Arturo Manuel Canche Cu

Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
433/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Arturo Manuel Canche Cu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el quince de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Vista la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguno en cuanto a la prevención efectuada el siete de mayo pasado, en relación a las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte que la resolución por la que se resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen, es de cinco de diciembre de dos mil diecisiete y no de cinco de septiembre del mismo año. Ahora bien, se trae a colación que el acto que reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de notificación a las partes, por parte de la junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, donde la responsable acordó sobre el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 106/2014. En consecuencia, en el caso a estudio, al no contar con manifestación alguna de parte del aquí quejoso, en cuanto a la prevención mencionada previamente, se colige que la notificación que pedía el impetrante de amparo, es la relativa a la resolución de liquidación dictada por la junta laboral responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y que esta fue notificada el diecinueve de abril del año en curso; en tal virtud, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de notificación a las partes, por parte de la junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, donde la responsable acordó sobre el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 106/2014. Sin embargo, como se mencionó en líneas previas, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, así como las remitidas posteriormente, se desprende que el diecinueve de abril del año en curso, fue notificada la resolución relativa al incidente de liquidación ventilado ante la autoridad responsable. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable notificó la resolución recaída en el incidente de liquidación de mérito, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no notificó el fallo relativo al incidente de liquidación relativo al juicio laboral de origen, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con constancia de notificación de diecinueve de abril último, emitida por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Con base en ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a "Constructora Proyectos e Ingeniería Peninsular", Sociedad Anónima de Capital Variable, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguno en cuanto a la prevención efectuada el siete de mayo pasado, en relación a las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte que la resolución por la que se resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen, es de cinco de diciembre de dos mil diecisiete y no de cinco de septiembre del mismo año. Ahora bien, se trae a colación que el acto que reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de notificación a las partes, por parte de la junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, donde la responsable acordó sobre el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 106/2014. En consecuencia, en el caso a estudio, al no contar con manifestación alguna de parte del aquí quejoso, en cuanto a la prevención mencionada previamente, se colige que la notificación que pedía el impetrante de amparo, es la relativa a la resolución de liquidación dictada por la junta laboral responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y que esta fue notificada el diecinueve de abril del año en curso; en tal virtud, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ..El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de notificación a las partes, por parte de la junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, donde la responsable acordó sobre el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 106/2014. Sin embargo, como se mencionó en líneas previas, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, así como las remitidas posteriormente, se desprende que el diecinueve de abril del año en curso, fue notificada la resolución relativa al incidente de liquidación ventilado ante la autoridad responsable. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable notificó la resolución recaída en el incidente de liquidación de mérito, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no notificó el fallo relativo al incidente de liquidación relativo al juicio laboral de origen, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con constancia de notificación de diecinueve de abril último, emitida por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... Con base en ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a "Constructora Proyectos e Ingeniería Peninsular", Sociedad Anónima de Capital Variable, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

  3. Principal

    MESA V. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompañó, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de abril del presente año, comunica que la resolución por la que se resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen, es de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, misma que fue notificada, según la constancia agregada a estos autos previamente, el diecinueve de abril último, y remite copia certificada de dicha determinación, para los fines legales a que haya lugar. En tal virtud, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho corresponda, en relación a las constancias remitidas por la Junta responsable; apercibida, que de no realizar manifestación alguna, en el término concedido, se resolverá lo que legalmente corresponda en cuanto al acto que por esta vía reclama. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Mérida, Yucatán, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompañó, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de abril del presente año, comunica que la resolución por la que se resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen, es de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, misma que fue notificada, según la constancia agregada a estos autos previamente, el diecinueve de abril último, y remite copia certificada de dicha determinación, para los fines legales a que haya lugar. En tal virtud, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho corresponda, en relación a las constancias remitidas por la Junta responsable; apercibida, que de no realizar manifestación alguna, en el término concedido, se resolverá lo que legalmente corresponda en cuanto al acto que por esta vía reclama. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, MISMA QUE AUTORIZO Y FIRMO.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el pedimento 273/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, como se solicita en el pedimento de mérito, entréguese copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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