Arturo Navas Ramírez
Expediente 184/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Arturo Navas Ramírez
- ARTURO NAVAS RAMÍREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de marzo de dos mil veintidós. I. Relación del estado procesal que guardan los autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no existe constancia de que se hayan notificado los oficios 4709/2021, 4710/2021, 4712/2021, 4713/2021, 4714/2021, 4715/2021 y 4716/2021, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, relativos a la sentencia dictada en autos; así como el diverso de 11119/2021 de quince de abril del citado año. II. Se reexpiden oficios. En tal virtud, así como en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse de nueva cuenta los referidos oficios a las autoridades responsables, para que esté en aptitud de notificarse de su contenido. (...) Notifíquese. (...)
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución en la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Sin que obste para lo anterior, que no obren las constancias de notificación a las autoridades responsables, dado que al haberse sobreseído el presente juicio, no irroga en perjuicio del sentido del fallo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. VII. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en doce de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Ciudad de México. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Culiacán, Sinaloa Coordinación Regional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Zona Sur, con residencia en esta ciudad (denominación correcta de las señaladas por el quejoso). Actos reclamados: La omisión de dar respuesta al escrito de seis de noviembre de dos mil dieciocho, presentado el doce de ese mes y año. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En catorce de marzo de dos mil diecinueve se admitió la demanda, se requirieron los informes justificados, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción; asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional. En veinte de mayo de dos mil diecinueve se admitió la ampliación de demanda, respecto a las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Diario Oficial de la Federación. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Todos con residencia en Ciudad de México. Actos reclamados: La negativa a acceder a la solicitud presentada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, para consumir marihuana de forma regular y personal, con fines lúdicos o recreativos y realizar las actividades correlativas al autoconsumo (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana). La expedición, promulgación, publicación y ejecución de la Ley General de Salud, en específico la inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248, en relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico THC, en consumo conocidos como marihuana. Seguida la secuela procesal, inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, en atención que se reclamó originalmente un acto omisivo; ello, de conformidad con los artículos 33 fracción IV y 37 último párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito en doce de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la autorización para el consumo individual de cannabis sativa, THC y sus variantes estereoquímicas, así como la siembra, producción, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana. La respuesta negativa a la anterior solicitud, contenida en oficio 183301EL352224, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, lo cual fue notificado en diez de abril de dos mil diecinueve. La inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, por su primer acto de aplicación, consistente en el referido oficio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es verdad que las autoridades responsables Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Ciudad de México, Coordinación Regional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Zona Sur, con residencia en esta ciudad (denominación correcta de las señaladas por el quejoso) y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Culiacán, Sinaloa, fueron omisas en atender la petición del quejoso, con independencia de que la primera de las mencionadas lo haya negado al rendir su informe con justificación (fojas 44 a 53), pues la certeza aseverada se evidencia del contenido de sus propias manifestaciones así como con lo informado por las diversas autoridades sanitarias estatales (fojas 18 a 35). Lo que se robustece con el análisis de las constancias que remitieron en apoyo a sus respectivos informes, mismas que son valoradas en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de ellas se obtiene que las aludidas responsables recibieron la solicitud del quejoso y, si bien, se atendió mediante oficios de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (remisión a la autoridad federal) y de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (negativa), lo cierto es que, a la fecha de presentación del juicio de amparo, no se había notificado tal contestación, lo que aconteció con posterioridad, interviniendo todas las mencionadas. Lo que conduce a tener por cierto el diverso acto que se le reclama a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Ciudad de México, en vía de ampliación de demanda, consistente en la emisión del oficio 183301EL352224 en el que se le negó la solicitud planteada; mismo que contiene las normas tildadas de inconstitucionales, lo cual así fue aceptado por la indicada autoridad. En esa tónica, la existencia de las normas reclamadas se obtiene de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, al constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (2a./J. 65/2000, contenida en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Lo que se encuentra reconocido por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado respecto a la ampliación de demanda, quienes, en el ámbito de sus competencias, ordenaron la emisión, promulgación, publicación y aplicación de las normas impugnadas. CUARTO. Antecedentes comunes de los actos reclamados. De las constancias que integran el juicio constitucional, se obtienen los siguientes antecedentes que sirven de base para el análisis de cada uno de los actos reclamados y que son los siguientes: En doce de noviembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso, por escrito, presentó solicitud ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la autorización para el consumo individual de cannabis sativa, THC y sus variantes estereoquímicas, así como todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana (foja 25). En doce de noviembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso compareció ante la Coordinación Regional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Zona Sur, con residencia en esta ciudad, en donde le fue informada la falta de competencia de esta para atenderla, por lo que sería remitida a la autoridad federal (foja 28). En veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se emitió el oficio 06931, a través del cual se le hizo saber al impetrante que su trámite ya había sido remitido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Ciudad de México, lo que aconteció mediante similar 06932 (foja 29). En quince de diciembre de dos mil dieciocho inició el trámite de autorización sanitaria de estupefacientes, ante la dependencia federal, según el comprobante respectivo folio 183301EL352224 (foja 31). En veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se emitió el oficio 183301EL352224, a través del cual se negó por improcedente la solicitud formulada por el aquí quejoso, entre otros, conforme a los artículos 1, 3 fracciones I, XXII y XXVIII, 4 fracción III, 13 inciso a) fracción IX y X, 17 bis fracción IV, 194 último párrafo, 194 bis, 197, 204, 212, 221, 222, 222 bis, 223, 368, 371, 376, 376 bis fracción I, 378 y 393 de la Ley General de Salud (foja 34). En diez de abril de dos mil diecinueve, el quejoso fue notificado de dicha respuesta, en el domicilio que señaló para tal efecto, por conducto de Francisco Enrique Escobar Beltrán, quien mostró identificación oficial y dijo ser apoderado legal del interesado (fojas 33 y 34). QUINTO. Improcedencia del juicio -derecho de petición-. Sobrevino la improcedencia del juicio, conforme al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, respecto del acto reclamado consistente en: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito en doce de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la autorización para el consumo individual de cannabis sativa, THC y sus variantes estereoquímicas, así como la siembra, producción, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana. La norma en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia que se invoca, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Tal hipótesis se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin del juicio constitucional, que es el de obtener la reparación a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; u, obligando a la responsable a respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que exija, cuando es de carácter negativo. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Igualmente resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." (P. CL/97, localizable en la página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Con base en lo anterior, la improcedencia del juicio se actualiza porque de los antecedentes previamente narrados, en lo atinente, se obtiene que la solicitud del aquí quejoso fue atendida mediante oficio 183301EL352224 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el cual fue notificado hasta el diez de abril de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Entonces, con ello se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, debido a que la petición de la quejosa quedó contestada y fue notificado el nueve siguiente, por conducto de quien se dijo apoderado legal, quien también lo es autorizado en este juicio de amparo. Por ende, se cumplieron las formalidades que establece el artículo 8º de la Constitución General de la República, al haberse dado contestación a la solicitud planteada y practicado la notificación respectiva. En ese escenario, sobrevino la mencionada improcedencia, en razón de que la omisión que originó la acción constitucional quedó insubsistente, provocando la desaparición del objeto de la misma, que es la de obligar a la responsable a que abandone su conducta omisiva, respetando la garantía de que se trate. De ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no subsisten; se reitera, la improcedencia referida se determina por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Consecuentemente, respecto del acto y autoridades destacadas en este apartado, se sobresee en el juicio de amparo, conforme a los artículos 61 fracción XXI y 63 fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Improcedencia del juicio -negativa e inconstitucionalidad de normas-. Por ausencia de conceptos de violación contra proceso legislativo. Es improcedente el juicio respecto a los actos legislativos (refrendo y publicación) atribuidos a la Secretaría de Gobernación y el Director del Diario Oficial de la Federación, ambos con residencia en Ciudad de México, acorde al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al