Arturo Martínez Herrera
Expediente 1642/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1642/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2017
Partes del expediente
- Arturo Martínez Herrera
- Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos, el oficio de cuenta, mediante el cual, la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XV adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, remiten las constancias solicitadas mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete (foja 185). Atento a lo anterior, se tiene a la oficiante dando cumplimiento al proveído de mérito, y se deja sin efectos el apercibimiento con el que fueron conminados. Ahora bien, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remitió la responsable, fórmense el anexo correspondiente para su mejor manejo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, dese vista con las constancias remitidas por la oficiante. Finalmente, en virtud que del oficio que se atiende se evidencia la participación de diversa autoridad no señalada por el quejoso, que al caso es la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XV adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República; por tanto, a fin de fijar correctamente la litis y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de quince días, computado legalmente a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la citada, y en caso afirmativo, exhiba las copias necesarias de su escrito de cumplimiento y de demanda para correrles traslado; con el apercibimiento que en caso de ser omiso al respecto, se resolverá lo conducente conforme a lo planteado inicialmente en el presente juicio constitucional. Lo anterior, pues ha sido criterio de nuestro máximo tribunal que en los casos en que de la demanda o del informe justificado, el Juez advierta con claridad la existencia de una autoridad no señalada como responsable, se debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, para que aclare si la señala o no como autoridad responsable, ya que de omitir esa prevención, implica una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia y que por tanto amerita la reposición del procedimiento. Tal consideración encuentra sustento, en la tesis III.2o.P.12 K (10a.), registro IUS 2010329, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3893, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, la cual no ha sido superada, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI SE DIO VISTA AL QUEJOSO PARA SU AMPLIACIÓN, POR ADVERTIR LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO LLAMADA A JUICIO O DE UN ACTO VINCULADO CON EL RECLAMADO, ES INCORRECTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO SEÑALE UN PLAZO MENOR (3 DÍAS) AL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU DESAHOGO.
- Principal
Alegatos. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el alegato ministerial de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita copia de la sentencia emitida en el expediente en que se actúa; en virtud de que por acuerdo de treinta de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Expedición de copias. Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; expídase a su costa copia de la determinación por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, previa toma de razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal.
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en lo previsto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por las autoridades Directora General y Presidenta del Comité Técnico y Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, medio del cual rinden su informe justificado, y remiten copia certificada de la constancia que acredita la atención médica brindada al quejoso Arturo Martínez Herrera, el veinticuatro de los cursantes; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el ordinal 117 de la ley de la materia, póngase su contenido a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello en la celebración de la audiencia constitucional. Remite constancias. Con fundamento en el artículo 221 Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, mediante el cual las autoridades Director Técnico, en suplencia de la Directora General y Presidenta del Comité Técnico y Rosa María Aniceto Gómez, en ausencia de la Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, remite copia certificada de la nota médica que acredita la atención brindada al quejoso Arturo Martínez Herrera; en consecuencia, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. Ahora bien de las constancias que remiten las autoridades responsables oficiantes, a las cuales se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 de la legislación civil invocada, se advierte que el veinticuatro de octubre del año en curso, se brindó atención médica al quejoso Arturo Martínez Herrera, en la especialidad de odontología (foja 21). Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado, en esencia: 1. La negativa a proporcionarle atención médica en la especialidad de odontología. Al respecto, esta juzgadora advierte, de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que del análisis de las constancias que exhibieron las autoridades Directora General y Presidenta del Comité Técnico y Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el presente juicio, se desprende claramente que el veinticuatro de octubre del año en curso, se otorgó atención médica al quejoso Arturo Martínez Herrera, en la especialidad de odontología, así como se le suministro el tratamiento correspondiente a su padecimiento. En efecto, el quejoso solicitó el amparo por falta de atención médica odontológica, pues presentaba un padecimiento desde el diez de octubre del año en curso, dicho padecimiento fue atendido por las responsables el veinticuatro de octubre siguiente, del que se