Arturo Nápoles Sosa
Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Nápoles Sosa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Remite copia autorizada de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos y acúsese recibo del oficio 3736 signado por la Secretaria de acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de seis de los corrientes, pronunciada dentro del recurso de queja administrativa ********************, interpuesto por la parte promovente del amparo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada, resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del artículo 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil diecinueve. Interposición de queja. Visto el escrito que suscribe el quejoso Arturo Nápoles Sosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril del año en curso, a través del cual se desechó la demanda que originó el presente cuadernillo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, que es cierto el acto recurrido. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo, a efecto de que se esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Finalmente, sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente asunto el auto recurrido consiste en el que se desechó la demanda de garantías, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta, promovida por Arturo Nápoles Sosa, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ... De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, con el propósito de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sentado lo anterior, resulta indispensable precisar que, de la lectura íntegra de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa se obtiene que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La reducción de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al aquí quejoso, con motivo de la aplicación retroactiva de la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para su cálculo y determinación. Con base en lo expuesto hasta el momento, quien esto provee considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que, en la especie, el peticionario del amparo omitió agotar el principio de definitividad imbíbito en la porción normativa transcrita en primer término (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es del tenor literal siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]" Del precepto legal reproducido supralíneas se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será competente para conocer de los juicio en los que se impugnen las determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, siempre que se trate de aquellas se encuentren a cargo del erario o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, si ya quedó precisado que, en el caso, la queja estriba en la determinación de adoptar retroactivamente la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para el cálculo de la pensión otorgada al quejoso por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; válidamente puede afirmarse que, antes de promover la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, era necesario que el pensionado, aquí quejoso, promoviera el juicio de contencioso administrativo federal respecto de la determinación que aquí pretende combatir. A propósito de lo expuesto, resulta aplicable la tesis que se inserta infralíneas: ... Máxime, que al resolver la contradicción de tesis 222/2015, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, estableció que es necesario agotar el indicado medio de defensa ordinario, por considerar los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, que tienen por objeto la preservación de la materia del juicio, tanto en el juicio de amparo como en el juicio contencioso administrativo federal, son coincidentes. Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia que se reproduce en seguida: ...Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa señaló que el juicio es procedente, sin que sea necesario observar el principio de definitividad toda vez que reclama la aplicación retroactiva de Unidad y Medida de Actualización a la pensión otorgada al trabajador, ahora amparista, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que dicha circunstancia podría considerarse como un aspecto de inconstitucionalidad, lo cual a su vez, actualizaría una excepción al principio de definitividad; sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, la Segunda Sala del Alto Tribunal del Estado, determinó toralmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma entendida como: ".la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis normativa, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional .", constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que al no actualizarse la excepción mencionada a la definitividad, debe estimarse que tal planteamiento debe examinarse en el juicio contencioso administrativo federal. Tales razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2003874 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 78/2013 (10a.) Página: 988 PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 502/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de abril de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Tesis de jurisprudencia 78/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece. Nota: Por ejecutoria del 7 de enero de 2014, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 283/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. __________________________ Nota: (*) Criterio que se contiene en la tesis 2a./J. 87/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 415, con el rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA." Por ello, debe desecharse de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con datos de identificación del tenor que se reproduce a continuación: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Queja 3/93. Moreno y Asociados, S.A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión (improcedencia) 21/2004. Llantera Contreras, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. Amparo en revisión (improcedencia) 446/2004. Marco Antonio García Pumarino. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 168/2005. Sabina Rivera Colula y otra. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 411/2005. Cobranza Internacional de Carteras, S.A. de C.V. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Nápoles Sosa, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Cabe señalar que la presente determinación es notoria porque no se requiere un mayor estudio del fondo del asunto ni constancias que pudiera aportar la autoridad responsable, debido a que las jurisprudencias invocadas patentizan la improcedencia del juicio de amparo. Además, se considera pertinente desechar de plano la demanda, porque incluso de admitirse no podría arribarse a una conclusión distinta; aunado al hecho de que podría ocasionarse un mayor perjuicio al quejoso tramitarse un juicio que resultara improcedente; habida cuenta que el tiempo que tome la integración del asunto transcurriría en su perjuicio respecto del plazo que tiene para la promoción del juicio contencioso administrativo. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Consulta vía electrónica. Por otra parte, como lo solicita el ocursante, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "RAQF920418HDGYXL04"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Autorizados de la parte quejosa. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene al quejoso autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sabas Román González, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, de conformidad a lo establecido por el segundo párrafo, del numeral 24 de la ley en aplicación, a las restantes personas que refiere. Además, en los términos del segundo supuesto en cita, se tiene como autorizado a Felipe de Jesús Raygoza Quiñonez, en atención a que es el titular del usuario referido en el párrafo que antecede; en la inteligencia que de no estar conforme con este tópico, el quejoso podrá manifestarlo en forma expresa. Requerimiento a las partes. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. Horario para notificaciones en el local de este juzgado. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de practicar las notificaciones personales que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Notificaciones a la responsable. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. ...
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