Arturo Nava Hernández
Expediente 32/2024 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2024
- Año
- 2024
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Nava Hernández
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 43616/2023 firmado por la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos originales del expediente 1366/2023-II, de su índice en un tomo y dos tomos del incidente de suspensión y un legajo de copias certificadas, en el que se encuentra glosada la demanda de amparo promovida por **** toda vez que por auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dicho Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda en cuestión. Acúsese el recibo correspondiente. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito acepta la competencia declinada en su favor y se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo promovida por ******** contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Azteca Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos en los artículos 14°, 16° y 123° constitucionales; con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 107, fracción VI, 108 y 115 de la Ley de Amparo, la cual fue admitida por el juzgado declinante. Fórmese expediente electrónico y regístrese con el número 22/2024-II. Se convalidan todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente principal con motivo de la demanda de amparo que se acuerda. Sin necesidad de formarse por separado el incidente de suspensión, puesto que la autoridad oficiante remite los cuadernos respectivos; por lo que se ordena el cambio de caratulas y provéase lo conducente a su recepción en el cuaderno respectivo. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se tiene como tercero interesado a ************, a quien se le deberá emplazar en el domicilio que señala la quejosa, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y su auto admisorio. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite a la ampliación de demanda y se tiene como nueva autoridad responsable al Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Incidental
Vista la certificación secretarial que antecede, toda vez que por auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente este juzgado federal aceptó la competencia por conocimiento previo para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y *** y se admitió la ampliación de demanda respecto del Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; en consecuencia, se tiene por radicado el presente incidente de suspensión. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la llegada y radicación del cuaderno incidental del amparo proveniente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, expediente (1366/2023) mismo que ahora se tramitará con el número 32/2024-II del índice de este juzgado federal. Fórmese el expediente electrónico y sustitúyase la carátula principal. Por otra parte y toda vez que corresponde a este juzgado Federal proveer sobre la suspensión de los actos reclamados por tratarse actos relacionados con la materia civil; con excepción de la formación del cuaderno de suspensión correspondiente y la solicitud de informes previos a las autoridades responsables Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Azteca Sociedad Anónima Institución de Banca M********************, no se convalidan las actuaciones realizadas por el juzgado Federal declinante con motivo de la suspensión de los actos reclamados. INFORME PREVIO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México su informe previo, que deberá rendir dentro de cuarenta y ocho horas, para cuyo efecto remítasele copia simple de la demanda de garantías, escrito de ampliación de demanda y de este acuerdo, informe en el cual se concretará a expresar si es cierto el acto reclamado que se le atribuye, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, apercibida que de no hacerlo se le sancionará con multa de cien días de días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 260 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la denominación de salarios mínimos contenida en los numerales legales previamente citados en este proveído, se entenderá referida a la Unidad de Medida a que se hace mención en el texto normativo del artículo 26, letra B, párrafos sexto y séptimo en relación a los transitorios primero, segundo y tercero, todos de la ley de revisión constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; actualizada mediante decreto de diez de enero de dos mil veintidós, publicado en el referido medio de comunicación oficial. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia incidental. Suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para que proceda la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que lo solicite, la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, debiendo ponderar la apariencia del buen derecho. En efecto, la apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. No obstante, para realizar dicha ponderación de análisis, es dable hacerlo en concordancia con el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de la medida cautelar pudiera ocasionar al quejoso, pues de esa forma el juzgador podrá determinar cuáles son los daños de difícil reparación que puede sufrir el promovente en el caso de negarse la medida; y si, en su caso, el perjuicio al interés social sería mayor que estos en caso de concederse la medida. Por otro lado, es importante señalar que en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia en el juicio natural, ello si es jurídica y materialmente posible y fijando la situación en la cual deberán de quedar las cosas a efecto de conservar la material del amparo hasta la terminación de éste. Entonces, tal como se advierte del precitado artículo, el juez que conoce de la contienda constitucional se encuentra obligado a analizar el caso concreto sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, por lo cual, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan grave pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, es factible conceder la suspensión solicitada y fijar, según el caso concreto, en que situación debe imperar y en caso de ser jurídica y materialmente posible, como ya se mencionó, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Por último, conviene tener presente que el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, dispone que las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables y sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto. No obstante, como la propia norma de seguridad social lo establece, la cualidad de inembargable de la pensión jubilatoria no es absoluta y tampoco se relaciona exclusivamente con el pago de alimentos. a su interpretación literal ya que el precepto constitucional no se refiere expresamente a la pensión. Sin embargo, el tribunal supremo determinó que, aun cuando el salario y la pensión jubilatoria tienen un origen distinto -el primero está previsto en la ley y constituye la retribución pagada al trabajador por su labor, mientras que la segunda tiene un origen contractual y se genera con motivo de la terminación de la relación de trabajo, por el servicio durante varios años-; se asemejan en cuanto a que ésta reemplaza a aquél como fuente de sustento económico del ex trabajador y de sus dependientes económicos. Por tanto, se estableció que la manera idónea para garantizar la subsistencia digna de quienes reciben una pensión por jubilación es protegiéndola contra embargo, compensación o descuento, hasta por el monto establecido en el artículo 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable por igualdad de razón. Así, cuando el monto de la pensión no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, la pensión no podrá retenerse; por lo cual, únicamente se podrá trabar embargo por el excedente de ese límite, que es el parámetro establecido por el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, como no gravable para efectos de ese tributo. Además, se actualiza el requisito previsto en la fracción II del citado precepto legal, en tanto que con la medida cautelar solicitada no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que con ello no se detiene un procedimiento encaminado a resolver sobre las acciones y excepciones que las partes hayan hecho valer. De igual modo, de las constancias recabadas por el homologo federal se advierte que el Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, solicitó a la institución de crédito la orden de embargo de la cuenta bancaria ********************, y manifiesta el quejoso bajo protesta decir verdad que en ella se deposita su pensión por jubilación otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, adjunta copia certificada de la resolución correspondiente. De lo anterior se tiene que, para efectos de la suspensión provisional, se acredita que el quejoso goza de una pensión por vejez; que bajo protesta de decir verdad se indica que dicha pensión se deposita en la cuenta ********************, del Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca M********************, de la cual refiere ser titular el peticionario del amparo; y, que con motivo de los actos reclamados dicha cuenta fue bloqueada. En tal virtud, se estima que debe concederse la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en virtud de reunirse y satisfacerse los requisitos que establece el artículo 128 y 147 de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se le privaría de la pensión que por concepto de jubilación se le otorga, percepción que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, como ya se dijo son inembargables. Efectos de la medida. Con fundamento en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que las autoridades responsables: a) Liberen las cantidades que por concepto de pensión jubilatoria se le han depositado y se le depositen al peticionario del amparo, en la cuenta bancaria ********************, del Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca M********************, siempre y cuando exista certeza de que *** es el titular, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general en la Ciudad de México, por lo cual, únicamente podrá retenerse el excedente a dicho parámetro. b) Liberen el excedente que exista del monto materia del embargo, que en su caso, haya impuesto a la parte quejosa sobre la cuenta bancaria que señala el quejoso como afectada y en las que no recibe monto alguno por concepto de su pensión jubilatoria, siendo las siguientes: **** A fin de garantizar la subsistencia digna del solicitante del amparo, de las cantidades que por concepto de pensión jubilatoria se le han depositado y se le sigan depositando en la cuenta bancaria ********************, del Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca M********************, se considere innembargable el equivalente a quince veces el salario mínimo general vigente en esta ciudad y, en consecuencia, únicamente se tenga por embargada la cuenta mencionada, por el excedente a dicha cantidad; esto, en términos de lo dispuesto tanto en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue transcrita con antelación del artículo 193, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicha concesión suspensional surte efectos desde la presente resolución, lo anterior de acuerdo con lo establecido por el numeral 136 de la Ley de Amparo; hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Garantía. En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá otorgar garantía para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada con la suspensión del acto reclamado. Ahora, ya que este juzgado de Distrito no cuenta con los elementos objetivos concretos para establecer el monto de la garantía referida, pues no se advierte la cantidad que por concepto de pensión percibe el quejoso. En ese sentido, en el uso de la facultad que confiere a este juzgador el segundo párrafo del artículo 132 citado y con base en la copia certificada de la resolución que otorga la pensión por vejez y el estado de cuenta que exhibe el quejoso, de los cuales se aprecia a manera de indicio que el referido Instituto deposita mensualmente en la cuenta indicada la cantidad de $9,668.99 (nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 99/100 moneda nacional); en consecuencia se fija en forma discrecional una garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que servirá para resarcir los posibles daños e indemnizar los perjuicios que puedan ocasionarse a la parte tercera interesada con la medida decretada, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Así, la medida cautelar surte sus efectos desde luego pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no exhibe en el término de cinco días, en cualquiera de las formas establecidas la garantía antes fijada. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
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