Arturo Mejía Vera

Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
710/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Arturo Mejía Vera

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no interpuesta la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por Isela Hernández Ruelas, Defensora Pública Federal del quejoso Arturo Mejía Vera, por el cual cumple con la prevención realizada en auto de trece de julio del año en curso. Asimismo, en el último párrafo de escrito bajo protesta de decir verdad, señala que mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, suscrito por el licenciado Daniel Orlando Moreno Almogabar, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, notificado vía correo electrónico oficial a la referida defensora pública federal, el miércoles trece de julio de dos mil veintidós, se tuvo por designados defensores particulares nombrados por el directo quejoso, y se le revocó el cargo conferido en la causa penal 203/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, virtud por la cual Defensora Pública ya no patrocina actualmente al quejoso. En esas condiciones, como la defensora pública federal a la presente data ya no cuenta con la legitimación en la causa penal donde deriva en el acto reclamado y en virtud que uno de los actos reclamados, es la medida cautelar de prisión preventiva a petición de parte justificada que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social de Colima, lo que indica que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad en dicho centro de reinserción; por tanto, de conformidad con el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan al referido centro penitenciario y una vez que tengan la certeza que se encuentra con el directo quejoso Arturo Mejía Vera, en el acta de la diligencia le requiere si es su deseo: 1) ratificar el escrito inicial de demanda; y, 2) de ser afirmativo, le notifique el auto de prevención de trece de julio de dos mil veintiséis. Lo anterior, con apercibimiento que en caso de no ratificar la demanda, la misma se tendrá por no interpuesta y en su caso de que haya ratificado la demanda, sino cumple con el auto de prevención, dentro del término concedido, este órgano jurisdiccional analizara la competencia y procedencia del juicio de amparo, únicamente por los actos reclamados destacados en el escrito inicial de demanda.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control,****a adscrito al Centro de Justicia penal Federal en el Estado de Colima y otra; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 710/2022-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. La parte quejosa en el capítulo de acto reclamado señala lo siguiente: "I. De la autoridad responsable señalada como ORDENADORA, reclamo la resolución emitida en la continuación de la audiencia inicial de fecha 20 de junio de 2022, dentro de la causa penal 203/2022 del índice del Centro de Justicia penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, consistente en el: Auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Arturo Mejía Vera, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 primer párrafo, relación al 9, fracción I, de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; así como en el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina previsto y sancionados 477 primer párrafo, con relación al 245, fracción II y 479 de la Ley General de Salud, cometido por sí, a título doloso y de forma permanente, conforme a los artículos 7°, fracción II, 8°, 9°, párrafo primero, y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal. La medida cautelar de prisión preventiva a petición de parte justificada que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social de Colima; por todo el tiempo que dure el procedimiento penal, la cual no podrá exceder del término de dos años, salvo que sea para garantizar el derecho de defensa. De la autoridad señalada como EJECUTORA, reclamo: La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta a mi defendido en la continuación de la audiencia inicial de fecha 20 de junio de 2022, por el C. Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, dentro de los autos de la casa penal 203/2022." Asimismo, en la parte final de la página once y la página doce de su demanda, relativo a los conceptos de violación, solicita la protección constitucional a efecto que analizar la razonabilidad de los argumentos vertidos en la audiencia inicial y su continuación y determinar si la determinación del Juez de Control es razonablemente suficiente, idóneas y aptas para calificar de legal la detención del quejoso; sin embargo, no señala como acto reclamado destacado la audiencia en donde se calificó de legal la detención del imputado (quejoso). Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise si es su deseo señalar como acto reclamado la audiencia en donde se calificó de legal la detención, toda vez que en el capítulo de conceptos de violación realiza argumentos tendentes a controvertirla. Es aplicable al respecto la tesis 1a./J. 76/2018 (10a.), visible en la página 209, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2018592, que dice: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." Énfasis añadido. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello, este órgano jurisdiccional analizara la competencia y procedencia del juicio amparo, únicamente por los actos reclamados destacados en su escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala Penal, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Pleno, Quinta Época, Tomo XII, página 102, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio. Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica al usuario "Iselahh"; asimismo, al correo electrónico oficial "isela.hernandez.ruelas@correo.cjf.gob.mx", en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario "Iselahh" que indicó en su demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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