Arturo Melitón Villagómez Hernández

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Arturo Melitón Villagómez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia engrosada el treinta y uno de mayo del año en curso, el cual quedó radicado con el número ********************/2023, de su índice; de lo cual, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta que las partes, quedaron notificadas del acuerdo por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión, queda integrado el expediente y, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, se remite al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********z. Aunado a lo anterior, a fin de que la superioridad tenga acceso total a este juicio de amparo, se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción para que habilite esa función. Promoción Por otra parte, agréguese a los autos, el oficio signado por la Jueza Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual, solicita la devolución del expediente familiar***/2008 de su índice, así como el incidente de liquidación anexo al mismo, que remitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, a este órgano jurisdiccional, en razón de la competencia legal declinada; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que atendiendo lo acordado en párrafos precedentes, se remitirá al Tribunal de Alzada para la substanciación del medio de impugnación interpuesto, el escrito de expresión de agravios, el juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente familiar en cuestión e incidente de liquidación correspondiente. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable y al Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia engrosada el treinta y uno de mayo del año en curso. En consecuencia, remítase el 1) escrito de expresión de agravios y 2) el juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para el ulterior trámite del recurso de que se trata; lo anterior, una vez que se cuente con las constancias, con las cuales se acredite que las partes en este juicio, hayan quedado notificadas de este acuerdo. Fórmese el cuaderno de antecedentes agregando únicamente copia de los proveídos que se estimen necesarios para la comprensión del asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio constitucional se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3 de la Ley de Amparo, por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio; y distribúyase entre las partes copia del referido escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y terceras interesadas; personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 290/2023, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 8 a 15), ante la Jueza Primera de lo Familiar, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, que, por razón de turno, correspondió su trámite al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la referida jueza; consistente en la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de cumplimiento de pago de pensión alimenticia derivado del expediente principal ******************** (foja 10). La parte quejosa narró los antecedentes del caso, invocó los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante auto de veintidós de marzo del año en curso (fojas 34 y 35), el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, declaró tener incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se habla, en virtud que no se satisfizo el requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo, ya que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva ni resolución que haya puesto fin al juicio para los efectos del amparo directo, por las razones que expuso; motivo por el cual, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, remitió la demanda de amparo y anexos, al juez de Distrito, en turno, para que se avocara al conocimiento del libelo de amparo. TERCERO. Trámite. Derivado de lo anterior, en auto de veintiocho de marzo último (fojas 38 a 42), este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, la cual quedó registrada con el número 290/2023; no se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado por ya existir en autos (foja 4), ni se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada ******************** y ***, en virtud de que fue debidamente emplazada (fojas 16 y 33), se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia Civil y tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo e informe justificado, se advierte que ********************, reclama: La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de cumplimiento de pago de pensión alimenticia derivado del expediente principal ********************. TERCERO. Oportunidad de presentación de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, toda vez que el peticionario de amparo fue notificado del acto reclamado el uno de febrero de dos mil veintitrés, como se aprecia de la certificación realizada por la autoridad jurisdiccional responsable (foja 15); de ahí que, se advierte que lo hizo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, el que transcurrió a partir del día siguiente, en que surtió efectos la notificación realizada al quejoso del acto reclamado tres de febrero del año en curso y feneció el veinticuatro del mismo mes y año, fecha en que fue presentada la demanda de amparo; por tanto, fue en el último día del referido plazo, para ejercer la acción constitucional; de ahí que la presentación de la demanda de amparo fue oportuna. