Arturo Moro Martínez

Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad.
  • Arturo Moro Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Se deja de proveer al respecto, toda vez que no existen documentos que sea necesaria su devolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto, el escrito firmado electrónicamente por +++, mediante el cual en vía de alcance a su escrito de desahogo de prevención exhibe pruebas. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta únicamente para que obre como corresponda toda vez que en proveído que antecede se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto, el escrito firmado electrónicamente por la parte quejosa +++, apoderado legal de +++, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la prevención decretada en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la actuación que el promovente le atribuye a la autoridad responsable 1. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, es el siguiente: La diligencia de requerimiento de pago y/o embargo practicada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral 516/2019, en la cual se negó a trabar formal embargo respecto de las cuentas bancarias de la parte demandada Bachoco Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Aviser Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que la parte actora no proporcionó los datos respectivos. En el contexto anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la disposición legal transcrita, se observa que establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que el quejoso, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones al principio de definitividad, es decir, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, con registro digital 191539, cuyo rubro menciona : "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis mencionadas, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que procede en contra el citado acto reclamado; ello, por las razones que a continuación se expondrán. En efecto, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, o afectaciones a la garantía de administración de justicia pronta y expedita, así como el derecho de audiencia pública, señalados en el diverso numeral 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. Cabe mencionar que para la resolución del presente asunto serán aplicables las normas contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento de la promoción del juicio laboral de origen -lo que acaeció en dos mil diecinueve-. Lo anterior, porque si bien es cierto que el aludido decreto, de conformidad con su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el dos de mayo de dos mil diecinueve, también lo es que de acuerdo con los transitorios séptimo y octavo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, y conforme a la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones vigentes antes de ello, hasta el inicio de funciones de los nuevos Tribunales Laborales, federales y locales, así como los centros de conciliación, lo que todavía no acontecía a la fecha de inicio del expediente generador del acto reclamado -seis de julio de dos mil diecinueve- en el presente juicio de amparo. En el entendido de que, tratándose del Estado de Chiapas, Circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional federal, es hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, cuando arrancó formalmente la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, según declaratoria del Senado de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto referido. En ese sentido, el artículo 849, de la Ley Federal de Trabajo, prevé que contra actos de los presidentes de las juntas "en ejecución" de los laudos sin hacer una distinción entre la "última resolución" es decir, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y las que solo constituyen resoluciones anteriores a aquella, procede el recurso de revisión. Sustenta lo anterior, la Tesis XXVII.3 L, Tomo XVIII, Julio de 2003, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 183726, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO." Luego, si la parte quejosa señaló como acto reclamado como ya se dijo -la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo practicada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral 516/2019, en la cual el fedatario adscrito a la junta de mérito, se negó a trabar formal embargo respecto de las cuentas bancarias de la parte demandada Bachoco Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Aviser Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que la parte actora no proporcionó los datos respectivos- lo cual le atribuyó al Actuario adscrito a la Junta en comento; es inconcuso que en términos del referido artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, debió agotar el recurso de revisión. Es así, en virtud de que de conformidad con el artículo citado -849, de la Ley Federal del Trabajo- los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los ejecutores de los laudos que pronuncian esas Juntas, teniendo obligación de dictar al efecto, todas las resoluciones eficaces para esa ejecución, y las medidas necesarias, en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; pero es indudable que no siempre al dictar esas resoluciones y medidas, ejecutan las órdenes y mandatos que se determinen en las mismas, ya que la ejecución material de ellas las llevan a cabo los actuarios que le están adscritos, de lo que resulta que éstos no obran por sí mismos, sino en cumplimiento de las determinaciones de ese ejecutor, y en delegación de las funciones que a aquél le están encomendadas, por cuyo motivo, las diligencias que practiquen esos actuarios, son en ejecución de las resoluciones que dicten los presidentes de esas Juntas, como en la especie acontece. Lo anterior, se considera así, toda vez que, el recurso de revisión es el medio para que la parte afectada pueda lograr que desaparezca el agravio cometido en su esfera jurídica, y las violaciones que argumenta se le ocasionaron, pues de la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por el sentido que informa, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Época: Décima Época, Registro: 2005039, Primera Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página: 350, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Por tanto, se itera, es evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61, de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que las causales de improcedencia en mención, son notorias y manifiestas. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, página 890, Tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 196196, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista, la demanda de amparo presentada en línea, promovida por Pasiano Hernández Moreno, quien se ostenta como apoderado legal del quejoso +++, mismo que pretende acreditar su personalidad, según su dicho, con la copia simple de la diligencia de requerimiento de pago de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, relativa al expediente natural, contra el acto que reclama a la 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1197/2022-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN. A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Deberá acreditar con documento fehaciente la personalidad que aduce tener, esto es, como apoderado legal de Arturo Moro Martínez, toda vez que del contenido íntegro de su demanda de amparo, se desprende que pretende hacer valer la misma con la copia simple de la diligencia de requerimiento de cumplimiento de laudo practicada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral 516/2019, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, empero, la misma, a juicio de este órgano jurisdiccional, carece de valor jurídico alguno en términos del ordinal 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Una vez subsanado lo anterior, tomando en consideración que la demanda que nos ocupa fue presentada en línea, también tendrá que dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a saber, que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado condigno con el cual, en su caso, acredite su personalidad es copia inalterada de su original. Lo anterior, sin perjuicio que, de ser su deseo está en aptitud de presentarlo de manera física. SEGUNDO: Precise con exactitud a quien le atribuye la actuación que por esta vía combate, ya que de sus expresiones se advierte que la autoridad emisora del mismo lo es el Actuario adscrito a la Junta de que se trata, no así todos los integrantes de ésta tal y como lo plantea. En la inteligencia, que al desahogar la prevención de mérito, tendrá que circunscribirse a aclarar los puntos que fueron materia de prevención, no así respecto de cuestiones diversas. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE CUENTA. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo a la parte quejosa, se realizarán por vía electrónica, a través de cualquiera de los siguientes usuarios "moreno_hdz, Rodarte03 y Arrazola117". VII. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona los nombres de los usuarios "moreno_hdz, Rodarte03 y Arrazola117". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que puedan tener acceso al expediente electrónico en comento. Atento a lo anterior, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. VIII. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio, toda vez que, como lo solicita en su escrito de demanda, las notificaciones se le harán vía electrónica. De igual forma, no se soslaya que el ocursante también haya señalado domicilio ubicado en Privada Pirita Sur número 112, Fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, a fin de oír y recibir notificaciones, empero, tomando en consideración el contexto actual derivado de la pandemia por el virus denominado COVID-19, se debe privilegiar los medios electrónicos; sin perjuicio de que con posterioridad éste realice diversa solicitud e indique dicho medio físico para tales efectos. Y únicamente se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a Carlos Fernando Arrazola Farjeat, Nancy Rodarte de los Santos y Erick Omar Hernández Meda, por así haberlo solicitado. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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