obtuvo un diagnóstico de caries de segundo grado en el primer premolar superior derecho, por lo que se procedió a su atención odontológica, quitando el tejido carioso que presentaba, se le colocó una obturación de dycal, ácido grbador, adhesivo dental y resina. Asimismo, de la nota médica enviada por las responsables no se advierte que el quejoso presente mayores padecimientos de salud o que continúe con el malestar que dio origen a la presente demanda. En ese contexto, se considera que la atención médica otorgada por las responsables ha reintegrado en su salud al recurrente de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia anunciada. Ello es así, pues la referida causal de improcedencia establece que la cesación de efectos del acto reclamado consiste en la desafectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Revocación; y 2) Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En ese sentido, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que el veinticuatro de octubre del año en curso, se otorgó atención médica al quejoso Arturo Martínez Herrera, en la especialidad de odontología, así como se le suministro el tratamiento correspondiente a su padecimiento; por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado que tenían con anterioridad al acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese orden, el acto reclamado por el recurrente de amparo en el presente juicio, ha quedado sin efectos, esto es, como si el acto no hubiere afectado la esfera jurídica del inconforme, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijadas para la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Por otra parte, no se soslaya la tesis PC.VII.P. J/3 P (10a.), Décima Época, instancia Plenos de Circuito, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO". Sin embargo, en el presente asunto no se está ante la inexistencia del acto reclamado, porque esta juzgadora consideró desvirtuada la negativa del mismo y debido a que durante la tramitación del juicio se proporcionó la atención médica requerida por el quejoso, es que se actualiza una causa de improcedencia, lo que impide estar en aptitud legal de abordar el fondo del asunto.
- Principal
CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de diecinueve de septiembre del presente año (foja 190), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que la autoridad responsable Juez Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, aduce haber cumplido el fallo protector, sin que hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 162-166), se concedió a la quejosa Violeta Rojas Garrido, en representación de sus menores hijos de iniciales A.R.R. y J.R.R., el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, dicte otra en la que considere el incremento que sufrió el salario mínimo correspondiente al año dos mil dieciséis y los gastos de medicamentos en el rubro de gastos de consulta a que alude el convenio de diecisiete de marzo de dos mil quince, en estricto ceñimiento a los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente sentencia. Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de siete de septiembre del año en curso (fojas 176-177); por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este Juzgado el dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 179), la autoridad responsable Jueza Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, relativo al expediente 68/2015. Con lo anterior, el diecinueve de septiembre del año en curso (fojas190), se dio vista a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. La autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, dicte otra en la que considere el incremento que sufrió el salario mínimo correspondiente al año dos mil dieciséis y los gastos de medicamentos en el rubro de gastos de consulta a que alude el convenio de diecisiete de marzo de dos mil quince, en estricto ceñimiento a los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente sentencia. Por oficio recibido en este Juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 179), la autoridad responsable Jueza Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, relatico al expediente 68/2015, de la cual se advierte lo siguiente: ? Dejó insubsistente y sin efecto la sentencia interlocutoria de cinco de octubre de dos mil dieciséis; ? Emitió una nueva determinación, en la cual la responsable aprobó parcialmente la plantilla de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y cuantificó el monto de la cantidad adeudada por Jorge Ausencio Romero Martínez, por concepto de alimentos a favor de los menores de iniciales A.R.R. y J.R.R., ello durante el periodo comprendido del mes de abril de dos mil quince, al mes de abril de dos mil dieciséis; asimismo, consideró el incremento del salario mínimo, que corresponde al 4.2%; por lo cual, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, tomó como salario la cantidad de $3,021.08 ( tres mil veintiún pesos 08/100 moneda nacional). ? De igual forma, la responsable determinó las cantidades adeudadas por concepto de transporte (taxi y camión), consultas médicas y medicamentos, mismas que fueron erogadas por la quejosa al momento de acudir con la menor de iniciales J.R.R., a consulta médica al Hospital Infantil de México, concluyendo que el aquí tercero interesado, adeudaba por concepto de medicamentos la cantidad de $5,179.71 (cinco mil setenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional), que sumado al adeudo por concepto de pensión alimenticia, da un total de $43,994.33 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y cuatro pesos 33/100 moneda nacional). Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Por otra parte, de acuerdo a la última disposición en comento, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico.
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