Arturo Moreno Campillo
Expediente 821/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Moreno Campillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 821/2023, promovido por Arturo Moreno Campillo contra actos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arturo Moreno Campillo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos ".sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, misma que fue dictada al resolver el toca 52/2023-4-16, correspondiente a la excepción de incompetencia por declinatoria formulada en el expediente de origen 655/2022-2. SEGUNDO. El catorce de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 821/2023, y una vez subsanada la prevención formulada, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 52/2023-4-16, que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria formulada en el expediente de origen 655/2022-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Ahora, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, el suscrito no advierte causal de improcedencia invocada por las partes o alguna que opere de manera oficiosa, por lo que se procede a analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una relatoría de los antecedentes del acto reclamado, posteriormente la síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Antecedentes del asunto. 1. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la tercero interesada Yelitza Yulín Rosas Ceballos, promovió por la vía de controversia del orden familiar, la modificación de la cosa juzgada, relativa a la sentencia definitiva de divorcio, en específico la pérdida de la patria potestad de su menor hija de iniciales L.M.R., cambio de régimen de convivencias, aumento y cumplimiento de la pensión alimenticia. 2. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, previno a la actora para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si la accionante y su menor hija, aún continúan viviendo en el domicilio pactado en la cláusula segunda del convenio aprobado mediante sentencia definitiva. 3. El cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la actora subsanó la prevención formulada, en el cual informó que: ".Actualmente nuestro domicilio se encuentra ubicado en AVENIDA CENTRAL, NÚMERO 1, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GALEANA, MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS. No omito manifestar a usted, que mi fuente de trabajo se encuentra ubicado en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, en virtud de que la suscrita es docente a nivel secundaria donde imparto clases de lunes a viernes, y también lugar donde mi menor hija asiste al Colegio, por esta razón nos vemos en la necesidad de forma frecuente de pernoctar en domicilio distinto en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, para evitar mayores gastos viajando diariamente ya que la suscrita no cuenta con recursos para sufragar gastos adicionales; sin embargo los días viernes de cada semana por la tarde regresamos a nuestro domicilio señalado con anterioridad." 4. El siete de diciembre de dos mil veintidós, la juzgadora de origen radicó el asunto con el número 655/2022, y ordenó el emplazamiento a la parte demandada. 5. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, Arturo Moreno Campillo, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y en el mismo documento interpuso la excepción de incompetencia. 6. Una vez substanciado el trámite respectivo, la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, declaró infundada la excepción de incompetencia planteada por el aquí quejoso. Determinación que corresponde al acto reclamado. Síntesis del concepto de violación En su único concepto de violación, el quejoso refiere que el acto reclamado inobserva el principio de exhaustividad y congruencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no advirtió lo dispuesto en los artículos 73, fracción VII, 397 y 403 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, además del principio del interés superior del menor. Estima lo anterior, al considerar que de acuerdo a los numerales 9 y 12 del Código Familiar del Estado de Morelos y 29 del Código Civil Federal de aplicación supletoria al juicio de origen, el domicilio donde mayormente habita la menor (acreedora alimentaria), es en el municipio de Jiutepec, Morelos, pues argumenta que permanece la mayor parte de los días de cada semana. Bajo la premisa anterior, sostiene que tal situación impacta en el ámbito probatorio dentro del juicio, ya que de desahogarse diversas pruebas para acreditar el modus vivendi de la menor, éstas se llevarían a cabo únicamente el domicilio ubicado en la ciudad de Zacatepec, Morelos y no el diverso domicilio de la ciudad de Jiutepec. Estudio del concepto de violación. Los conceptos de violación previamente sintetizados devienen inoperantes, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Del análisis de los motivos expuestos por el quejosjo Arturo Moreno Campillo, por los cuales consideró que se actualizaba la incompetencia de la juzgadora de origen en su escrito de contestación de demanda y las consideraciones que sustentan la decisión de la responsable, se obtiene que los conceptos de violación en estudio son inoperantes, en tanto no fueron propuestos desde que se opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, sino constituyen un aspecto novedoso en este juicio constitucional. De conformidad con los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia, así como al considerar que el objetivo de la excepción de incompetencia por declinatoria es que el tribunal de segunda instancia examine si la autoridad jurisdiccional ante la cual se está substanciando determinado procedimiento, en efecto tenga las facultades competenciales para ejercer su juridicción. En el caso, del escrito por el cual Arturo Moreno Campillo, hace valer la excepción en estudio, se desprende lo siguiente: "Previo a atender las pretensiones reclamadas, con fundamento en la Fracción I del artículo 29, así como en el párrafo tercero del artículo 77 y la Fracción VII del artículo 73 del Código Procesal Familiar, desde este momento interpongo la EXCEPCIÓN INCOMPETENCIA de su Señoría para conocer del presente asunto, lo anterior atendiendo a que, el domicilio en el cual preponderantemente pernocta mi hija y su progenitora, se encuentra en el Municipio de Jiutepec, ello tal y como informó en el escrito mediante el cual subsanó la demanda interpuesta. Atento a lo anterior, resulta competente para conocer el del [sic] presente asunto el C. Juez Familiar en turno del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en el Municipio de Jiutepec, autoridad a quien deberá remitirse los autos que integran el presente expediente, y resuelta [sic] lo conducente." Bajo tal argumento, es que la Sala responsable dio contestación a la excepción planteada, misma que calificó de infundada, toda vez que el domicilio del acreedor alimentario se encuentra en el municipio de Zapatepec, como lo manifestó la parte actora, sin que el demandado hubiese ofrecido prueba para acreditar lo contrario. Expuesto lo anterior, es que la calificativa de inoperancia estriba en que el tópico de la multiplicidad de domicilios y las reglas para determinar qué procede en caso de que una persona tenga dos o más domicilios no fue puesto a consideración de la Sala responsable. Es decir, la parte quejosa se limitó a señalar que la menor preponderantemente pernocta en el Municipio de Jiutepec; sin embargo, en la excepción planteada, no se advierte un verdadero argumentó lógico-jurídico, como sí lo pretende exponer en el juicio de amparo. Máxime que atañe a la Sala responsable la violación al artículo 17 Constitucional, pues considera que se inobservaron los principios de congruencia y exhaustividad; no obstante, la responsable sí dio contestación al único argumento planteado, sin que en el caso, se le pudiera exigir que se pronunciara por cuanto a argumentos que no le fueron puestos a su consideración. Al respecto, cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169923, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Sin