Arturo Olavarrieta Fritsche

Expediente 1550/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1550/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Arturo Olavarrieta Fritsche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    :. I. Juez de Distrito acusa de recibo de oficios. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio con número de registro 10488 firmado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo 238/2022, del índice del tribunal de su adscripción mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitieron los cuadernos incidentales derivados de este asunto; asimismo, ordena su devolución por los motivos que ahí expone; por tanto, esta autoridad toma conocimiento de lo informado para los efectos correspondientes. Acusese recibo. En ese sentido, se ordena glosar dichos cuardernos incidentales al presente cuaderno de antecedentes, y proveease lo que en derecho corresponda. II. Se ordena archivo. Ahora, de autos se advierte que por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se reservó ordenar el archivo del presente cuaderno de antecedentes, hasta en tanto el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, acusara recibo del oficio por el cual se le remitieron los cuadernos incidentales derivados del presente asunto, lo cual ya aconteció. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Finalmente, se determina que el presente cuaderno, es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.

  2. Principal

    :.I. Juez de Distrito acepta returno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, a través del cual transcribe el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo directo 238/2022, del índice del órgano de su adscripción, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional acepta la competencia por razón de vía planteada en el presente juicio de amparo. II. Se ordena remitir constancias. En virtud de lo anterior, se ordenó remitir al Tribunal Colegiado antes señalado el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, se solicita a la Tribunal de Alzada, con sede en esta ciudad, se sirva encomendar a quien corresponda acuse la recepción del oficio mediante el cual se le remitan las constancias ordenadas en párrafos anteriores. III. Se reserva ordenar el archivo del presente expediente. Finalmente, resérvese proveer sobre el archivo del presente expediente hasta en tanto el Tribunal Colegiado antes citado, acuse recibo del oficio por el que se le remiten las constancias descritas en párrafos precedentes.

  3. Principal

    :. I. Se declina competencia por razón de grado Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, el suscrito considera carecer de competencia legal para conocer del mismo, al ser la vía directa la idónea para su combate. Al efecto, resulta conveniente señalar que la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados de Circuito está prevista por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:. c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y." (.)" Por otra parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ." "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y." Del análisis de los artículos transcritos se colige que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al diverso artículo 170, fracción I, en el que se reclama la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Séptima Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la carpeta de apelación 147/2021 de su índice, en la cual confirmó la diversa resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal promovido por el ahora quejoso en el expediente 3900/2018, del conocimiento del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, la cual constituye la sentencia que pone fin al juicio al resolver todas las pretensiones planteadas en aquél procedimiento, pues únicamente existía controversia entre las partes sobre la forma de liquidación de la sociedad conyugal y, en la determinación que fue confirmada por la ahora reclamada en este asunto, se declaró su improcedencia. Es orientador el criterio sustentado en la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto se insertan a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2012340 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXVII.3o.41 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2572 Tipo: Aislada DIVORCIO INCAUSADO. SI EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE RESUELVE LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES DE AQUELLA ACCIÓN, ÉSTA TIENE LA CALIDAD DE DEFINITIVA Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el amparo directo procede contra: i) sentencias o laudos, es decir, aquellas resoluciones que decidan el juicio en lo principal dirimiendo la litis planteada; y, ii) resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido y respecto de las cuales no procede algún recurso ordinario. Ahora bien, los artículos 985-Sexties y 985-Septies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevén que cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre alguno de los puntos del convenio, dicha cuestión se resolverá mediante "sentencia interlocutoria". Sin embargo, no debe atenderse a la literalidad de esa expresión, sino a su naturaleza, ya que esos preceptos remiten a la sustanciación del juicio oral de divorcio que conlleva al desarrollo de todas sus etapas, esto es, desde la audiencia inicial hasta el dictado de la sentencia y su respectiva apelación. Por ello, si en la sentencia dictada en segunda instancia, relativa a la liquidación de la sociedad conyugal, cuando en ésta se resuelve la totalidad de las pretensiones en el divorcio incausado, tiene la calidad de una sentencia definitiva, puesto que puso fin a la controversia familiar; en consecuencia, en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Luego, el acto reclamado en esta instancia constitucional es impugnable en juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: "Época: Novena Época Registro: 188429 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Común Tesis: 2a. CCXI/2001 Página: 41 COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." II. Envío de constancias. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, debido a que se estima carecer de competencia legal para conocer de este asunto, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales de este expediente, así como los dos tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable consistentes del original de la carpeta de apelación 147/2021, y del expediente de divorcio 3900/2018, tres sobres cerrados que contienen documentales y tres discos compactos; al Tribunal Colegiado de Vigésimo Séptimo Circuito, en turno con residencia en esta ciudad, para que de no tener inconveniente decida si se avoca o no al conocimiento del presente asunto, solicitando se sirva informar la determinación que adopte. III. Se deja sin efectos fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En virtud de lo antes determinado, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintidós. IV. Se reserva envío de cuadernos incidentales. Una vez que se tenga conocimiento de la determinación que adopte el Tribunal Colegiado al que corresponda por razón de turno conocer del presente juicio de amparo, respecto de la competencia propuesta en este acuerdo, remítanse los cuadernos del incidente de suspensión, de ser el caso.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción con número de registro 6740 suscrita por Lezli Eunice Puc Hernández, autorizado de la tercera interesada, en términos del artículo 12 de Ley de Amparo, a través de la cual realiza manifestaciones a manera de alegatos. Por tanto, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas al momento de desahogar la audiencia constitucional.

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