Arturo Miranda Najar
Expediente 1016/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Miranda Najar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, atento a su contenido, dígase que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, acorde al auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1016/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ***, asistido de ****, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo ..., promovido por ..., contra actos del Juez Sexagésimo Sexto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden mercantil seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De una lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia de ...que desestimó el recurso de revocación planteado por el quejoso; y confirmó el auto de ..., dictado en el juicio ejecutivo mercantil ..., del índice del Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. En dicho acuerdo, se desechó por notoriamente improcedente el incidente que planteó la endosataria en procuración del actor, reclamando los gastos erogados durante el proceso, más sus honorarios, sumando un total de .... TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por el juez de la causa, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El ..., se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 211/2016 del índice del Juzgador responsable, en la que acogió la acción cambiaria promovida por el hoy quejoso y condenó a su contraria al pago de la suerte principal; intereses y costas. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó el amparo que solicitó la demandada contra dicha determinación, en el D.C. .... II. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la endosataria del actor promovió incidente de gastos y costas, demandando el pago de las erogaciones hechas durante el trámite del asunto más sus honorarios. Esta incidencia fue desechada de plano por acuerdo de ..., bajo el argumento de que el cálculo se verificó conforme al de 6% previsto en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; lo cual no se ajusta a lo previsto en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, aplicable en virtud de que por acuerdo 25/51/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura local se determinó que a partir del uno de enero de dos mil trece, los juzgados de paz civiles tendrían la denominación de "Juzgados de Cuantía Menor". III. Por escrito datado el nueve de mayo de dos mil veintidós la endosataria instó de nueva cuenta un incidente demandando el pago de los honorarios y gastos del juicio, por la cantidad de .... Esta incidencia se desechó de plano el ..., en similares términos a los previstos en el auto de .... IV. El ..., la endosataria volvió a plantear incidente de gastos y costas reclamando las erogaciones hechas en el proceso y el monto de sus honorarios, por la cantidad de .... Esta incidencia fue desechada de plano por auto de ..., por la siguiente consideración: ".debido a que, una vez analizada la planilla exhibida, se advierte que el cálculo de las costas lo pretende hacer valer con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que resulta incorrecto al no ajustarse a lo dispuesto por el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, precepto que es aplicable al caso concreto en virtud de que mediante acuerdo 25/51/2012, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en el que se determinó que a partir del uno de enero del dos mil trece, los Juzgados de Paz en Materia Civil, tendrían la denominación de "Juzgado de Cuantía Menor"; por lo tanto no se aprueba el incidente que hace valer." V. Inconforme, el actor interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido, tramitado y citado para oír sentencia, dictada el ..., desestimando los agravios y confirmando el auto impugnado. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. El quejoso sostiene que la sentencia de alzada es violatoria de sus derechos fundamentales de legalidad, debido proceso y certeza jurídica por lo siguiente: A) La fundamentación empleada en el acto reclamado es incorrecta, porque el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México no es regulatorio de los gastos y costas en el juicio ejecutivo mercantil, sino de los honorarios de los profesionistas. B) La sentencia reclamada es violatoria del derecho a la seguridad jurídica porque el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles fija las costas en juicios de cuantía menor, quedando excluidos los ejecutivos mercantiles; por lo que se transgreden las disposiciones del Código de Comercio y la legislación federal. C) Se violentó en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia porque no fue oído en juicio, ya que la incidencia simplemente se desechó. El desechamiento es contrario a derecho porque conforme al artículo 499 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la liquidación debe comprender todos los gastos posteriores a la sentencia de remate, por lo que todo lo anteriormente actuado debe también tomarse en cuenta, denegarlo sería una aberración, ya que en los juicios ejecutivos mercantiles los gastos se siguen sumando de momento a momento, por lo que determinarlos en porcentaje va en contra de las disposiciones federales. D) El fallo viola el principio de legalidad porque sobrepone disposiciones locales a leyes federales al determinar que las costas en un Juicio Ejecutivo Mercantil se determinan conforme al artículo 142 del código adjetivo civil para esta ciudad, justificado conforme a la transformación de los Juzgados de Paz en el año dos mil trece, puesto que en ese mismo año estaba vigente el Código de Comercio que regula las costas a favor de la parte que haya obtenido un resultado favorable. Por ello no puede acogerse una ley local cuando existe regulación en el Código de Comercio específicamente para el Juicio Ejecutivo Mercantil. Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes porque no controvierten los argumentos específicos que sostuvo la autoridad para justificar el sentido de su decisión, lo cual es indispensable en los asuntos de estricto derecho. