Arturo Nieva González
Expediente 1055/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/04/2018
Partes del expediente
- Arturo Nieva González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1055/2017; y testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 47/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro aspecto, en cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del que se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 3021 de seis de febrero pasado, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 47/2018.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el doce del mes en curso, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del impreso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del ocurso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1055/2017, promovido por Arturo Nieva González, contra el acto reclamado del Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló el concepto de violación que consideró pertinente y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El once siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 1055/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 268/2016, por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en que declaró infundado el recurso que interpuso el quejoso contra el acuerdo de veintitrés anterior, en que se negó la expedición de copias de manera gratuita. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con la copia certificada relativa a la causa mencionada, que remitió en apoyo a dicho informe; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis del concepto de violación contenido en la demanda, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a exponer las razones que sustentan lo anterior, se considera necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del caso, en lo que interesa: 1. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre del año próximo pasado, en el juzgado responsable, el quejoso solicitó ".copias simples gratuitas de todo lo actuado.", fundando su petición además entre otros artículos, en el numeral 23 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. 2. Respecto de dicha solicitud, la responsable el veintitrés siguiente no acordó de conformidad su petición. 3. El amparista se inconformó con la anterior determinación, por lo que el juez responsable tuvo por interpuesto el recurso de revocación, y resolvió en lo que interesa en los siguientes términos: "AUTO. En la Ciudad de México, a 29 veintinueve de noviembre del 2017 dos mil diecisiete. . Por lo que tratándose únicamente de las constancias de autos a analizar, no se considera oportuno escuchar a las partes y por ende se procede a resolverse de plano.. Por lo que una vez que este Órgano Jurisdiccional analizó pormenorizadamente, el Auto de 23 veintitrés de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, que recurrió el Defensor Público y el sentenciado, se advierte que el motivo de su inconformidad resulta infundada para los fines que pretende, por las siguientes razones y consideraciones. Tomando en cuenta que el planteamiento del sentenciado mediante el cual solicitó copias simples gratuitas de todo lo actuado, no señaló motivo alguno, que implicara que le fueran necesarias copias de todo lo actuado, motivo por el cual se le autorizaron estas previo pago de las mismas, aunado a que como se le señaló que las constancias de autos de la presente causa se advierte que a dicho sentenciado Arturo Nieva González, le han sido entregadas a él y su Defensa, copias de la presente causa en las diferentes fase procesales a efecto de que durante la tramitación de la causa, estuviera en condiciones de hacer valer el derecho de defensa y atendiendo al estadio procesal en que se encuentra la presente causa sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada, por tanto se le reitera que de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales (en la Ciudad de México), todos los gastos que se originen en un proceso por las diligencias serán pagadas por el interesado, con las excepciones que en dicho numeral se señalan, esto es, excepto las decretadas por un Tribunal o Juez, o las promovidas por el Ministerio Público o por el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un Defensor de Oficio; sin embargo, el referido precepto habla de 'proceso' y en el caso concreto, el proceso ya ha terminado, en tanto que la presente causa se encuentra concluida, ya que se dictó sentencia definitiva por el Tribunal de Alzada resolución de segunda instancia, y que sí bien es verdad, dentro de la Legislación Procesal Local, no se establece la definición de la acepción 'proceso', lo cierto es que atendiendo al numeral 4 del Código Federal de Procedimientos Penales, se alude: 'Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el Tribunal de Apelación, constituyen el Proceso Penal Federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los Tribunales Federales, resolver sí un hecho es o no delito Federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la Ley', siendo que, en caso concreto dicho proceso ha concluido en su totalidad, por lo que en todo caso, no encuadra su petición perfectamente dentro de las hipótesis de excepción para exentarle del pago de los derechos correspondientes, por tal motivo se le autorizaron previo pago para la expedición de las copias fotostáticas que solicita, lo anterior sin perjuicio del derecho de las partes y del él mismo para consultar los autos, esto en términos de los numerales 23 del Código de Procedimientos Penales y el diverso 271 Fracción I, inciso c) del Código Financiero (ambos en la Ciudad de México). Asimismo nuestra Carta Magna establece en su artículo 20 dentro de las garantías del inculpado, en su número VII, el cual a la letra indica: 'Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso', siendo éste dentro del proceso, no cuando éste, como es el caso concreto, ya ha concluido y tanto las sentencias de primera y segunda instancia han causado ejecutoria, con independencia del derecho del mismo de tener acceso a los autos a la vista en el Local de este H. Juzgado por sí o por persona de su confianza u/o defensa, esto