Arturo Madariaga Arroyo y Otros.

Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Arturo Madariaga Arroyo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el termino de tres días concedido a la parte quejosa, para que aclarara el medio por el que desea que se le realicen las notificaciones en el presente asunto, ya sea a través del domicilio físico que proporcionó, o por medio de notificaciones electrónicas, sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno y, en consecuencia, se ordena que las subsecuentes notificaciones, se le hagan en el domicilio físico que señaló para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento 72/2021, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual, emite opinión ministerial respecto de la determinación dictada por este órgano jurisdiccional el diez de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no se le reconoció la calidad de parte en términos del artículo 5, fracción lV, de la Ley de Amparo, ya que en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. ***, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 2. ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador, Mesa 8, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, de la Fiscalía de la Mujer, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 58/2021-2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, de un análisis realizado a la demanda, es de obtenerse que en esencia la parte quejosa reclama como acto destacado en esta instancia constitucional la orden de citación emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, el once de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, para que el aquí quejoso se presente a la audiencia inicial señalada para el diez de febrero del presente año, sin embargo, a juicio de la suscrita, el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, Constitucional y 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria en comento, estos últimos en sentido contrario, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]" De lo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del peticionario; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, el criterio 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Expuesto lo anterior, resulta evidente que el acto combatido en esta vía constitucional, consistente en la orden de citación emitida por el Juez responsable, el once de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, para el efecto de que el quejoso se presente a la audiencia inicial señalada para el diez de febrero del presente año, no le causa perjuicio a la parte quejosa, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, dicho acto se trata únicamente de una simple comunicación por parte de las responsables en donde se requiere la presencia del indiciado dentro de la causa penal, sin que ello implique que la parte aquí quejosa sea vinculada a proceso o sujeta a una medida cautelar. Ello, en virtud de que la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En estas condiciones, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia en mención, ya que en el caso, la parte disconforme no tiene incorporada a su esfera de derecho alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa, determine si resulta procedente hacer efectiva alguna medida de apremio, como podría ser alguna multa o en su caso librar la orden de aprehensión correspondiente, ello, si así lo solicitare el Ministerio Público. De manera que, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Sin que pase inadvertido que la parte quejosa haya referido también como acto reclamado lo actuado dentro del registro de atención *** y/o carpeta de investigación ***, instruida en contra del quejoso por el delito de violencia familiar; sin embargo, de la lectura de las manifestaciones respecto de dicho acto, se obtiene que son violaciones llevadas a cabo dentro de la mencionada carpeta de investigación, las cuales, en su caso, podrá hacer valer en la audiencia inicial; de ahí que, esta juzgadora estime que el acto reclamado destacado es la orden de citación referida. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En atención a la solicitud que realiza el quejoso, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al quejoso, con el nombre de usuario ***, para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa señaló tanto domicilio físico para oír y recibir notificaciones, así como notificaciones electrónicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare el medio por el que desea se le realicen las notificaciones en el presente asunto, ya sea a través del domicilio físico que proporcionó, o por medio de notificaciones electrónicas bajo el aludido usuario. En el entendido de que, hasta en tanto cumpla el requerimiento formulado, las notificaciones se realizaran en el domicilio físico que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y con las facultades restringidas del segundo párrafo del citado numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano