Arturo Nieto Pezquera
Expediente 398/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Nieto Pezquera
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitieron el escrito de expresión de agravios con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso ****, contra el auto de once de abril de dos mil veintitrés, emitido por este juzgado, en los autos del juicio de amparo ********************, así como el informe materia de la queja y los autos originales de dicho juicio de amparo; advirtiéndose que admitió a trámite el mismo y fue registrado con el número de recurso de queja 165/2023, de su estadística; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, por medio del cual el quejoso ****, interpone recurso de queja contra el auto de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente asunto, por el que se desechó su demanda de amparo. En tales circunstancias, en vista de que en el auto impugnado fue desechada la demanda de amparo, siendo que no ha sido emplazada a juicio ninguna otra parte, por lo que el presente recurso se encuentra integrado; en consecuencia, se estima procedente remitir los autos originales y solo formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. En ese sentido, previa papeleta de turno que se solicite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remítase de manera física al Tribunal Colegiado que corresponda: Informe materia de la queja. Escrito de expresión de agravios; y, Autos originales del juicio de amparo 398/2023-IX. No pasa inadvertido para este Juzgador, que no obra agregado el presente acuerdo al cuaderno original del aludido sumario constitucional En ese sentido, se instruye al personal de este Órgano Jurisdiccional para que se habilite la función de vinculación del presente expediente electrónico. Finalmente, se solicita de la manera más atenta y respetuosa al Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación, que de no tener inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo del mismo.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *******por propio derecho, contra actos del Director Jurídico del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad, que quedó registrada con el número 398/2023-IX. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por el que se da contestación al oficio CGSPTM/02985/2023, que contiene la solicitud presentada por el quejoso el trece de marzo de dos mil veintitrés. Una vez precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De la causal de improcedencia invocada, se obtiene que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los diversos medios de defensa; principios que están previstos en el artículo 107, de la propia Constitución, entre los cuales se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Explicado lo anterior, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Lo anterior, pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o solo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra actos de las autoridades administrativas o resoluciones de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Por lo que hace al juicio de nulidad para otorgar la suspensión del acto administrativo los requisitos establecidos no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo, de acuerdo a los preceptos 254 a 260, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto en el juicio contencioso, y los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión en el juicio constitucional. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, no dispone requisitos adicionales y los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues, se reitera, que si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese sentido, en el particular no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de este juicio constitucional, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad en contra del oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le dio contestación al oficio CGSPTM/02985/2023, que contiene la solicitud presentada el trece de marzo de dos mil veintitrés. Además de que en el presente juicio no se trata de una omisión absoluta como lo pretende hacer valer la parte quejosa; pues del oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de fecha de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que anexa a su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable únicamente previno a la parte quejosa para que, entre otras cosas, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, exhiba diversas documentales y, precise las funciones, así como el área en que desempeñaba sus funciones. Tampoco no se trata de actos carentes de fundamentación toda vez que la autoridad responsable señaló como normas que sirvieron como base para su emisión los artículos 1, 8, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 5, 112, 113, 114, 116, 117, 122, 124, 128 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México; 50 y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12, fracción VII, y 237 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; 1.7, 1.8 y 1.10 del Código Administrativos del Estado de México; y 20, 120 y 121 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Además de que el acto reclamado no engendra una violación directa a ningún precepto de la Constitución, sino que meramente implica una cuestión de legalidad, pues los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa descansan en una incorrecta contestación a su escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, así como la inobservancia del artículo 33 del Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pues, en sus palabras, la autoridad no debió prevenirlo, sino dar contestación a la petición formulada. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Arturo Nieto Pezquera. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ******* Estado de México. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se tienen como autorizado de la parte quejosa al profesionista Alejandro Flores Avelino, quien podrá gozar de las amplias facultades que les concede el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, respecto de ****** se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestren que tienen registrada su respectiva cedula profesional en el aludido sistema computarizado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******por propio derecho, contra actos del Director Jurídico del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad, que quedó registrada con el número 398/2023-IX. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por el que se da contestación al oficio CGSPTM/02985/2023, que contiene la solicitud presentada por el quejoso el trece de marzo de dos mil veintitrés. Una vez precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De la causal de improcedencia invocada, se obtiene que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los diversos medios de defensa; principios que están previstos en el artículo 107, de la propia Constitución, entre los cuales se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Explicado lo anterior, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Lo anterior, pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o solo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra actos de las autoridades administrativas o resoluciones de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Por lo que hace al juicio de nulidad para otorgar la suspensión del acto administrativo los requisitos establecidos no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo, de acuerdo a los preceptos 254 a 260, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto en el juicio contencioso, y los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión en el juicio constitucional. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, no dispone requisitos adicionales y los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues, se reitera, que si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese sentido, en el particular no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de este juicio constitucional, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad en contra del oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le dio contestación al oficio CGSPTM/02985/2023, que contiene la solicitud presentada el trece de marzo de dos mil veintitrés. Además de que en el presente juicio no se trata de una omisión absoluta como lo pretende hacer valer la parte quejosa; pues del oficio registrado con el número de caso: OP 049704, de fecha de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que anexa a su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable únicamente previno a la parte quejosa para que, entre otras cosas, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, exhiba diversas documentales y, precise las funciones, así como el área en que desempeñaba sus funciones. Tampoco no se trata de actos carentes de fundamentación toda vez que la autoridad responsable señaló como normas que sirvieron como base para su emisión los artículos 1, 8, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 5, 112, 113, 114, 116, 117, 122, 124, 128 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México; 50 y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 12, fracción VII, y 237 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; 1.7, 1.8 y 1.10 del Código Administrativos del Estado de México; y 20, 120 y 121 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Además de que el acto reclamado no engendra una violación directa a ningún precepto de la Constitución, sino que meramente implica una cuestión de legalidad, pues los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa descansan en una incorrecta contestación a su escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, así como la inobservancia del artículo 33 del Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pues, en sus palabras, la autoridad no debió prevenirlo, sino dar contestación a la petición formulada. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Arturo Nieto Pezquera. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ******* Estado de México. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se tienen como autorizado de la parte quejosa al profesionista Alejandro Flores Avelino, quien podrá gozar de las amplias facultades que les concede el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, respecto de ****** se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestren que tienen registrada su respectiva cedula profesional en el aludido sistema computarizado.
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