Arturo Millet Rayes

Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
735/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Arturo Millet Rayes

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de resolución emitida en el toca 159/2019, relativo al recurso de queja interpuesto por el quejoso por conducto de su apoderado, en contra del acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró infundada la aludida queja. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Asimismo, en términos del artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo; por tanto, dicha determinación en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que encuadra en los supuestos de expedientes susceptibles de destrucción; por lo cual, hágase dicha anotación en la carátula del expediente y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla en el toca 497/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de la que se advierte que la citada Superioridad confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa y devuelve el expediente original del juicio en que se actúa con cinco cuadernos auxiliares. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso de revisión. En consecuencia, de conformidad con el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, prevéngase al Fiscal General del Estado, para que dentro del término de tres días contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese efecto, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ".Dejar insubsistente la resolución reclamada dictada el quince de febrero de dos mil dieciocho, en el expediente R.R. 10/2017 formado con motivo del recurso de revisión promovido por la quejosa, en contra de la resolución de no ejercicio de la acción penal, de trece de febrero de dos mil diecisiete, en autos de la averiguación previa número 778/11a/2014. En su lugar, emitir una nueva determinación basada en la versión de los hechos que sustentan las conclusiones de los peritos ofrecidos por la querellante, es decir, que el choque eléctrico que motivó la muerte del joven José Guillermo Ascencio Lara, tuvo su origen en la conducción de energía eléctrica sobre los materiales con que está construido el balcón de la habitación del hotel donde ocurrieron los hechos, y resuelva en consecuencia. En el entendido de que se deja en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que se pronuncie respecto de la probable responsabilidad de las personas señaladas como indiciados en la indagatoria de origen, al no haber sido dicho aspecto materia de estudio en este juicio..." Debiendo remitir a este Juzgado federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con los ordinales 238 y 258 de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, de rubro a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado requiérase al Gobernador Constitucional del Estado, como superior jerárquico del Fiscal General del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto; para que le ordene acatar en sus términos la sentencia concesoria; apercibido que de no hacerlo, de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el memorial suscrito por Luis Antonio Salazar Díaz, apoderado legal de ******************** parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 735/2019 y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Salazar Díaz, quien se ostenta apoderado legal de Arturo Millet Reyes, contra actos del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y otras autoridades, exhibida con seis copias y un anexo. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad del citado apoderado en términos de la copia certificada de la escritura pública número trescientos, de trece de mayo de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario público número ochenta y siete de la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado en este juicio consiste en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que la Juez responsable determinó la improcedencia del recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del diverso auto de trece de mayo del año en curso, en el que la Juez referida no accedió al control judicial a fin de que se analice y decrete la nulidad del dato o medio de prueba existente en la carpeta de investigación 2301/P3/2015, que se sigue ante la Fiscalía Investigadora Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado, consistente en el documento de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, firmado por el indiciado, ahora quejoso, ratificado ante notario público, en el cual reconoce haber recibido la cantidad de ciento diecisiete millones de pesos moneda nacional, en concepto de depósito y diversas partidas, las cuales se comprometía a devolver sin necesidad de requerimiento alguno. En el caso sujeto a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I, primer párrafo, y 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo en vigor, pues el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. Los aludidos preceptos legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [...]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". De acuerdo con los dispositivos reproducidos, el interés legítimo a que aluden puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, ya sea actual o futuro pero cierto. Por tanto, para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, ... Puntualizado lo anterior, también importa señalar que la revisión a través del juicio de amparo indirecto de los actos acaecidos durante la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación, es excepcional. ... Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es incuestionable que el acto que reclama el hoy quejoso, dada la etapa procesal en que se encuentra la indagatoria de origen, no trasciende de manera real y jurídica de forma relevante a su esfera jurídica y, por tanto, no afecta de manera actual su interés ni jurídico ni legítimo, en la medida en que, el que mismo versa esencialmente sobre la procedencia de un recurso interpuesto en contra de la determinación de un juez de no acceder a analizar y desestimar a través del control judicial, un dato o medio de prueba recabado dentro de una carpeta de investigación que se encuentra en la etapa de investigación inicial o desformalizada. Ello es así, debido a que dicho acto no genera por sí mismo de manera irreparable, una afectación material a derechos sustantivos ni fundamentales del quejoso, sino que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución que en su oportunidad resuelva en definitiva la etapa respectiva, pues la prueba que se cuestiona es susceptible de no ser tomada en consideración cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada. Máxime que el análisis y valoración de los datos de prueba que obran en una carpeta de investigación, no corresponde a la etapa de investigación inicial o desformalizada, sino a una etapa posterior, por lo que resulta evidente que el hecho de que el juez de control no haya accedido a analizar y valorar a través del control judicial, un medio o dato de prueba que la parte investigada considera fue recabado de manera ilegal, no constituye, dada la etapa procesal en que se encuentra dicha indagatoria, una situación que irrogue un perjuicio de imposible reparación a los intereses jurídico o legítimo del quejoso. Situación a la cual se suma la circunstancia de que la obtención de los medios o datos de prueba en el procedimiento penal constituye parte de la labor fundamental de la autoridad ministerial conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, por lo que de estimarse que los actos emitidos o realizados durante la etapa de investigación inicial, relacionados con la obtención y desahogo de pruebas pueden estar sujetos a controversia, podría implicar la obstaculización injustificada de la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Lo que dicho sea de paso, podría conferir a los indiciados o personas investigadas, el derecho de oponerse a la recopilación de datos o medios de prueba por parte de la autoridad ministerial y por ende, a la continuación de una indagatoria, anteponiendo su interés particular al de la sociedad que está interesada en el esclarecimiento de ese tipo de hechos, lo que evidentemente entorpecería las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público. En ese sentido, la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso es improcedente, dado que no está legitimado para promoverlo si se toma en cuenta la naturaleza del acto reclamado y la etapa en que se encuentra la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado. ... Bajo esa tesitura, al no materializarse con el acto reclamado, agravio alguno personal y directo en el ámbito de derecho de la parte quejosa, no tiene interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, por lo que hace al mencionado acto reclamado. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Millet Reyes, contra actos del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y otras autoridades, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I, primer párrafo, y 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo en vigor. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elmer Efraín Novelo Dorantes y Elmer Efraín Novelo Romero, y en los términos restringidos que señala el citado numeral a Sheila Berenice Sarabia Negrón, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento a la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. ...Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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