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que en el ámbito de su competencia le reclama la parte quejosa, lo cual resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, Materia(s): Común, con registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con los autos originales que integran el expediente ******************** del índice de la autoridad responsable, que remitió al rendir su informe justificado, constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la anterior Ley de Amparo, como lo dispone su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 171, Materia(s): Común, con registro digital 279433, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Solo tienen ese carácter, los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de su informe, a las que se otorgó pleno valor probatorio, se advierte que: 1. Veinticuatro de junio de dos mil nueve, se dictó sentencia condenatoria en contra del demandado, ahora quejoso, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de su cónyuge ******************** y su menor hija Nancy Villagómez Cortés, aquí terceras interesadas, equivalente a sesenta salarios mínimos mensuales, que ascendió a la cantidad de tres mil ciento diecisiete pesos, cero centavos, moneda nacional, que resultó de multiplicar el salario mínimo general vigente en el citado año, que era de cincuenta y un pesos, con noventa y cinco centavos, moneda nacional, por los sesenta días (fojas 158 al 175 tomo I). 2. Inconforme con lo anterior el demandado, aquí quejoso interpuso recurso de apelación (fojas 189 al 191 tomo I). 3. En auto de veinticuatro de marzo de dos mil diez, se tuvo a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia devolviendo los autos originales; por lo que, quedó firme la sentencia condenatoria dictada el veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 201 reverso tomo I). 4. En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la actora, aquí tercera interesada ********************, promoviendo incidente de liquidación, mismo que se ordenó abrir (fojas 1 a 14 tomo II). 5. Previo el trámite correspondiente del referido incidente en términos del artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se resolvió el precitado incidente de liquidación (fojas 95 a 103 tomo II), fallo que constituye el acto reclamado en esta contienda constitucional, que en lo que interesa dice: ". CONSIDERANDO: UNICO.- La actora incidentista ********************por propio derecho; mediante escrito de fecha trece de enero del dos mil veintidós, formula una tabla de deuda de pensión alimenticia comprendida del mes de julio del año 2009 al mes de diciembre del año 2021 (doce años y cinco meses)... Por su parte el demandado al producir su contestación, manifiesta, entre otras cosas; "niego el pago de la cantidad de $********************moneda nacional) mensualmente, a que se refiere la parte actora en el apartado correlativo del capítulo de prestaciones de su demanda, toda vez que no adeudo esa cantidad de dinero, ya que he estado cumpliendo y siempre he cumplido con mi obligación de dar alimentos, como así se justifica dentro del mismo expediente principal de donde emana este incidente...,...no obstante a la mayoría de edad de mi ********************y de que ya no necesitaba la pensión, la pensión, le seguí depositando dinero para que se ayudara, y esto lo hacía yo en la cuenta ********************a nombre de mi hija y en el ********************, S. A. sucursal ********************, con numero de autorización ********************,como consta de autos...; en múltiples ocasiones la pensión se la entregaba personalmente a la hoy actora incidentista ********************y A MI HIJA ********************, quien pasaba en mi centro de trabajo por el dinero, a pesar de que la hoy actora ya no vivía conmigo.......CUARTO.- Niego totalmente el contenido del punto correlativo de la demanda incidental, ya que no adeudo esa cantidad de $********************, cero centavos moneda nacional), a que se refiere la actora incidentista, en primer lugar, porque como ya lo dije en los apartados anteriores, siempre he cumplido con el pago de la pensión, y por otra parte, ese "desglose de la deuda" no es congruente con los datos y/o sumas que debería hacerse con la consignación, recibos de dinero y otros pagos que se han hecho de mi parte y que se prueba con las actuaciones realizadas en el cuaderno principal de donde emana este incidente..." Sentado lo anterior en principio cabe dejar establecido que resulta procedente el trámite de la liquidación planteada por la actora incidentista ********************por propio derecho, toda vez, que los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Por lo tanto, en este incidente únicamente nos pronunciaremos respecto a las pensiones alimenticias adeudadas a ********************. Ahora bien, de constancias procesales las cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículos 316 fracción Vlll, en relación con el diverso 385 ambos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es posible advertir que mediante sentencia de fecha veintinueve de enero del dos mil diez, dictada por los Magistrados integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue