Arturo Ortega de la Paz
Expediente 904/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Ortega de la Paz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el once de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Finalmente, devuélvanse al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato capital, los anexos que remitió junto con la demanda de amparo.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA la resolución de ONCE DE LOS ACTUALES, en atención a que no compareció los días QUINCE NI DIECISÉIS AMBOS DEL MES Y AÑO EN CURSO, para tal efecto, dice: Téngase por recibido el oficio que signa la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y otra autoridad, en virtud de que mediante proveído de tres de noviembre del año en curso, ese tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer del asunto planteado y ordena su remisión a este juzgado de Distrito. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ****, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número *****, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso *****, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107 , fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en los autos del toca ****, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, que confirmó la sentencia emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, por la Juez Cuarto del Ramo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en juicio ordinario civil ****, en la que ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de prevenir a la parte actora para que amplíe su demanda en contra de los litisconsortes no llamados a juicio, esto es, a ****. Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en contra del quejoso, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que la Juez natural requiera a la parte actora para que amplíe su demanda en contra los litisconsortes no llamados a juicio ****. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que incluso no obtuvo sentencia favorable en primera instancia, lo que podría cambiar una vez que se dicte sentencia de nueva cuenta en el juicio natural. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que incluso una vez que se dicte sentencia de nueva cuenta en el juicio natural, éste obtenga sentencia favorable. De lo que se sigue que, todavía se encuentra pendiente de que el juez natural analice las acciones y excepciones que hagan valer las partes en el nuevo controvertido, una vez que sean emplazados ****. Conforme a lo dispuesto por la ley en consulta, la eventual afectación a los derechos sustantivos del quejoso se materializará hasta la emisión de la resolución definitiva correspondiente, en donde, en todo caso, se podrían realizar las violaciones al procedimiento aquí reclamadas. Por tanto, como se precisó, la resolución que se señala como reclamado, no afecta de manera directa e irremediable algún derecho sustantivo del quejoso, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia (aspecto sobre el cual no se prejuzga), en la medida en que tal circunstancia influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del peticionario del amparo. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate el promovente del amparo, no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Ahora, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Arturo Martinez Arizmendi252/2021
- Arturo Martínez Arizmendi568/2017
- Arturo Mondragon Hernandez790/2020
- Arturo Navarro Leon213/2023
- Arturo Neri Vargas277/2015
- Arturo Nieto Almeida5/2018
- Arturo Perez Albor841/2023
- Arturo Perez Jimenez183/2023
- Arturo Rafael Medina Amaro751/2022
- Arturo Rodriguez Negrete525/2023
- Arturo Sevilla Rico902/2022
- Arturo Sevilla Rico924/2022