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." Y en el caso, el suscrito juzgador considera que la suma de razonamientos elaborados por la parte quejosa en su demanda, no confrontan directamente los argumentos que por su parte emitió el Juez para desestimar el recurso de revocación contra el desechamiento de su incidencia, lo cual torna inoperantes sus motivos de inconformidad en la instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." En efecto, la lectura integral de la demanda de amparo permite sostener que la base sobre la que descansa la inconformidad de la parte quejosa es que el fallo indebidamente aplica legislación local de la Ciudad de México, cuando el asunto es del orden mercantil, con regulación específica en el Código de Comercio y legislación federal, lo que debe observarse a fin de no atentar contra la manera en que se generan las costas en los asuntos de esta naturaleza, y al no hacerse, derivó en un ilegal desechamiento de su incidencia; todo lo cual se desarrolla a lo largo de los conceptos de violación sintetizados en los incisos A, B, C y D, precisados en este considerando. Sin embargo, de la lectura del fallo reclamado se aprecia que la autoridad directa y frontalmente abordó tal cuestión y expuso una serie de razones para sustentar el sentido de su determinación, a saber: Las costas son todos los gastos y erogaciones originados durante el proceso y conforme al artículo 1054 del Código de Comercio, debe acudirse a la legislación local que regule los mecanismos legales para su cuantificación. Lo anterior, se apoyó en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 31/2010, intitulada: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE REGULE LOS MECANISMOS LEGALES RELATIVOS, Y EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE." De acuerdo al ordinal citado, ante la inexistencia de convenio entre las partes es aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por su parte, el artículo 2º del Código de Comercio prevé que a falta de disposición se aplicarán las reglas del derecho común. Tratándose de las costas, los artículos 7º y 8º del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2607 del Código Civil Federal, disponen que quien pierde debe pagar las costas del proceso, y no será condenada si no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, limitándose su actuación a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del asunto; y si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. De ello, la juez sostuvo que inexiste regulación para cuantificar las costas procesales, por lo que si solo la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta ciudad, en sus artículos 144 y 145, establece las bases para cuantificar costas en los juicios que se llevan en esta entidad, con ello se llena la laguna de la ley mercantil; máxime que el artículo 1089 del Código de Comercio autoriza que las costas se regulen conforme a los aranceles y solo en su defecto acudir a mecanismos diferentes. Al respecto citó el criterio intitulado: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN TRATÁNDOSE DE JUICIOS TRAMITADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, DEBEN APLICARSE DE MANERA SUPLETORIA LAS BASES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 128 Y 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA." Así, concluyó que para el cálculo de las costas se aplica el arancel de la ley local y no la federal, porque es de acuerdo al juzgador que conozca el asunto. Añadió que debía tomarse en cuenta que el asunto se resolvió en definitiva el quince de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que debe aplicarse la ley vigente de ese momento conforme a la tesis de jurisprudencia intitulada: "COSTAS. DEBEN CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." Luego, si el juicio se tramitó en un Juzgado de Cuantía Menor, transformado en el Juzgado Sexagésimo Sexto Civil de Proceso escrito mediante Acuerdo V-35/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura, entonces cobra aplicación para las costas el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, conforme al cual, los asuntos llevados ante los jueces de paz causan un máximo de costas del 5%. Y es así porque mediante acuerdo 25/51/2012 del mismo Pleno, se determinó que desde el uno de enero de dos mil trece, los juzgados de paz cambiarían de denominación a Juzgados de Cuantía Menor, por lo que cobra aplicación esa disposición en el caso. Por tanto, la viabilidad de tales posturas -que apoyadas en jurisprudencia y en la transformación de las denominaciones de los juzgados, explican porque supletoriamente debe acudirse a la legislación local- es lo que debió controvertir la parte quejosa, y no solo enfatizar que por la naturaleza del negocio operan las reglas mercantiles y del orden federal; por lo que a criterio del suscrito los argumentos y razones específicas que sustentan la decisión no fueron directa y eficazmente atacadas. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." Sin que pase inadvertido que el quejoso aborde en sus conceptos de violación A) y B), temas como irregularidad en los fundamentos porque el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial loca no se refiere a las costas sino a los honorarios de los profesionistas; y que los juicios ejecutivos mercantiles están excluidos de la regulación del artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad porque éstos se rigen por la legislación mercantil. Empero, esos asertos en lo particular no son de acogerse porque a criterio de este órgano son insuficientes en cuanto a los fundamentos y causas que expliquen adecuadamente el porqué de la exclusión de los asuntos ejecutivos mercantiles que señala el quejoso; o bien porqué es inaplicable la disposición que versa sobre los honorarios (pues en la incidencia natural sí se señalaron para liquidar la deuda). Así mismo, se cita la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/48 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 2121, enero de 2007, en materia común, que prevé: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." Aunado a lo anterior, el suscrito advierte que previo a la emisión del auto impugnado en vía de revocación, y que dio lugar a la emisión del acto reclamado, la autoridad responsable ya había sostenido en los autos de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y once de mayo de dos mil veintiuno, que las incidencias debían ajustarse a lo establecido en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en virtud del cambio de denominación de los juzgados de paz a juzgados de cuantía menor. De lo que se sigue que un argumento toral en la actual desestimación de la incidencia, ya había sido expuesto en el proceso, sin que se advierta que fuese oportunamente recurrido por la parte ejecutante, por lo que al adquirir firmeza tales argumentos ante su inimpugnación, los conceptos de violación que posteriormente se presenten para controvertirlos resultan inoperantes. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de 2008, página 1919, en materia común cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ARTURO MIRANDA NAJAR, contra actos del Juez Sexagésimo Sexto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Arturo Fuentes Sanabria887/2018
- ARTURO GONZÁLEZ GÓMEZ y Otros.233/2020
- Arturo Ibarra Guerrero1197/2022
- Arturo López Escobar581/2016
- ARTURO MARTÍN FLORES CEDILLO y Otros.804/2016
- ARTURO MARTINEZ BALLESTEROS y Otros.1323/2019
- Arturo Miranda Najar738/2021
- Arturo Orozco González990/2015
- Arturo Osorno Montañez989/2018
- Arturo Osorno Montañez1074/2018
- ARTURO PEÑA VEGA y Otros.326/2020
- Arturo Pérez Ramírez1134/2022