Arturo Mendoza Rodriguez
Expediente 840/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Mendoza Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Téngase al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, informando el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por el peticionario, el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión 262/2019. Sin que en el caso resulte procedente emitir mayor acuerdo al respecto, hasta en tanto el tribunal de alzada informe que quedó firme el auto de desechamiento y remita los autos originales del juicio.
- Principal
En atención al escrito de cuenta, téngase a *** interponiendo recurso de revisión contra el auto de veintitrés de octubre pasado, por el que se desechó su demanda de amparo; en tal virtud, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios que corresponde al Ministerio Público de la Federación, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Del análisis integral del escrito de demanda , se tienen como actos reclamados: 1. El citatorio ***/*** que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora número Uno, de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, de esta ciudad, para que el promovente acuda al desahogo de una diligencia en la carpeta de investigación ***/***. 2. La ejecución de tal mandato. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora número Uno, de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, de esta ciudad y otras autoridades. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso, el peticionario reclama el citatorio que le fue enviado para que acuda ante la Agencia número Uno del Ministerio Público de esta ciudad, al desahogo de esa diligencia en la carpeta de investigación ****/****. Tal reclamo, no es impugnable en amparo indirecto, por las razones que a continuación se explican. El juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que restrinjan derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales; por ello, es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Es decir, resulta importante determinar la naturaleza del acto existente frente a los actos futuros de realización incierta, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del mismo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 5; fracción I, del mismo ordenamiento legal . De tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no cause una afectación (perjuicio) actual y directa en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. La esfera jurídica se puede afectar de manera directa (interés jurídico) o en atención a la especial situación frente al orden jurídico que guarde el quejoso (interés legítimo). La exigencia de una afectación real y actual, implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en que se exige que con el acto reclamado, se cause afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que pudo haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético; lo que además debe ser plenamente comprobado. Expuesto lo previo, se considera que la citación del quejoso por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común número I M-43, para que acuda al desahogo de una entrevista en la carpeta de investigación ****/****, en la que tiene la calidad de probable autor y/o partícipe, no le causa un agravio personal y directo (entendido éste como real e inmediato), mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en la medida que la citación del promovente dentro de la carpeta de investigación, no es un acto que afecte derecho sustantivo alguno. Por el contrario, el Ministerio Público se encuentra facultado y obligado en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a investigar y perseguir los hechos delictuosos que llegaren a cometerse. Así, la investigación de los delitos se manifiesta en dos periodos: a) El denominado de averiguación o investigación inicial; y b) El relativo a aquél en que el Ministerio Público figura como parte en el procedimiento judicial. En el caso, el que importa es el periodo relativo al de la investigación, en la cual corresponde al Ministerio Público llevar al cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos que constituyen la materialidad del delito y la probable responsabilidad del imputado, para en su caso, ejercer la acción penal correspondiente. Para ello, la representación social practica u ordena todos los actos necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo, conforme a lo establecido en los artículos 90, 91, 131 y 132 del Código Nacional de Procedimiento Penales . De lo anterior, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el agente del Ministerio Público puede legalmente practicar u ordenar todos los actos de investigación necesarios, tales como girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la carpeta de investigación resulte que les asista el carácter de imputados, ofendidos, o bien, que hayan presenciado en calidad de testigos los hechos investigados, a fin de estar en condiciones de obtener los datos de prueba idóneos y pertinentes para determinar sobre la existencia o no de algún hecho delictuoso. Luego, en correspondencia con la referida facultad del Ministerio Público, el precitado artículo 90, prevé la obligación que tiene toda persona de presentarse ante el Órgano Jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada; quedando exceptuadas de dicha obligación, únicamente el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia; de lo que se sigue que, el probable responsable no se encuentra excluido a comparecer. Por tanto, se reitera que el hecho de que se cite al quejoso a la carpeta de investigación en la cual tiene la calidad de probable responsable de la comisión del delito de falsedad ante una autoridad, no le depara perjuicio alguno, ni lo legitima para acudir a impugnarla en esta vía. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el citatorio reclamado contenga el apercibimiento de la imposición de multa de veinte unidades de medida y actualización, en caso de que el citado no acuda en el día y hora señalados. Lo dicho, porque la posibilidad de que se imponga la citada medida de apremio, es un acto futuro de realización incierta, condicionada a la inasistencia del citado y a que el Ministerio Público determine hacerla efectiva; por lo que, en todo caso, el perjuicio se materializaría hasta que se determinara la procedencia de imponerle tal medida de apremio. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, primer y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, procede desechar la demanda de amparo conforme lo dispone el artículo 113 del cuerpo legal invocado.
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