Arturo Molina Lau
Expediente 385/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Arturo Molina Lau
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido, y agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta Interina en funciones de Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo el oficio 9086, con el cual le fue remitido las constancias que integran el Toca de Apelación Civil 386- B/2022, de su índice, el expediente número 152/2019, al que se encuentran glosados un incidente de actualización de intereses y un incidente de liquidación de intereses.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por desechada la demanda promovida por Joaquín Gilberto Hernández Morales, en representación de Arturo Molina Lau. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por desechada la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2, subpunto 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE DEVUELVEN TOMOS DE PRUEBAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, devuélvanse las constancias enviadas por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, de Tapachula, con residencia en esta, como complemento de su informe justificado, y se peticiona que haga el envío del acuse de recibo respetivo
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexos que acompaña, a través del cual remite a este juzgado las actuaciones practicadas en el juicio de amparo directo 157/2023 con motivo de la interposición de la demanda de amparo en vía directa promovida por Joaquín Gilberto Hernández Morales, en representación de Arturo Molina Lau, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta ciudad; el informe justificado de dicha autoridad y demás anexos que remitió. Esto, por considerar que este órgano jurisdiccional es competente para conocer en la vía indirecta de la demanda de amparo, ya que el acto reclamado no implica una sentencia definitiva, ni resolución que ponga fin al juicio de origen. En tal virtud, con fundamento en el artículo 47, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se acata la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto planteado en el libelo relativo; acúsese el recibo correspondiente; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 385/2023. DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que el tribunal colegiado remitente estableció como acto reclamado: _La resolución de doce de enero de dos mil veintitrés emitida en el toca civil 386-B/2022, apelación inicial de su índice, en la que revocó el auto de quince de agosto de dos mil veintidós (emitido con posterioridad a la sentencia de primera instancia), en el juicio especial hipotecario 152/2019 promovido por Arturo Molina Lau, por conducto de su apoderado legal (aquí quejoso) en contra de Francisco Aggeler Meza; auto en el que el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, declaró aprobado el remate relativo al bien inmueble materia de la litis. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así, en el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan en archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) La lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, el párrafo tercero de la fracción IV del citado artículo 107 de la ley de la materia, establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante resaltar que la parte quejosa no tiene el carácter de persona tercera extraña al juicio de origen, pues en los antecedentes de su demanda de amparo, es la parte actora dentro del controvertido de origen. Establecido lo anterior, debe precisarse que el acto reclamado lo constituye la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés emitida en el toca civil 386-B/2022, apelación inicial de su índice, en la que revocó el auto de quince de agosto de dos mil veintidós (emitido con posterioridad a la sentencia de primera instancia), en el juicio especial hipotecario 152/2019 promovido por Arturo Molina Lau, por conducto de su apoderado legal (aquí quejoso) en contra de Francisco Aggeler Meza; auto en el que el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, declaró aprobado el remate relativo al bien inmueble materia de la litis derivado del procedimiento de ejecución de sentencia para rematar el bien hipotecado. Por lo tanto, debe afirmarse que esa actuación no constituye la última resolución del procedimiento de remate en ese juicio, como lo sería aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera, lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Confirma esta conclusión la jurisprudencia 13/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página: 1066, que dice: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En efecto, en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de remate en el juicio natural; en consecuencia, la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Apoya esta conclusión, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: III.3o.C.128 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1218, que dice: REMATE. EL AUTO QUE LO APRUEBE INCLUYE LA REVISIÓN OFICIOSA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Debido a que las actuaciones efectuadas en el procedimiento de ejecución se revisan de oficio al momento en que el Juez dicta el auto que aprueba el remate, las deficiencias habidas en aquél, entre ellas, la notificación incorrecta del acuerdo por el que se tuvieron por presentados los avalúos, es susceptible de impugnarse en vía de agravio al apelar del acuerdo aprobatorio del remate, puesto que si el Juez natural no advirtió oficiosamente las anomalías en su trámite, es a través de dicho recurso de alzada el medio que tiene el promovente para combatir tal irregularidad, por lo que es inexacto que al no promoverse el correspondiente incidente de nulidad precluya el derecho para que se haga valer en la apelación aludida. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Una vez que cause estado la presente resolución devuélvanse las constancias remitidas por el Tribunal de Alzada a su lugar de origen, por lo tanto las mismas se tendrán al resguardo de la secretaría. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Arturo Hipolito Tapia541/2018
- Arturo Jimenez Garcia436/2017
- Arturo Jimenez Hernandez431/2022
- Arturo Maceira del Rio65/2022
- Arturo Maldonado Perez863/2018
- Arturo Martinez Alvarado160/2019
- Arturo Padilla Vázquez2147/2019
- Arturo Perez Silias559/2016
- Arturo Ramos Alvarez644/2016
- Arturo Rodríguez Zarate1429/2016
- Arturo Sibaja Saldaña436/2023
- Arturo Sibaja Saldaña301/2022