Arturo Luna Vega
Expediente 207/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/05/2017
Partes del expediente
- Arturo Luna Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 207/2017, promovido por Arturo Luna Vega, contra los actos reclamados de la Juez Quincuagésimo Quinto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 207/2017, promovido por Arturo Luna Vega contra el acto reclamado del Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se registró la demanda con el orden 207/2017 y se previno al quejoso; después de que desahogó el requerimiento relativo, por auto de trece del mes y año referidos, se admitió a trámite el asunto; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a dicha autoridad judicial; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado del Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México es el siguiente: * El acuerdo de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictado en la causa 318/2007, en que declaró "improcedente" el incidente no especificado, derivado de la petición del quejoso en el sentido de que se le concediera nuevamente la suspensión condicional de la ejecución de las penas o "cualquiera de los otros" (sustitutivos) que se le otorgaron en la sentencia definitiva. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de algunas de las constancias que integran la causa señalada, entre las que se encuentra la determinación controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procede el análisis de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, relativa a que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, ya que no promovió la demanda en el plazo genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al respecto, es infundada dicha causal, pues el acto reclamado fue notificado al quejoso el quince de febrero del año en curso, por lo que el plazo referido transcurrió del dieciséis de dicho mes y año al ocho de marzo pasado, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo, por haber sido inhábiles; por tanto, si la demanda fue presentada el ocho de marzo del presente año, se concluye que la acción constitucional fue instada oportunamente. En ese sentido, al no advertirse de oficio alguna otra causal de improcedencia, procede el análisis de fondo del asunto, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Precisado lo anterior, se estima que el acuerdo reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues el juez responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables y expuso la razón o causa particular por la que resolvió en el sentido en que lo hizo, además indicó la adecuación entre el motivo aducido y las normas aplicables. Así se considera, porque fue correcto que la autoridad judicial responsable, en principio, de conformidad con el artículo 541 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, tramitara la petición del quejoso mediante un incidente no especificado, pues, como refirió, tal solicitud no tiene prevista regulación expresa; luego, acertadamente, procedió a resolver de plano dicha incidencia, al considerar que era de obvia resolución, acorde con el numeral 542 de la legislación procesal invocada. Asimismo, fue legal que el juzgador de origen negara la petición del quejoso, pues consideró, esencialmente, que este último, después de que se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de las penas, ingresó a prisión, derivado de la causa 222/2009, del registro del Juzgado Décimo Sexto Penal de esta ciudad, en que mediante sentencia definitiva se le impuso, entre otra, la pena de cinco años, cuatro meses y veinte días de prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado; circunstancia que fue determinante en el arbitrio de la autoridad responsable para negar al peticionario de amparo tal beneficio que le fue revocado. En efecto, el juzgador de origen expuso que tal ingreso a prisión, que culminó con sentencia condenatoria contra el quejoso, revelaba su "nula" disposición para lograr a través de actividades positivas desarrolladas sobre el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y el deporte, como pilares fundamentales sobre los que se sustenta el sistema penitenciario, su reinserción social, incluso destacó que el delito que cometió posteriormente es de la misma naturaleza (patrimonial) por el que se le condenó en la causa de la que deriva el acto reclamado, lo que evidenció desinterés para lograr su reinserción social. Determinación que se reitera fue legal, dado que fue emitida con plena libertad de decisión, en uso de la facultad discrecional concedida al juzgador de origen, que este órgano de control constitucional considera satisface los principios de la lógica, del buen sentido y de la sana crítica, aunado a que tiene sustento en el material probatorio que consta en la causa de origen, de la que se aprecia que después de que se concedió tal beneficio al quejoso (dieciséis de abril de dos mil ocho, fojas 115, anexo), este último fue condenado mediante sentencia definitiva -firme- en diverso proceso penal que se le instruyó, pues el veintisiete de septiembre de dos mil diez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en el toca 1842/2009, determinó la responsabilidad penal del justiciable en la comisión del delito de robo calificado (fojas 161 a 166, anexo). De igual forma, fue correcto que la autoridad judicial responsable negara al quejoso la concesión del sustitutivo de la pena prisión por jornadas a favor de la comunidad; así se considera, porque si el justiciable en su momento optó por acogerse a la suspensión condicional de la ejecución de las penas, es inconcuso que aquel sustitutivo de prisión quedó sin efectos. En ese sentido, son infundados los conceptos de violación, porque aun cuando es cierto que el quejoso ofreció la prueba documental consistente en copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en la causa 62/2008-II, del registro del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 455/2016, del registro del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en que se concedió al justiciable la condena condicional, también es que esa circunstancia no impedía resolver de plano el incidente de que se trata, pues el juez responsable