Arturo Mercado López
Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Mercado López
Actuaciones
- Principal
En veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado de cinco de agosto de dos mil veintiuno. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del diecisiete al veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Oficio registrado bajo el folio 12671 al que se adjunta original y ocho copias de la demanda de amparo promovida por Arturo Mercado López. Con la circunstancia que los licenciados José Gilberto Pelayo Castillo (2109761) y Juan Antonio González Lara (1358917) tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así José Ascención García Casas. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la magistrada presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por Arturo Mercado López, contra actos de esa Sala y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 653/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Una vez analizado el escrito de demanda, se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, por las razones que a continuación se exponen. Al respecto, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existirá causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". También es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". Del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del supremo tribunal de Justicia. Sustenta la presente determinación, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Primera Sala de la Máxima Tribuna Judicial de nuestro país, al emitir la Jurisprudencia 8 del dos mil dos, que se encuentra localizable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo del dos mil dos, cuyo rubro y texto precisan: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Asimismo, es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables: Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Juchipila, Zacatecas. Actos reclamados: "a).- De la primer Autoridad señalado como responsable (H. Segunda Sala Civil), se reclama el auto de no admisión del recurso de apelación, de fecha 24 de junio del 2021, dictado dentro del toca de apelación Civil Marcado con el expediente Número 296/2021, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de 21 de mayo del 2021, dictada por el Juez de Primer Grado del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas dentro del Incidente de liquidación de Pensiones Alimenticias ventilado por cuerda separada dentro del juicio de Divorcio Voluntario marcado con el expediente Número 335/2012 y promovido de común acuerdo por el ahora quejoso ARTURO MERCADO LÓPEZ y EVALIA NUÑEZ LLAMAS. b).- de la Segunda Autoridad señalada como responsable (Juez de primer grado), se reclama La Ejecución de la Sentencia Interlocutora de fecha 21 de mayo del 2021, dictada dentro del Incidente de liquidación de pensiones alimenticias, ventilado por cuerda separada dentro del Juicio de divorcio Voluntario marcado con el expediente número 335/2012, promovido de Común Acuerdo por los C. C. ARTURO MERCADO LOPEZ Y EVALIA NUÑEZ LLAMAS y emitida por el C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas., misma que diera Motivo para la interposición del recurso de apelación en su contra, y sobre el que la Responsable ordenadora inadmitiera dicho medio de impugnación.". Acuerdo anterior de la responsable que de conformidad con el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procede el recurso de reposición, en tanto que el mismo constituye un auto dictado en la sustanciación del recurso de apelación que no fue admitido por la responsable. De ahí que, el peticionario de derechos, antes de promover el presente juicio, debió agotar el referido recurso que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad; dentro de los cuales se encuentra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable declaró no admisible el recurso de apelación dentro del toca de apelación civil número 296/2021, derivado del diverso recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del año en curso, dictada por el Juez de Primera Instancia del distrito judicial de Juchipila, Zacatecas, dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias ventilado por cuerda separada en el juicio de divorcio voluntario número 335/2012 y promovido de común acuerdo por el quejoso Arturo Mercado López y Evalia Nuñez Llamas. Sin que en el caso, se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, del recurso de apelación aludido en líneas precedentes, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). Y la procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla, ello porque el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es enfático en indicar que el citado recurso procede en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal, dentro de los cuales se ubica el auto emitido por la responsable de conformidad con el artículo 156, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser un auto que afecta los derechos procesales del quejoso. Así, en las relatadas condiciones, es procedente desechar la demanda de amparo promovida por no haberse agotado el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la ley de amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda, En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado viridiana.avalos visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados para oír recibir notificaciones a los licenciados José Gilberto Pelayo Castillo (2109761) y Juan Antonio González Lara (1358917) toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así José Ascención García Casas, por no contar con dicha circunstancia; y, como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, cinco de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la magistrada presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por Arturo Mercado López, contra actos de esa Sala y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 653/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Una vez analizado el escrito de demanda, se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, por las razones que a continuación se exponen. Al respecto, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existirá causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". También es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". Del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del supremo tribunal de Justicia. Sustenta la presente determinación, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Primera Sala de la Máxima Tribuna Judicial de nuestro país, al emitir la Jurisprudencia 8 del dos mil dos, que se encuentra localizable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo del dos mil dos, cuyo rubro y texto precisan: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Asimismo, es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables: Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Juchipila, Zacatecas. Actos reclamados: "a).- De la primer Autoridad señalado como responsable (H. Segunda Sala Civil), se reclama el auto de no admisión del recurso de apelación, de fecha 24 de junio del 2021, dictado dentro del toca de apelación Civil Marcado con el expediente Número 296/2021, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de 21 de mayo del 2021, dictada por el Juez de Primer Grado del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas dentro del Incidente de liquidación de Pensiones Alimenticias ventilado por cuerda separada dentro del juicio de Divorcio Voluntario marcado con el expediente Número 335/2012 y promovido de común acuerdo por el ahora quejoso ARTURO MERCADO LÓPEZ y EVALIA NUÑEZ LLAMAS. b).- de la Segunda Autoridad señalada como responsable (Juez de primer grado), se reclama La Ejecución de la Sentencia Interlocutora de fecha 21 de mayo del 2021, dictada dentro del Incidente de liquidación de pensiones alimenticias, ventilado por cuerda separada dentro del Juicio de divorcio Voluntario marcado con el expediente número 335/2012, promovido de Común Acuerdo por los C. C. ARTURO MERCADO LOPEZ Y EVALIA NUÑEZ LLAMAS y emitida por el C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas., misma que diera Motivo para la interposición del recurso de apelación en su contra, y sobre el que la Responsable ordenadora inadmitiera dicho medio de impugnación.". Acuerdo anterior de la responsable que de conformidad con el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procede el recurso de reposición, en tanto que el mismo constituye un auto dictado en la sustanciación del recurso de apelación que no fue admitido por la responsable. De ahí que, el peticionario de derechos, antes de promover el presente juicio, debió agotar el referido recurso que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad; dentro de los cuales se encuentra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable declaró no admisible el recurso de apelación dentro del toca de apelación civil número 296/2021, derivado del diverso recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del año en curso, dictada por el Juez de Primera Instancia del distrito judicial de Juchipila, Zacatecas, dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias ventilado por cuerda separada en el juicio de divorcio voluntario número 335/2012 y promovido de común acuerdo por el quejoso Arturo Mercado López y Evalia Nuñez Llamas. Sin que en el caso, se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, del recurso de apelación aludido en líneas precedentes, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). Y la procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla, ello porque el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es enfático en indicar que el citado recurso procede en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal, dentro de los cuales se ubica el auto emitido por la responsable de conformidad con el artículo 156, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser un auto que afecta los derechos procesales del quejoso. Así, en las relatadas condiciones, es procedente desechar la demanda de amparo promovida por no haberse agotado el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la ley de amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda, En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado viridiana.avalos visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados para oír recibir notificaciones a los licenciados José Gilberto Pelayo Castillo (2109761) y Juan Antonio González Lara (1358917) toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así José Ascención García Casas, por no contar con dicha circunstancia; y, como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente
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