Arturo Molina Rivera
Expediente 117/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Arturo Molina Rivera
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 117/2016-3, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que radicó con el número de amparo 376/2016; en tal virtud, y al no existir actuación pendiente dentro del presente cuaderno, archívese como asunto totalmente concluido. Por último, en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa * el auto de fecha 29 de febrero de 2016, en el que: Visto el escrito presentado por Arturo Molina Rivera, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 117/2016-3. Ahora bien, del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: "a. LA REVOCACION y MODIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS DEL EXPEDIENTE 09/2016 DEL JUEZ NOVENO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, NOTIFICADA AL QUEJOSO EN FECHA DEL 4 DE FEBRERO DE 2016; a causa que principalmente se violaron mis derechos humanos, constitucionales y garantías individuales, en haber sido NEGADA O NO CONCEDIDA por el Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Tijuana Baja California, como Juez ejecutor de penas y medidas judiciales; el BENEFICIO DE LIBERACION ANTICIPADA y REDUCCION PARCIAL DE LA PENA; mediante resolución identificada con el número de expediente 09/2016 de fecha Veintiocho de Enero de Dos Mil Dieciséis, notificada personalmente en fecha del 4 de Febrero de 2016; violaciones que vienen contenidas en el artículo 18 Constitucional en su Párrafo Segundo, los artículos 153, 154, 159 y 160 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el estado de Baja California y demás aplicables de la materia. Ya que a la fecha del presente demanda, el suscrito; ya he pugnado una pena privativa de la libertad de 16 años con 5 Meses y 23 Días, y después de haberse realizado los estudios clínico criminológicos y de personalidad por el consejo técnico interdisciplinario de la penitenciaria donde me encuentro interno; describiendo estos una mejora consistente y efectiva de reinserción social y además de haberse ya computado un total de más de 4.100 días de trabajo, me era procedente la solicitud aquí impugnada y además de haber cumplido cabalmente con lo dispuesto por la normativa interpuesta en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el estado de Baja California, haciendo especial mención que solicite el resguardo de mis derechos humanos y garantías constitucionales en relación al tema, considerando que existe en nuestro marco jurídico constitucional en sus artículos 1, 8, 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 18, párrafo segundo, la tutela y regulación de los derechos de petición, de legalidad y de seguridad jurídica, así como a la readaptación social, mismas que deberán ser analizadas por toda autoridad judicial de cualquier materia y ámbito de su competencia. Siendo esto al respecto a la inclusión de los derechos humanos cuando claramente se especifica que las autoridades en el ámbito de sus competencias interpretaran las normas relativas a los derechos humanos de tal forma que favorezcan la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación o desigualdad que atente la dignidad humana, que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. b. La aplicación del inconstitucional y de violación de derechos humanos contemplados en los artículos 1, 18 en su Párrafo Segundo, 20, 21 Párrafo Tercero y 133 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los artículos 153, 154, 159, 161 y 162 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el estado de Baja California, como demás los aplicables de la materia penal. Acto que se atribuye en su calidad de autoridades ordenadoras y ejecutoras al Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Tijuana Baja California, al Juez Primero y Cuarto de lo Penal del Sistema Tradicional de la Ciudad de Mexicali Baja California, al Director Estatal de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares en el Estado de Baja California, al Director del Centro de Readaptación social el Hongo del estado de Baja California, al Consejo técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación social el Hongo del estado de Baja California, el Director General de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social en el Estado de Baja California, el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, todos con domicilio conocido el cual se detalló con antelación. A causa de recibir por ambas una agravio personal y directo en contra de mis derechos humanos y garantías constitucionales, mismas que se ampliaran en el capítulo de conceptos de violación o agravios." En vista de lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, se declara legalmente incompetente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados tienen aplicación en Tijuana, Baja California, municipio que esta fuera de la jurisdicción de esta autoridad constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el jueces de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer párrafo transcrito, pues si bien el quejoso reclama el auto de revocación o modificación de la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, del expediente 9/2016 del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de Tijuana, Baja California, en donde le fue negado o no concedido el beneficio de liberación anticipada y reducción parcial de la pena. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, es competente para conocer de la presente contienda, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto que en esta vía se reclama; es así porque de acuerdo con el artículo 19 constitucional, uno de los efectos que produce la emisión del beneficio de liberación anticipada y reducción parcial de la pena, es someter al sentenciado a la jurisdicción del Juez que lo emite, de tal forma que el inculpado estará a disposición de dicha autoridad, recluido en el Centro de Readaptación Social el Hongo, ubicado en Tecate, Baja California, y ante dicha autoridad tiene ejecución el acto que a ella se le reclama en esta instancia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 54/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, del Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 03/2013, apartado cuarto fracción V, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo pues considera que le corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno, con residencia en Tijuana, Baja California; por tanto infórmese de dicha determinación al citado Juez, para que, en términos del precepto legal mencionado en primer lugar, tenga a bien comunicar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en su favor, en la inteligencia que deberá enviarse el original de la demanda interpuesta y copias de traslado, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a efecto de que se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Carlos Rodrigo Ortega Valenzuela, Francisco Javier Núñez Venegas, Daniel Solorio Ramírez, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Iván León Alavez. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. ... Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo.
- Principal
Este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, se remite al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en la ciudad de Tijuana, Baja California.
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