no impugnarse por vicios propios el acto en el que tomaron participación en el proceso legislativo del que emanó las normas generales reclamadas. En tal virtud, se sobresee en el amparo únicamente por cuanto se refiere a las citadas autoridades; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Improcedencia del juicio en relación con el acto de aplicación de la ley impugnada. En otro aspecto, es improcedente el juicio en relación con la respuesta negativa contenida en oficio 183301EL352224, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, lo cual fue notificado en diez de abril de dos mil diecinueve, respecto a la solicitud para el consumo lúdico e individual de cannabis sativa, THC y sus variantes estereoquímicas, así como todo acto relacionado para ello. Lo anterior, de conformidad con el artículo 61 fracción XIV de Ley de amparo, por reclamarse un acto consentido tácitamente, al dejar transcurrir el plazo para ejercer la acción respectiva. La citada norma dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" (Lo resaltado no es de origen). De artículo transcrito se deduce que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. En este contexto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo que se reclame una norma por su carácter autoaplicativo, caso en el cual el impetrante contará con treinta días. La citada regla general admite excepciones, entre otras, que el acto que se reclama se encuentre en el supuesto de que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso, se reclama la negativa contenida en el oficio 183301EL352224, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, respecto a la solicitud para el consumo lúdico e individual de cannabis sativa, THC y sus variantes estereoquímicas, así como todo acto relacionado para ello. Por ende, no se advierte actualizada alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, consecuentemente, el plazo para reclamarlo en vía constitucional, es el genérico. Ahora, para computarlo, es necesario acudir al numeral 18 de la Ley de Amparo que, en lo esencial, precisa que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de las normas autoaplicativas, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el particular, se debe acudir a la primera de las hipótesis contempladas en la ley de la materia, a saber, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Lo anterior, porque la respuesta obtenida se notificó conforme a las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los artículos 36 y 38 del citado ordenamiento disponen: "Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio." "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación." De los numerales transcritos se obtiene, en esencia, que las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último señalado ante el órgano administrativo correspondiente. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio y entregar copia del acto que se notifique, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Además, indican que las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal y las mismas surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. En ese tenor, de las constancias adjuntadas por las autoridades sanitarias responsables, mismas que ya fueron valoradas, se obtiene que el oficio reclamado y del cual se desprende la impugnación de diversas normas, fue notificado en diez de abril de dos mil diecinueve, en el domicilio que señaló para tal efecto, por conducto de Francisco Enrique Escobar Beltrán, quien mostró identificación oficial y dijo ser apoderado legal del interesado (fojas 33 y 34). Así, el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo transcurrió del once de abril al siete de mayo, ambos de dos mil diecinueve, descontando los días inhábiles trece, catorce, diecisiete al veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril de dos mil diecinueve, así como uno, cuatro y cinco de mayo de ese año, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y la circular 25/2019 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Lo que se explica de la siguiente manera gráfica: Fecha de notificación Surte efectos Transcurso del plazo Días inhábiles 10 de abril de 2019 10 de abril de 2019 Del 11 de abril al 7 de mayo de 2019 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27 y 28 de abril, así como 1, 4 y 5 de mayo, todos de 2019. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante buzón judicial en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán; es claro que se presentó en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, no escapa de escrutinio que en proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista al quejoso con el informe justificado del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en Culiacán, Sinaloa por sí y en representación de la Coordinación Regional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Zona Sur, con residencia en esta ciudad (denominación correcta de las señaladas por el quejoso). Ello, para ampliar la demanda respecto a la aparición de un novedoso acto reclamado, a saber, la respuesta negativa a su petición, a fin de no incurrir en alguna violación a las normas del procedimiento que amerite la reposición del juicio de amparo, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como criterio general que, si se advierte, a partir del informe justificado, la existencia de nuevos actos vinculados con el originalmente reclamado, debe notificarse personalmente al quejoso y requerirse que indique si amplía su demanda. Lo referido se obtiene de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." (1a./J. 136/2011 (9a.), Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1, página 801, Décima Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Pero el cumplimiento de esa obligación procesal, no implica que necesariamente sea procedente la ampliación o que deba analizarse el fondo de la cuestión ahí planteada, pues, tratándose de derecho de petición, la única salvedad existente es la de agotar el principio de definitividad, pero se insiste, ello no implica que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a aquella, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público. Así lo contempla la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." (P./J. 15/2019 (10a.), Libro 74, enero de 2020, Tomo I, página 5, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Partiendo de ello, en el caso, el quejoso agotó la oportunidad procesal otorgada, pretendiendo computar el plazo para reclamar el novedoso acto (contestación negativa a su solicitud) a partir de la notificación del acuerdo emitido en el juicio de amparo y no conforme a la diligencia correspondiente al acto reclamado. En otras palabras, el impetrante consideró la oportunidad para ampliar la demanda, a partir de la notificación efectuada del acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve; pero, desde antes ya sabía de la existencia del acto novedoso porque de él fue notificado por la autoridad responsable, en diligencia de diez de ese mes y año. Luego, es de recordarse que conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Lo que significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Ese razonamiento, aplicado al caso en análisis, conduce a sostener que si el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado desde el momento en que la autoridad se lo notificó, entonces, no tenía por qué esperar a que en el juicio de amparo, se le otorgara esa oportunidad procesal, pues pudo haber acontecido que ni siquiera se hubiera rendido informe justificado por parte de la autoridad responsable, lo que obligaría a actuar conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo y resolver con lo que ello implica. Entonces, si el quejoso tuvo conocimiento no solo por cualquier otro medio, sino por virtud de una diligencia formal de notificación, en el domicilio procesal señalado ante la autoridad sanitaria responsable, por conducto de su representante legal, quien además es su autorizado en términos amplios en este juicio de amparo, desde ese momento inició el plazo para poder reclamar en diverso amparo o en ampliación, el novedoso acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (P./J. 115/2010, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Consecuentemente, si se consintió tácitamente el acto reclamado por no interponer el juicio constitucional dentro del plazo que la propia ley de la materia establece, se sobresee en el juicio de amparo al actualizarse la improcedencia del juicio prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del oficio 183301EL352224, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Improcedencia respecto a las normas generales reclamadas. Como consecuencia de lo anterior, también lo es respecto a las normas tildadas de inconstitucionales, al ser improcedente el juicio por el acto de aplicación. Es así, porque con independencia de la naturaleza jurídica de la disposición contenida en el precepto reclamado (autoaplicativa o heteroaplicativa), la procedencia del juicio es con base al acto de aplicación, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario la hipótesis jurídica controvertida, y sí en relación con él, se actualiza una diversa causa de improcedencia, se sobreseerá el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (2a./J. 71/2000, contenida en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). De tal manera que si por el acto de aplicación de las normas impugnadas, se sobreseyó en el juicio, al no poderse desvincular su estudio, también resulta improcedente respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248, en relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico THC, en consumo conocidos como marihuana. De ahí que sea improcedente el juicio de amparo respecto a la inconstitucionalidad de normas que se reclama, conforme a la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio amparo promovido por Arturo Navas Ramírez, contra los actos precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley y en los plazos legales. Se instruye al secretario o secretaria, y al oficial administrativo respectivo para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Así lo resuelve y firma, Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, hoy dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante Juan Alfonzo Salazar Muñoz, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...Vistos los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa respecto del acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, con el que se dio vista respecto del oficio signado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el cual aclaró su informe justificado de veintinueve de julio de dos mil diecinueve en el que aclaró que el trámite correcto a la solicitud del quejoso es el 183301EL352224, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. En consecuencia, se instruye a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional a efecto de que realice la notificación correspondiente respecto del referido auto a la parte quejosa. ... En razón de lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con catorce minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. ... Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.
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