Arturo Monterrosas Arcos

Expediente 1198/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1198/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Arturo Monterrosas Arcos

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que informa que por acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete se declaró firme el proveído de treinta de junio del año en curso, en el que se desechó el recurso de revisión promovido por Héctor Herrera Delgado, autorizado en términos amplios del quejoso; asimismo se le tiene remitiendo los autos del juicio de amparo 1198/2017, del que deriva el expedientillo en que se actúa. Acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 506/2017, suscrito por la Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el cual informa su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, manifestando entre otras cuestiones lo siguiente ésta Autoridad se encuentra impedida por el momento para realizar la RESTITUCIÓN en el goce de sus derechos al quejoso aquí demandado JOSÉ RENE DÍAZ PÉREZ, consistente en realizarle la entrega la POSESIÓN del inmueble ubicado en PRIVADA CARRILLO PUERTO, SIN NÚMERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. Lo anterior en virtud que mediante Interlocutoria de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE dictada dentro del Incidente de Suspensión deducido del Juicio de Amparo número 523/2017, promovido por ELIANA ABAD MADRID Y concedida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se concedió la Suspensión Definitiva solicitada por la quejosa, para el efecto de la abstención por parte de ésta Autoridad de ejecutar la orden de lanzamiento o desalojo dentro del expediente número 155/2016 del libro índice de éste Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, y corno consecuencia que no se prive a la Quejosa ELIANA ABAD MADRID de la Posesión del inmueble ubicado en PRIVADA CARRILLO PUERTO SIN NÚMERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, hasta en tanto se reciba la Notificación del acuerdo que declare ejecutoriada la Sentencia que se dicte en el Juicio Principal del que se deriva dicho Incidente, lo cual hasta el momento en que se rinde el presente informe NO ha acontecido, ya que si bien es cierto que dentro del Juicio de amparo número 523/2017 promovido por la quejosa, en resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete se decretó el Sobreseimiento de dicho Juicio de Garantías, lo cierto es que también mediante auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete se tuvo a la quejosa interponiendo Recurso de Revisión en contra de la Sentencia Dictada en el Juicio de amparo que se alude, recurso que fue admitido en fecha primero de junio de dos mil diecisiete ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito radicado bajo el número R-248/2017, motivo por el cual ésta Autoridad se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a lo solicitado, por lo que para el efecto de mejor proveer le remito copia certificada de la resoluciones de fechas CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE Y DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE DICTADAS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 523/2017, ASÍ COMO DEL OFICIO NÚMERO 111-2062 de fecha primero de Junio de Dos Mil Diecisiete dictado dentro del Recurso de Revisión número R-248/2017, lo anterior para acreditar el informe que se rinde para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, REQUIÉRASE a la Juez responsable, para que una vez que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, le comunique lo determinado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del toca R-248/2017, para que a su vez informe a este órgano federal, las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables y podrá remitir el expediente al ********************, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 328/2017. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JORGE ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. TERCERO.- COMO ESTÁ ORDENADO EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA SENTENCIA REMÍTASE EL EXPEDIENTE DE ORIGEN.

  4. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Arturo Monterrosas Arcos, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1198-2017 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Arturo Monterrosas Arcos, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente La omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva En los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 707, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, el promovente del amparo acude a esta instancia a reclamar la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral D-6/517/2014. Por lo que dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por el promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento a que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, presentó el escrito respecto del cual la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla ha omitido emitir el acuerdo correspondiente; en tales condiciones, el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (doce de junio de dos mil diecisiete), no revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio del suscrito Juez dicha hipótesis (abierta dilación) se actualiza después de tres meses de falta de actuación de la responsable, atento a las cargas de trabajo, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Herrera Delgado, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizada en los términos restringidos que prevé el citado numeral a la diversa persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.

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