION RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Trámite y remisión del medio de impugnación Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito en los términos planteados por el promovente, así, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito original de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja En ese tenor, se hace del conocimiento de la superior que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito determinó desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el medio de impugnación aludido, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- QUEJOSO INTERPONE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***, por propio derecho y en su carácter de Diputado por doceavo distrito del Estado de Morelos, así como de Coordinador e Integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 234/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Precisión del acto reclamado. De la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que, en esencia, la parte quejosa señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, así como la aprobación del decreto por el que se reforma el citado artículo, y la adhesión del diputado *** al grupo parlamentario de MORENA. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación directa con el 99 párrafo quinto y 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. ." "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones." Del precepto jurídico citado en primer lugar, se observa que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas en forma enunciativa en las veintitrés fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de diverso mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Constitución o de criterio jurisprudencial, lo que implica que el citado artículo sólo establece algunos supuestos de improcedencia, pero dichas hipótesis no son las únicas. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Ahora bien, de conformidad con el artículo 99 Constitucional, se desprende que es facultad de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la no aplicación sobre leyes materia electoral, lo anterior sin perjuicio con lo señalado en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una ley y la Constitución. Por otra parte, debemos puntualizar, que de los antecedentes y conceptos de violación esgrimidos por el aquí quejoso se advierte, que en esencia se duele de la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, así como la aprobación de reforma al citado artículo, y derivado de ello la adhesión de un diputado al grupo parlamentario al que pertenece. Bajo ese orden de ideas, se debe precisar que, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos electorales, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse mediante él cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan en el proceso electoral. Por tanto, debemos precisar que la demanda de amparo presentada, en esencia, versa sobre temas que atañen al ámbito electoral, puesto que los conceptos expresados por el aquí quejoso, van encaminados a la integración de un diputado a su grupo parlamentario MORENA, por medio del decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que dispone la integración de los diputados que han sido declarados sin partido al inicio del año legislativo, podrán adherirse en cualquier momento a un grupo parlamentario, debiendo informar mediante escrito al Presidente de la Mesa Directiva, sin que para ello deba reunir los requisitos derivados de su normativa interna de dicho grupo. Es por ello, que este juzgador considera que la norma reclamada es de carácter electoral, puesto que versa sobre derechos políticos, porque determina la forma en como un diputado que se declare sin partido, podrá adherirse en cualquier momento a un grupo parlamentario, debiendo para ello mediar escrito informando al presidente de su mesa directiva su deseo de incluirse a determinada fracción parlamentaria. Sin que pase desapercibido, que la parte quejosa haya aducido que la reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, es inconstitucional por ser violatoría de diversos derechos fundamentales, a saber, el derecho a la libre auto organización así como la libre asociación, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como derechos fundamentales correlacionados establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el estado Mexicano, ello no hace procedente el juicio de amparo sujeto a examen. Lo anterior, es así, puesto que si bien es cierto el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad general de asociación, concebida como un derecho constitucional establecido para los ciudadanos mexicanos, de este género deriva, como una especie autónoma e independiente, el derecho de asociación política, que tiene su fundamento en el artículo 35 de la propia Constitución y por la otra, el derecho de asociación político electoral, consagrado a su vez en el artículo 41, fracción III, octavo párrafo de la Carta Magna. El citado artículo 35 establece que los ciudadanos mexicanos detentan la libertad general de asociación pacífica con fines políticos, mientras que el artículo 41, así como los artículos 33 a 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contemplan el derecho de los ciudadanos a formar e integrar una clase especial de asociación política, que recibe el nombre de agrupación política nacional, a través de la cual se propende al establecimiento de mejores condiciones jurídicas y materiales para garantizar a los ciudadanos el ejercicio real y pleno de sus derechos políticos. Máxime que la integración de los grupos parlamentarios es un acto que incide exclusivamente en el ámbito parlamentario administrativo, por estar relacionada con el funcionamiento y desahogo de las actividades internas de los Congresos; pues las leyes orgánicas correspondientes por lo general, prevén que la finalidad de los grupos parlamentarios es coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Es por lo anterior, que la norma impugnada, tiene un contenido materialmente electoral, sin que puedan desvincularse del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros y, en ese sentido, es lógico que su examen no podría limitarse a la cuestión de si se violan o no derechos fundamentales como pretende el quejoso, pues se involucra necesariamente la materia electoral y es atendiendo precisamente a la naturaleza de las normas (no a los conceptos de violación) que el amparo resulta improcedente, tomando, además, en consideración que conforme con los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, el derecho procesal constitucional en la materia electoral está integrado por la acción de inconstitucionalidad, mediante la cual se lleva a cabo un control abstracto de la constitucionalidad de leyes electorales, y el sistema de medios impugnativos bajo la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el recurso de apelación; así como el referido órgano especializado en materia electoral tiene conferida constitucionalmente la facultad para resolver la no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución General de la República, lo que constituye un mecanismo de control concreto de la constitucionalidad de leyes electorales. Así las cosas, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa, con base en el artículo 113 del precitado ordenamiento jurídico. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis 2a./J. 61/2011 (9a.) de la Segunda Sala, visible con el registro 162431, en la página 323 del Tomo XXXIII, Abril de 2011, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su contenido literal dice lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Consulta de expediente electrónico. Consulta del expediente electrónico. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye al oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- SE DESECHA DEMANDA, SEÑALA DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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