que pase desapercibido que en el caso se encuentran inmersos los derechos alimentarios de una menor de edad; sin embargo, no sería el caso de suplir en su deficiencia la queja, pues se advierte que la acción del juicio de origen fue instada por la progenitora de la menor, en su representación, es decir, se advierten intereses antagónicos de L.M.R., con Arturo Moreno Campillo, a quien le reclama entre otras cosas, el pago de alimentos adeudados, y además, que el domicilio en el cual estiman que residen tanto la menor como su madre, es el ubicado en el Municipio de Zacatepec, Morelos. Finalmente, es inoperante el motivo de disenso relativo con la forma en la cual se desahogarían diversos medios de prueba, ya que en primer lugar se basa en un concepto de violación ya declarado ineficaz para obtener la protección constitucional, pero además, porque la forma y lugar en la cual se desahogarán las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio de origen, es una cuestión que escapa del análisis competencial realizado por la Sala responsable. Aunado al hecho de que tal situación no puede considerarse un acto de imposible reparación, pues dependerá de la forma en que se ofrezcan y admitan los medios de convicción y en su caso, sean valorados al momento de resolver en definitiva. Al no prosperar los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Moreno Campillo, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por Magistrado Presidente de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, por lo que no ha transcurrido el término de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS, DEL TREINTA DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Magistrado Presidente de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa a su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar los anexos I y II, colocándoles carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar los anexos que correspondan por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. De igual forma, el Magistrado Presidente de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remite la constancia de emplazamiento practicado a la tercero interesada ********************. En sentido, téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento a lo ordenando en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; además, con fundamento en el artículo 26, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene legalmente emplazada a la tercero interesada antes mencionada. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en su carácter de tercera interesada, mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 5º, fracción II, inciso b), y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada tercero interesada por apersonada al presente juicio de amparo. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el libelo de cuenta; y en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 821/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Arturo Moreno Campillo, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L.M.R., reclama lo siguiente: II. Del Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos): ? La sentencia interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, misma que fue dictada en el toca 52/2023-4-16, a través del cual se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada y se declaró competente al Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de Morelos, para conocer de la demanda en la vía de controversia familiar promovida en el expediente 655/2022-2. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La autoridad responsables Magistrado Presidente de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, residente en Jojutla de Juárez, al rendir su respectivo informe previo acepto la existencia del acto que se le reclama. SEGUNDO. Estudio de la procedencia de la medida cautelar. La suspensión de los actos reclamados, es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo y, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. En este sentido, el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora, del capítulo correspondiente al de suspensión del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ".para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentra, particularmente dentro del juicio número 655/2022 radicado ante la Segunda Secretaria del Juzgado Primero Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, toda vez que la continuación de tal procedimiento ante un Juez incompetente dejaría en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a ambas partes litigantes." Sin embargo, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. En ese sentido, procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada. Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: ? El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. ? El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar el perjuicio del interés social o ir en contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión definitiva. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad sea requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofrezca las pruebas que estime pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Lo anterior, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Dicho artículo dispone que, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, podrá concederse, siempre y cuando la parte quejosa acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Asimismo se establece que, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Dicho lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable, de la resolución que se dicte en lo principal. En ese contexto, En ese contexto, en la especie se actualiza la hipótesis que se comenta, ya que podrían generarse consecuencias no reparables a la parte quejosa, por lo que en este caso se estima pertinente ordenar que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarden, esto es, se continué con el procedimiento dentro del expediente 655/2022-2 pero se abstenga de dictar resolución; hasta en tanto, se notifique a la autoridad responsable el auto que declare firme la sentencia dictada en juicio de amparo de donde emana la presente pieza incidental. De la garantía de la suspensión provisional La suspensión surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en el diverso 168, de la misma Ley, la parte quejosa deberá otorgar una garantía a disposición de este juzgado de distrito, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cuyo concepto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión número 821/2023". Garantía que es fijada de manera discrecional, ello atendiendo a que no se cuenta con mayores datos, además de que esta juzgadora atiende al tiempo probable de solución definitiva del asunto de seis meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII-Febrero de 2001, visible en la página 1722, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE SEIS MESES COMO EL TIEMPO PROBABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." En la inteligencia que si dicha garantía se exhibe en póliza de fianza, deberá ser exhibida ante este Juzgado y a favor del Tesorero de la Federación, en la que se asiente que la misma es para el efecto de que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 821/2023, cuyo otorgamiento deberá comunicarse a las autoridades responsables. Salvedades en el otorgamiento de la suspensión provisional Se hace del conocimiento tanto de la quejosa como de las autoridades responsables, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclama, ya que el artículo 131 de la Ley de Amparo establece que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda, además, no surtirá efectos si dicho acto deriva del cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Arturo Moreno Campillo, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L.M.R., respecto del acto precisado en el resultando segundo, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe."
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