tuvo por desahogada dicha probanza en razón de su naturaleza jurídica, respecto de la cual, de manera legal, indicó que no tenía relación con el trámite del incidente mencionado. En efecto, es jurídicamente inadmisible establecer que las consideraciones que sustentaron la concesión de la condena condicional señalada vinculen al juez responsable para resolver favorablemente la petición del justiciable, en razón de la facultad discrecional con que cuenta, cuya única limitación podría derivar de alguna disposición legal o de la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad, aunado a que en el caso no imperaban las mismas condiciones que se tomaron en consideración, pues el juez responsable tenía certeza de que el quejoso fue condenado mediante sentencia firme por un delito que cometió después de que se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de las penas, lo que no se demostró en el proceso penal federal indicado y que fue la causa esencial por la que se le concedió nuevamente al quejoso la condena condicional. Derivado de lo anterior, contrario a lo aseverado por el quejoso en sus conceptos de violación, este órgano de control constitucional considera que es intrascendente que en la resolución reclamada se estableciera que no se advertía que el fallo constitucional mencionado se hubiera declarado cumplido, pues las demás razones expuestas por la autoridad responsable son suficientes para establecer que su actuación no es violatoria del derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, previsto en el párrafo primero del numeral 16 de la Carta Magna. Es orientadora la tesis 1a.CLXXXVII/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Alto tribunal de justicia del país, localizable en la página 1088 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, que dispone: "FACULTADES DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES. LIMITACIÓN A SU EJERCICIO. El otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido, y ocasionalmente su uso puede ser conveniente o necesario para lograr el fin que la ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de manera que impida la actuación arbitraria de la autoridad, limitación que puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede establecer determinados parámetros que acoten el ejercicio de la atribución razonablemente, o de la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad". Es necesario destacar que la circunstancia de que se resolviera de plano el incidente planteado por el quejoso, no vulnera la garantía de audiencia, consagrada en el numeral 14 de la Constitución Federal, porque su petición se refiere a cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato por el juzgador, como en el caso sucedió; máxime que como se indicó, la autoridad judicial responsable tuvo por desahogada la prueba documental ofrecida en razón de su naturaleza jurídica, que legalmente desestimó por los motivos expuestos en párrafos precedentes. De igual manera, tampoco se advierte violación al principio pro homine que prevé el artículo 1° constitucional, pues aun cuando dicho precepto obliga a interpretar y a aplicar los derechos en la protección más amplia del ser humano, no debe perderse de vista que el Alto Tribunal de justicia del país estableció que ese postulado no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Dicho criterio está plasmado en la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.) del Alto Tribunal de justicia del país, localizable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". No se soslaya que existe incongruencia en cuanto a la calificación de "improcedencia" del incidente planteado, con la razón en que se sustentó la determinación controvertida, pues la declaración de improcedencia, a criterio de este juzgado, sólo debe utilizarse en los asuntos en que no se resuelva el fondo del asunto, lo que en el caso no sucedió, por tanto, dicho incidente, tomando en consideración el sentido en que se resolvió, debió declararse procedente pero infundado. No obstante, esa circunstancia no es causa para conceder el amparo, pues como se indicó, fue legal que se negara el beneficio y sustitutivo penales solicitados por el quejoso. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Sexta Parte, que dispone: "IMPROCEDENCIA, DECLARACION DE, EN EL RECURSO DE APELACION, CUANDO EN REALIDAD SE ESTIMAN INFUNDADOS LOS AGRAVIOS. Aun cuando en el resolutivo de la sentencia reclamada se declara la 'improcedencia del recurso de apelación', e independientemente de que el vocablo 'improcedencia' pueda significar falta de oportunidad, extemporaneidad o lo inadecuado de la forma o del medio de impugnación, si la Sala responsable utiliza esta expresión, en el sentido de que los motivos de inconformidad expresados por el apelante no fueron aptos para llegar a la conclusión de resolver el recurso en forma favorable a los intereses del mismo, acorde con lo que se estima en los considerandos, debe entenderse propiamente que está declarando 'infundados' los agravios respectivos, no improcedente el recurso que admitió, tramitó y resolvió en cuanto al fondo, por lo que no existe un desechamiento de recurso". En esas condiciones, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Luna Vega contra el acto reclamado del Juez Quincuagésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, consistente en: * El acuerdo de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictado en la causa 318/2007, en que declaró "improcedente" el incidente no especificado, derivado de la petición del quejoso en el sentido de que se le concediera nuevamente la suspensión condicional de la ejecución de las penas o "cualquiera de los otros" (sustitutivos) que se le otorgaron en la sentencia definitiva.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ratificó el contenido del escrito presentado el quince del mes actual y reconoció como suya la firma que lo autoriza. En ese sentido, en atención a dicho ocurso, téngase al peticionario del amparo aclarando que el acto reclamado deriva de la causa 318/2007 y no 318/2017, como se precisó en la demanda. Infórmese lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes.
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