para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes ni vulnerar sus garantías individuales, motivo por el cual se le hizo de conocimiento al sentenciado promovente ARTURO NIEVA GONZÁLEZ, que este Juzgador no esta negando las copias que solicita, por lo que el mismo deberá realizar el pago respectivo de dichas copias al no señalar el motivo para el cual requiera dichas copias. por consiguiente quedan los autos originales de la presente causa a la vista del Licenciado MANUEL JUÁREZ ROBLES a efecto de que consulte, tomar nota de todos y cada uno de los datos que requiera para la defensa del sentenciado, que obren en la causa, y oriente al sentenciado, así como ejerza los actos que considere necesarios a efecto de hacer valer los derechos de defensa, mas aún que el defensor en momento alguno ha solicitado copia de alguna actuación que justifique su necesidad para hacer valer el derecho de defensa del sentenciado. bajo el entendido de que el ejercicio del derecho de que se trata, no puede llevarse al extremo de solicitar varias veces las mismas copias, y tampoco pedir varios tantos sino única exclusivamente lo razonablemente suficiente para ejercer su derecho de Defensa. Por Las razones y consideraciones expuestas, así como las vertidas en el acuerdo de 23 veintitrés de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 409, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales, se declaran infundados los agravios esgrimidos por el sentenciado ARTURO NIEVA GONZÁLEZ por su Defensor Público, ya que los argumentos que esgrimió no resultaron eficaces ni suficientes para que este Órgano Jurisdiccional debiera modificar su resolución, quedando subsistente con las precisiones antes señaladas; en ese tenor, se evidencia que este Juzgador, al emitir el pronunciamiento de 23 veintitrés de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, relacionado con la solicitud planteada por el sentenciado recurrente, en los términos en los que se efectuó, se respetó los Derechos Humanos fundamentales de éste, y por ende con las precisiones señaladas en el presente auto se ESTIMA IMPROCEDENTE REVOCAR EL CONTENIDO DEL AUTO DE 23 VEINTITRÉS DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, precisamente por las razones expuestas con antelación. Notifíquese al sentenciado de manera personal." (sic). Ahora, de la interpretación del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Así, válidamente se puede concluir que contrario a lo que afirma el quejoso, la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, ya que la autoridad responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, precisó que en el caso no se encontraba en la hipótesis prevista en el precepto 23 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, en que el justiciable sustentó su solicitud de copias. Al efecto se cita el precepto mencionado: "Artículo 23. Todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso, se pagarán por la parte que las promueva, con excepción de aquéllas decretadas por un Tribunal o Juez, o promovidas por el Ministerio Público o el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un Defensor de Oficio". Ahora, si bien el dispositivo mencionado prevé que todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso se pagarán por la parte que las promueva, estableciendo como excepción, aquellas decretadas por un tribunal o juez, o promovidas por el Ministerio Público o el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un defensor de oficio, lo cierto es que, asesorado o no por defensor de oficio, la petición realizada por el quejoso no puede ser acordada en los términos que solicita, toda vez que no cumple con uno de los requisitos que establece el precepto legal invocado, ya que las copias no fueron solicitadas dentro del proceso, pues ya fue sentenciado, por tanto, el Estado no está obligado a expedir gratuitamente las copias, dado que el proceso seguido contra el justiciable ya concluyó, y por tanto no causa agravio alguno al solicitante de amparo; aunado a lo anterior, como bien razonó el juez responsable, en la solicitud de copias no se expuso el motivo de la necesidad de ellas, por lo que se insiste, fue correcta la determinación cuestionada. Además, contrario a lo que refiere el amparista, el acto reclamado no trasgrede la garantía prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Lo que se estima de ese modo, porque si bien es cierto que el precepto constitucional transcrito establece la garantía de gratuidad en relación con los servicios que presta la administración de justicia, ya que no se debe cobrar remuneración alguna a los gobernados que la soliciten, tal gratuidad predica únicamente respecto de los servicios que se brindan para administrar justicia y no otros que aun cuando sean otorgados por los órganos encargados de impartir justicia, no sean encaminados a ese fin; de ahí que la expedición de copias solicitadas constituye un servicio distinto a la administración de justicia, el cual genera un gasto que en su caso debe ser cubierto por las partes, pues dicho pago es para el material necesario para la obtención de aquéllas, ya que tal contribución no es un ingreso para la administración pública. Por tanto, al resultar infundado el concepto de violación y no existir materia para suplir su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Arturo Nieva González, contra la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 268/2016, por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en que declaró infundado el recurso que interpuso el quejoso contra el acuerdo de veintitrés anterior, en que se negó la expedición de copias de manera gratuita. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 79 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en la última consideración, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Nieva González, contra la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 268/2016, por el Juez Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en que declaró infundado el recurso que interpuso el quejoso contra el acuerdo de veintitrés anterior, en que se negó la expedición de copias de manera gratuita.
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