Arturo Manrique Ramírez

Expediente 541/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
541/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Arturo Manrique Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    notifiquese personalmente al quejoso

  2. Principal

    Se desprende que transcurrió el plazo para que Arturo Manrique Ramírez interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo anterior, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista, con efectos de notificación personal al quejoso, el proveído de ocho de junio del año en curso, que en lo conducente dice; Se desprende que transcurrió el plazo para que Arturo Manrique Ramírez interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo anterior, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    León, Guanajuato, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el escrito por el cual el quejoso Arturo Manrique Ramírez da cumplimiento al requerimiento formulado el pasado dieciocho de mayo; en tales condiciones, se tiene cumplida la prevención formulada; en virtud de ello, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Pues bien, quien esto resuelve estima que de la lectura del libelo constitucional de cuenta se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama en su calidad de demandado: 1. El auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil M0514/2018 del índice del Juzgado Noveno Menor Civil de esta ciudad; y, 2. La diligencia de emplazamiento y embargo de quince de mayo de dos mil dieciocho, efectuada en dicho juicio. Respecto del primer acto, se sostiene la improcedencia del juicio porque es un acto sobre el cual procede el recurso de revocación, conforme a lo establecido en los artículos 1334, 1340 y 1341 del Código de Comercio, los cuales disponen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. En esos arábigos se establece la procedencia del recurso de revocación contra aquellos autos que no fueren apelables, esto, atendiendo al criterio del monto del negocio; circunstancia que se actualiza en el caso, según se aprecia de las documentales que el propio quejoso adjuntó a su escrito de demanda, consistente en la cédula de emplazamiento y constancias autorizadas de traslado de la demanda y anexos, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, porque constituyen documentos públicos por estar emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las cuales se advierte que el monto de la suerte principal reclamada asciende a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). Aunado a que se señala como autoridad responsable al Juzgado Noveno Menor Civil de partido en esta ciudad, de ahí que la suerte principal que se advierte de las constancias -treinta mil pesos-, es inferior a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional). Por tanto, todos los autos o decretos dictados en un juicio mercantil que no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, sin que obste la etapa procedimental en la que se encuentren. De ahí que, en la especie, previo a la instauración del juicio de garantías, el impetrante de amparo debió interponer dicho medio de impugnación, a virtud de que de la demanda que nos ocupa, se desprende que es parte demandada en el juicio natural; por lo que estaba en condiciones de intentar el recurso procedente, esto es, el de revocación, el cual tiene como efecto, modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, presupuesto que es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Ilustra la jurisprudencia 1ª./J. 70/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo, página 401, intitulada: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, septiembre de 2010, página: 157, de la voz: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Ahora, en lo atinente al segundo acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente porque el ordinal 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio en la tramitación de los juicios ejecutivos mercantiles como aquel del que emana el acto que se dice vulnera la Ley Fundamental, dispone: Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. En este numeral se prevé el incidente de nulidad de notificaciones, el que tiene por objeto declarar la nulidad de las diligencias que se hicieren en forma distinta a lo previsto por la ley, así como las actuaciones posteriores a aquella que se hubiera declarado ilegal. Así las cosas, es incuestionable que la diligencia de emplazamiento de quince de mayo de dos mil dieciocho, realizada dentro del juicio mercantil M0514/2018, debió haberse impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el numeral trascrito, a través del que es factible que se declare su nulidad, lo que no aconteció en la especie. Por lo anterior, es que se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título y texto es el siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Manrique Ramírez. Máxime, que el pasado siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 25/2015, pendiente de elaborarse el engrose, en el cual, por unanimidad de votos, sustancialmente se resolvió: El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal,2 el amparo es procedente en contra de los actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no obstante, también prevé que ese medio de defensa extraordinario será procedente una vez que el promovente haya agotado los recursos ordinarios conducentes, lo que se traduce en la exigencia de satisfacer el principio de definitividad. Así, el Pleno indicó que el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ello dado que dicho juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo anterior, el Tribunal Pleno determinó que en el caso de los actos en el juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo, deberán agotarse los recursos establecidos en las normas, salvo los casos de excepción que se prevean al principio de definitividad. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora, que en auto de dieciocho de mayo anterior, se previniera a la parte quejosa a fin de que allegara las copias fotostáticas suficientes para correr traslado a las partes; lo cierto es que a ningún fin práctico conllevaría admitir la demanda, en la medida que la determinación reclamada, como ya se expuso, debió recurrirse mediante el medio de impugnación aludido previo a la instauración del juicio constitucional que nos ocupa. Así lo acordó y firma Rafaela Madrid Padilla, Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Dora Alexix Arce Jaramillo, que autoriza y da fe. DAAJ*

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