confirmada la sentencia dictada en fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, se condenó al demandado ********************a cubrir por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de su cónyuge ********************y de su entonces menor hija ********************, consistente en sesenta salarios mínimos, pagadero en forma mensual, lo que equivalía a la cantidad de tres mil ciento diecisiete pesos cero centavos, moneda nacional, cantidad que debería exhibir en este juzgado; dicha resolución quedó firme y por ende, obligatoria para las partes desde su fecha de pronunciamiento, atento a lo establecido por el numeral 401,fracción l, del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es decir, el demandado quedó obligado a pagar dicho monto a partir del mes de enero del dos mil diez, toda vez que debería exhibirla dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes. Luego de donde, si en el presente asunto, ninguna constancia procesal existe que evidencie el cumplimiento de la sentencia, puesto que en este Juzgado debió comparecer el deudor alimentario a otorgar el monto estipulado o justificar su cumplimiento con prueba idónea, por lo tanto, es claro que debe declararse sin más trámite, procedente el incidente planteado. En efecto, quien resuelve puede intervenir de manera oficiosa en los asuntos que afecten a la familia, a los menores y sobre todo cuando verse en cuestiones sobre alimentos, tal y como lo prevé el numeral 963 del Código Adjetivo Civil vigente en nuestro Estado en la fecha de la presentación del incidente que se resuelve; en consecuencia, como de constancias procesales, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 316, fracción Vlll, en relación con el diverso 387,del Código en consulta, se aprecia claramente que el deudor alimentista ********************, no ha cumplido con la sentencia que le fue dictada en este expediente, tal y como lo afirma la accionante, razón por la que oficiosamente deben tomarse en consideración al emitir la resolución que nos ocupa, todos los meses adeudados hasta la fecha en que se resuelve. Así tenemos que, si en la sentencia se determinó que a favor de la cónyuge ********************y la entonces menor de edad ********************, se pagaría el equivalente a sesenta salarios mínimos mensuales, de una simple operación aritmética (división), es dable afirmar que la mitad de la cantidad resultante de sesenta salarios, es decir, treinta salarios mínimos corresponde a cada acreedor alimentista, de tal suerte, que se proceda a efectuar la siguiente especificación para determinar el total que se le adeuda a la ahora accionante; también es importante mencionar, que en la sentencia de segunda instancia la cual fue dictada en el mes de enero del dos mil diez, se determinó que se confirmaba la sentencia dictada en primera instancia en fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, por lo que se condenaba a pagar al demandado el equivalente a sesenta salarios mínimos mensuales, tomando como referencia el salario mínimo diario que ascendía a cincuenta y un pesos con noventa y cinco centavos moneda nacional, vigente en la época de la sentencia de primera instancia. Luego de donde, siguiendo los lineamientos de la superioridad tomando como referencia el monto del salario mínimo diario tomado de referencia, se determina lo siguiente: 1.- El deudor alimentista ha incurrido en mora respecto al pago de la pensión alimenticia a que fue condenado, ciento cincuenta y cuatro meses, contados a partir del mes de enero del dos mil diez en que fue confirmada la sentencia pronunciada en primera instancia. 2.- Mensualmente le corresponde a ********************, la cantidad de ********************. Lo anterior se obtiene de dividir entre los dos acreedores la cantidad mensual a que fue condenado el demandado, esto es, un (sic) tres mil ciento diecisiete pesos cero centavos. 3.- De la multiplicación de los meses incurridos en mora por la cantidad que corresponde mensualmente a ********************, se obtiene que el monto total adeudado por ********************, por concepto de pensión alimenticia asciende a ********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. En consecuencia, requiérase al deudor alimentista en el domicilio que obra en autos para que dentro del plazo de cinco días pague voluntariamente la cantidad adeudada para hacerla efectiva a su acreedora alimentista ********************, apercibiéndolo que de no efectuarla dentro de la oportunidad concedida se despachara ejecución en su contra. Por otro lado, tenemos que la segunda de las acreedoras alimentarias ********************, por acuerdo de fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, se le tuvo por apersonándose al juicio principal y el presente incidente, haciendo suyas las peticiones y pruebas ofrecidas y desahogadas por su progenitora (actora en el juicio principal y en incidente que se resuelve). Por ello, debe entenderse que ********************, también reclama el pago de la pensión alimenticia definitiva a que fue condenado el demandado ********************, por sentencia dictada en veinticuatro de junio del dos mil nueve y confirmada por la Superioridad mediante resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil diez. Luego de donde, siguiendo los lineamientos de la superioridad tomando como referencia el monto del salario mínimo diario tomado de referencia, se determina lo siguiente: 1.