Arturo Pasillas Aguilar

Expediente 3690/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3690/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Arturo Pasillas Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hace del conocimiento que con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo. Habilítese el expediente electrónico que corresponde al presente juicio, para su consulta en el Sistema...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 83, fracción IV, de la ley en cita, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 85 a 90), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Finalmente, toda vez que ya no resulta necesario para este órgano jurisdiccional contar con el cuaderno de pruebas que se formó el nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 82), con las documentales exhibidas por el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; en consecuencia, devuélvase el mismo a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/ KYGM/mala*

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    RAZÓN POR CITATORIO PRAL: En Zapopan Jalisco, siendo las nueve horas del siete de mayo de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte quejosa o sus autorizados, no acudieron dentro de los dos días hábiles siguientes, a notificarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, para conocimiento de la parte interesada, mismo que dice: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, Arturo Pasillas Aguilar, por conducto de su abogado patrono, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la entidad y por los actos precisados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 15 a 18), se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 83 y 84) y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se controvierten omisiones de autoridad en materia administrativa con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados atribuidos a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, son: 1. La omisión de dictar la resolución en el incidente de liquidación dentro del juicio de nulidad administrativa 253/2012 de su índice. 2. La omisión de proveer los escritos presentados los días veintinueve de marzo, dieciocho de mayo, tres de julio, veintiuno de agosto, veintisiete de octubre, veintisiete de noviembre y seis de diciembre, todos de dos mil diecisiete, dentro del juicio de nulidad administrativa 253/2012 de su índice. Conviene puntualizar que aun cuando la parte quejosa señaló de manera destacada como acto reclamado, ".hago consistir no solo el hecho de que se dicte la sentencia interlocutoria que a derecho corresponda sino que en su momento oportuno se realicen los requerimientos a la demandada con los sendos apercibimientos para lograr a la mayor brevedad posible el pago de lo condenado, para así estar en condiciones de evitar dilaciones, demoras y por ende la paralización innecesaria del proceso de nulidad administrativa antes descrito..", no se tendrá como tal para efectos de este juicio de amparo; lo anterior, en razón de que al armonizar el escrito de demanda y las constancias de autos en su integridad, se advierte que dicho señalamiento en realidad se hace derivar de la pretendida omisión de resolver el incidente de liquidación en el referido juicio de nulidad. Lo así expuesto se precisa, además, atendiendo a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente, es aplicable la Tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, respecto a la omisión de acordar las promociones presentadas los días veintinueve de marzo y dieciocho de mayo, ambos del dos mil diecisiete, dado que así lo refirió la citada sala al rendir el informe justificado requerido. En efecto, de las documentales exhibidas por la sala responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones emitidas en el juicio de origen 253/2012, destaca el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el cual acordó los escritos presentados por el quejoso los días veintinueve de marzo y dieciocho de mayo, ambos del dos mil diecisiete; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones certificadas por funcionarios investidos de fe pública en ejercicio de sus funciones. En otras palabras, resulta indispensable que a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado tenga existencia jurídica; lo que no sucede en el caso, ya que lo relatado evidencia que en la data de interposición del reclamo constitucional (trece de diciembre de dos mil diecisiete), no existía la omisión reclamada. Es aplicable la jurisprudencia que dice : "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" . Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la sala respecto a la omisión de proveer los escritos presentados los días veintinueve de marzo y dieciocho de mayo, ambos del dos mil diecisiete, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En cambio, es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, respecto a la omisión de proveer los diversos escritos presentados los días tres de julio, veintiuno de agosto, veintisiete de octubre, veintisiete de noviembre y seis de diciembre, todos de dos mil diecisiete, así como la omisión de resolver el incidente de liquidación, dentro del juicio de nulidad administrativa 253/2012 de su índice, toda vez que no obstante de no haber aceptado tales actos, la existencia se acredita de las constancias que integran el sumario, de las que se aprecia que la sala no ha acordado los referidos ocursos; por tanto, se tienen por ciertas las omisiones reclamadas respecto a dichos actos. Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia fundada. De oficio, respecto a los actos reclamados a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de dictar la interlocutoria relativa al incidente de liquidación, así como de proveer los escritos de tres de julio, veintiuno de agosto, veintisiete de octubre, veintisiete de noviembre y seis de diciembre, todos del dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó, la omisión de resolver la planilla de liquidación, dentro del juicio de nulidad administrativa 253/2012 del índice de la responsable, así como de acordar los escritos que presentó los días tres de julio, veintiuno de agosto, veintisiete de octubre, veintisiete de noviembre y seis de diciembre, todos del dos mil diecisiete. De la documental que anexó la sala responsable a su informe justificado consistente en copia certificada de la actuación de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 48 a 52), se advierte que a la presentación de la demanda de amparo -trece de diciembre de dos mil diecisiete-, la autoridad no había resuelto la planilla de liquidación presentada por la aquí quejosa, ni acordado los escritos antes referidos; sin embargo, el día quince de enero del año en curso esa omisión fue subsanada. Medio de convicción que goza de eficacia probatoria plena de conformidad a lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil diecisiete), tenía existencia jurídica el acto reclamado; sin embargo, la omisión atribuida a la autoridad responsable cesó el quince de enero de la presente anualidad. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; en consecuencia, se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto primordialmente reclamado, ya que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. De ahí que resulta evidente lo ocioso de realizar el examen de un acto que ya no tiene vida jurídica dado el hacer positivo de la autoridad responsable, puesto que las cosas retornaron al estado en que se encontraban antes de que el acto reclamado se produjera; luego, no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y que, por tanto, ya no ocasionan agravio alguno al peticionario de amparo; en consecuencia, resulta improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" . En esas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse según se patentizó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, respecto al aludido acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Pasillas Aguilar, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos invocados en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con la licenciada Ileana Cruz López, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy treinta de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano