Arturo Martínez Arteaga

Expediente 447/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
447/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
16/08/2017

Partes del expediente

  • Arturo Martínez Arteaga
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes auto de los que se advierte que el presente asunto fue turnado por conocimiento previo remitido por la Juez Primero de Distrito en el Estado, al guardar relación con el diverso juicio de amparo 554/2016 de la estadística de este órgano jurisdiccional, juicio del que se aprecia que en efecto, se encuentra íntimamente relacionado con el presente juicio constitucional, lo que se corrobora con los siguientes datos:......Resulta aplicable, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia 12, visible en la página 295, enero de 1997, del tomo V, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número VI.1o.P.J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, marzo de 2002, del tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Es así, que dada la conexidad entre ambos juicios de amparo, promovidos por diversos quejosos, pero contra actos de la misma autoridad responsable ordenadora (Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala), y como actos reclamados la orden de aprehensión y su ejecución. Así como que, al contar con los informes rendidos por el juez responsable se aprecia que, en efecto sí existe el acto reclamado y deriva de la causa penal 30/2016, de la estadística del juez primigenio, en la que les fue dictada orden de aprehensión a los ahora quejosos Celso Bailón Díaz y Arturo Martínez Arteaga. Por lo anterior, la suscrita juzgadora estima que los referidos juicios de amparo deben ser acumulados para su conocimiento y tramitación en uno mismo; ello, a fin de garantizar en mayor medida el derecho fundamental de la administración e impartición pronta y expedita que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por economía procesal y a efecto de evitar resoluciones contradictorias como enseguida se explica. En este orden de ideas, a fin de entender la presente determinación, toda vez que la Ley de Amparo no prevé la acumulación, es necesario traer a glosa en primer lugar, el texto del artículo 2° de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 2º. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." En lo conducente, de lo antes trascrito se pone de manifiesto que, el legislador estableció que el juicio de amparo, sea tramitado en la vía directa o indirecta habrá de tramitarse conforme a las normas que establezca la propia Ley de Amparo, sin embargo y, que en lo no previsto podrán ser aplicables las normas que para tal efecto establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles o, incluso, en su defecto, los principios generales del derecho. En armonía con lo anterior, debe decirse que los lineamientos en torno al alcance y operancia de la figura de la supletoriedad han sido precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la resolución de la contradicción de tesis número 389/2009, que dio lugar a la formación de la Jurisprudencia 2a/J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, visible en la página 1065, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003161, del rubro y texto siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Criterio el anterior del que deben destacarse los siguientes lineamientos, a saber: 1. El ordenamiento legal a suplir debe establecer expresamente esa posibilidad indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; 2. La ley a suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; 3, El vacío legislativo debe hacer necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, 4. Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Con la finalidad de verificar si en la especie se colman los requisitos anotados con antelación, debe precisarse que a juicio de quien esto resuelve, el primero y segundo de ellos se surte de modo evidente simplemente con la precisión de que en el artículo 2° de la Ley de Amparo se prevé la supletoriedad de la Ley de Amparo por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que el segundo en el sentido de que de la revisión exhaustiva y minuciosa de las normas que integran la Ley de Amparo en vigor, no se advierte que el legislador hubiere precisado dispositivos tendentes a regular la institución procesal de la "acumulación", a lo sumo de la diversa que denominó como "concentración" prevista en el artículo 13 del cuerpo normativo en comento y que, dicho sea de paso, se analizará más adelante. En cuanto al tercer requisito, se estima que igualmente se encuentra satisfecho en la medida de que la situación de facto que impera en la realidad, esto es, la existencia de diversas demandas de amparo en las que existe un mismo común denominador que lo son los mismos actos reclamados de acuerdo con los hechos que manifestó cada uno de los justiciables en su respectivo escrito de demanda, así como la ponderación del derecho fundamental que exige la administración de justicia de modo pronto y expedito, conlleva tener en cuenta que existe la necesidad de aplicar una institución procesal que haga posible aglutinar o acumular en un solo juicio de amparo la petición de protección de diversos justiciables o incluso de uno mismo pero en donde la litis lo sea la de analizar la constitucionalidad de un mismo acto reclamado, como así permitía el numeral 57 de la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. Por tanto, quien esto resuelve estima que el tercer requisito de igual forma, se surte en la especie. En torno al cuarto requisito, debe