-El deudor alimentista ha incurrido en mora respecto al pago de la pensión alimenticia a que fue condenado, ciento cincuenta y cuatro meses, contados a partir del mes de enero del dos mil diez en que fue confirmada la sentencia pronunciada en primera instancia. 2.- Mensualmente le corresponde a ********************, la cantidad de ********************. Lo anterior se obtiene de dividir entre los dos acreedores la cantidad mensual a que fue condenado el demandado, esto es, un (sic) tres mil ciento diecisiete pesos cero centavos. 3.- De la multiplicación de los meses incurridos en mora por la cantidad que corresponde mensualmente a ********************, se obtiene que el monto total adeudado por ********************, por concepto de pensión alimenticia asciende a ********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, sin que pase por desapercibido que el multicitado demandado exhibió mediante escrito de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno, cuatro fichas de depósito monetario que amparan la cantidad de quinientos cincuenta pesos cada una y tres más que amparan la cantidad de un mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional cada una, cantidades depositadas a nombre de su acreedora ********************, documentales que merecen valor probatorio en términos de los artículos 324 y 388 del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado, documentales con los cuales el multicitado demandado manifiesta que la cantidad total de seis mil setecientos pesos cero centavos, que suman el total de los depósitos realizados a su hija (citada acreedora), por concepto de pensión alimenticia correspondiente al año dos mil veintiuno, circunstancia que no fue objetada en autos por la aquí acreedora alimentaria y actora incidentista, por lo que del monto total adeudado por ********************, por concepto de pensión alimenticia asciende a ********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que debió exhibir a favor de su acreedora ******************** le restamos las cantidades justificadas y exhibidas en el año dos mil veintiuno que suman la cantidad de ********************, obtenemos que el demandado incidentista ********************, adeuda la cantidad total por concepto de alimentos en forma definitiva en favor de su acreedora ********************la cantidad de ********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. En consecuencia, requiérase al deudor alimentista en el domicilio que obren autos para que dentro del plazo de cinco días pague voluntariamente la cantidad adeudada para hacerla efectiva a su acreedora alimentista ********************, apercibiéndolo que de no efectuarla dentro de la oportunidad concedida se despachara ejecución en su contra. Por lo expuesto y fundado, más lo que disponen los artículos 82,83,88, 501 y relativos del Código Adjetivo Civil, es de resolverse como en efecto, se; RESUELVE PRIMERO. Procede el incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional que hizo valer la actora incidentista. SEGUNDO. Se ajusta la planilla presentada y se hacen líquidas las pensiones definitivas adeudadas en favor de la acreedora alimentaria ********************, por un total de $**** (********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). TERCERO.- Se ajusta la planilla presentada y se hacen líquidas las pensiones definitivas adeudadas en favor de la acreedora alimentaria ********************, por un total de $**** (********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). CUARTO. Se confiere al deudor un plazo improrrogable de cinco días, para que exhiba la cantidad que se hizo líquida consistente en la cantidad total de $***** (********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor de ********************fijada mediante sentencia de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve y confirmada por la superioridad mediante resolución de veintinueve de enero del dos mil diez, comprendido del mes de marzo del dos mil diez en que se declaró firme la referida sentencia al mes de diciembre del dos mil veintidós. QUINTO. Se confiere al deudor un plazo improrrogable de cinco días, para que exhiba la cantidad que se hizo liquida consistente en la cantidad total de $233, 309.00 (********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor de ********************, fijada mediante sentencia de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve y confirmada por la superioridad mediante resolución de veintinueve de enero del dos mil diez, comprendido del mes de marzo del dos mil diez en que se declaró firme la referida sentencia al mes de diciembre del dos mil veintidós, atendiendo a que de los meses adeudados que asciende a la cantidad de ********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, a la que se le resta las cantidades justificadas y exhibidas por el deudor alimentario ******************** en favor de su acreedora ******************** en el año dos mil veintiuno que suman la cantidad de ********************, siendo por ello la cantidad a liquidar de $233, 309.00 (********************CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). SEXTO. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma." SEXTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito estima que, respecto a la resolución reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que regula el principio de definitividad, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Al respecto, se precisa que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, razón por la cual, su concepción está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. El principio indicado obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado prevea para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que el juicio de amparo indirecto sólo procede en casos excepcionales previstos en la propia norma. Por ello, cuando existe un medio ordinario de impugnación, que no agote previamente la parte quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia indicada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. Tales requisitos se actualizan en el caso concreto, como enseguida se demostrará. El primer requisito, relativo a que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo, se actualiza, porque el acto reclamado es la resolución interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada en un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, por el Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, relacionado con el expediente familiar ********************. El segundo requisito relativo a que proceda algún medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, también se actualiza, porque contra la resolución interlocutoria reclamada procede el recurso de apelación, en el efecto devolutivo, en términos de los artículos 80, 404, primer párrafo, 405, 670, 673 y 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que disponen lo siguiente: "Artículo 80. Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores." "Artículo 404. Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que debe versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda. [.]". "Artículo 405. Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo". "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior". "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia". "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". Como puede verse, las resoluciones judiciales se clasifican en: decretos, que son las determinaciones de simple trámite; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las no comprendidas en las dos anteriores. Los autos son apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Los autos que resuelven los incidentes en general, en los que estaría comprendido el de liquidación de pensiones alimenticias, son apelables en el efecto devolutivo, por existir previsión expresa en el artículo 405 del código adjetivo civil en cita. La naturaleza jurídica de la resolución interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, según lo establecido por el artículo 80, fracción III, del mencionado código, es la de un auto; al no ser una simple determinación de trámite (decreto), ni la que resuelve el asunto en lo principal (sentencia). Así, respecto del auto que resuelve un incidente de liquidación de pensiones alimenticias, existe disposición expresa en cuando a que en su contra proceda el recurso de apelación. En ese contexto, contra el auto que resolvió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias reclamado, era procedente, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refieren los artículos 405 y 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en el efecto devolutivo, como lo dispone el diverso 973 del mismo ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior que el acto reclamado pueda ser considerado de ejecución irreparable, pues aun cuando el juicio de amparo resulte procedente contra esa clase de actos, ello no releva a la parte quejosa de agotar, previo a la presentación del juicio de amparo, el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción señalados en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Finalmente, el tercero de los requisitos, relativo a que el peticionario de amparo no tenga el carácter de tercero extraño, también se satisface, porque de los tomos de prueba anexos al expediente de amparo se advierte que el quejoso es parte demandada en el juicio natural. Por consiguiente, si la parte quejosa, previo a acudir al presente juicio, no interpuso el recurso de apelación cuyo objeto es que el superior confirme, revoque o modifique la resolución aquí reclamada, según lo dispuesto en el arábigo 670 del código citado, desatendió el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no afecta la libertad de la parte quejosa, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Tampoco se configura en la hipótesis excepcional de que el recurso de apelación se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, como para estimar que el quejoso tuviera libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, porque, como se ha visto, el artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, regula expresamente la procedencia del recurso de apelación contra la resolución reclamada. En ese contexto, al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Ley de transparencia. De conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, que promovió ********************. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y por oficio a la responsable.

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