decirse que igualmente se surte en la medida de que las normas que de forma supletoria se aplican a la Ley de Amparo, esto es, los preceptos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que rigen la acumulación, en modo alguno pugnan con los principios y con las bases que rigen a tal figura procesal e, incluso, con los del propio juicio de amparo. "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental." Cabe señalar que el objetivo primordial de la acumulación es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo promovidos por diferentes quejosos por iguales actos reclamados y autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean distintas y con ello evitar que puedan pronunciarse sentencias contradictorias. En ese sentido, la figura de la acumulación de igual forma, tiende a proteger el derecho fundamental a una mejor expedita y pronta administración de justicia ya que al estar aglutinadas las diversas peticiones de amparo que involucran el análisis de un mismo acto de autoridad permita su más rápida tramitación procesal en beneficio de las partes con todo lo que esto implica, en tanto que, a contrario sentido ello no se hace posible. Entonces, si las demandas que se analizan son promovidas por diferentes quejosos, señalando a la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado, aunado a que las violaciones constitucionales invocadas por los quejosos son en el mismo sentido; por razones de economía procesal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2°, procede DECRETAR DE OFICIO LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 774/2017-III al diverso 554/2016-IV, ambos del índice de este juzgado, por ser el primero que fue presentado, turnado y registrado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 5, Novena Época, con número de registro 180969, del rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Así como la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, Décima Época, registro número 2009910, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." De igual forma es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, Octava Época, página 177, con registro número 206281, del tenor literal siguiente: "ACUMULACION. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA TRAMITARLA. Del análisis del artículo 57 de la Ley de Amparo, el cual establece que en los juicios de amparo, en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio, no se desprende que el dispositivo en cuestión imponga imperativamente la obligación, a cargo del juez de Distrito, para que en todo caso tramite la acumulación que llegara a plantearse, sino por el contrario le otorga atribución a fin de que, potestativamente, pueda decidir, si lo estima conveniente, iniciar el trámite que al efecto establece la ley mencionada". En consecuencia, se ordena la remisión de los autos al diverso juicio de amparo 554/2016-IV, de este índice y fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra fijada para las DOCE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Juez Mixto de Paz del municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 89/2017 (orden 381/2017), mismo que fue remitido a efecto de llevar a cabo el emplazamiento a juicio del tercero interesado cuya identidad fue reservada con las siglas J.L.B.S. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que envía la autoridad oficiante, se advierte que esta no se ajustó a las indicaciones precisadas en el despacho de mérito; en tal virtud, con las mismas, fórmese por separado cuaderno de antecedentes, el que quedará en sigilo como información reservada y no podrá ser consultada por las partes en el presente asunto, al haberse asentado en las mismas datos de identificación. Por otra parte, requiérase al citado Juez Mixto de Paz, a efecto de que en el término de tres días devuelva el sobre cerrado que contiene los datos de identidad y domicilio del aludido tercero interesado, el cual se remitió adjunto a la comunicación oficial antes mencionada; con el apercibimiento que de no cumplir con lo aquí indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún no ha sido devuelto el despacho que se ordenó enviar en auto de cuatro de julio del año en curso, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal se emplace a juicio al tercero interesado cuya identidad fue reservada con las siglas J.L.B.S. A fin de dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con residencia en la ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de junio del año en curso, envía en sobre cerrado el nombre y domicilio del tercero interesado cuya identidad fue reservada con las iniciales J.L.B.S. En consecuencia, toda vez que el mencionado tercero interesado tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado Federal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Mixto de Paz del municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio del tercero interesado y con copia simple de la demanda lo emplace a juicio, para lo cual se envía en sobre cerrado los datos de identidad y domicilio, en la inteligencia que no deberá asentar el domicilio en que lleve a cabo la diligencia en comento ni el nombre completo sino únicamente las sigas; lo anterior con apoyo en el artículo 12, fracción VII, de la Ley General de Victimas; asimismo, en el acto de la diligencia deberá requerirlo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, o bien, lo hagan dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos legales la notificación de este auto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.

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