Arturo Lozano Magaña

Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1022/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Arturo Lozano Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    se celebra audiencia y se dicta sentencia. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.

  3. Principal

    Notifíquese por lista de acuerdos a la tercera interesada.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1306/2018-VII, promovido por Jorge Luis Cuellar Miramontes, contra los actos del Juez y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que consideró violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Jorge Luis Cuellar Miramontes, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 02 a 08), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, y remitida el día siguiente a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que señaló en su demanda y que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. ORDENADORA. - En este caso lo es el Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. EJECUTORAS. - Le reviste tal carácter a los Secretarios Ejecutores adscritos a dicho Juzgado." (foja 04). "IV. ACTO RECLAMADO. De la ordenadora. - La convalidación y validación directa e indirecta del acto realizado por la ejecutora el día 27 veintisiete del mes de enero del año en curso, referente a la diligencia de emplazamiento, requerimiento y embargo realizada en bienes de mi propiedad. De la ejecutora. - Se reclama, la diligencia de emplazamiento, requerimiento y embargo realizada en bienes de mi propiedad el día 27 veintisiete de enero del año en curso, por ciudadano Secretario Ejecutor adscrito a dicho Juzgado dentro del juicio cuyo expediente corresponde al número 1585/2015, dentro del cual se perpetro el arbitrario e improcedente embargo de bienes de mi propiedad, sin que en dicho juicio fuera tramitado en contra del suscrito, con ello violando mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 y privándome de bienes de mi propiedad sin existir juicio en mi contra, siendo: La finca marcada con el número 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco de la Calle, Medrano, construida sobre el lote que se encuentra ubicado en la esquina oriente sur, con paredes propias de la manzana triangular limitada por las calles Avenida del Parque al poniente Prolongación de Medrano al Sur y carretera a Tlaquepaque al Norte, Guadalajara, Jalisco" (foja 05). Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 23), la parte quejosa precisó que su acto reclamado destacado en el presente juicio de amparo, lo constituye: "Hago de su conocimiento que el suscrito se duele de la falta de emplazamiento, toda vez que el suscrito soy tercero ajeno a dicho procedimiento, sin embargo, se ha embargado bien inmueble de mi propiedad, la posible ejecución del embargo en bienes de mi propiedad". SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Previo cumplimiento dado a la prevención realizada, por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 33), se admitió la demanda de amparo, se registró con el 1306/2018-VII, se tuvo a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, suspendiéndose con motivo de la objeción de falsedad planteada en autos (fojas 40 a 50) y reanudándose en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos derivados de un procedimiento del orden mercantil, en la jurisdicción que a este Juzgado corresponde. Se hace del conocimiento de las partes que, por Acuerdo General 41/2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo de la Judicatura Federal determinó el cambio de denominación y competencia de este órgano jurisdiccional por lo que partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho la nueva denominación del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de precisar los actos reclamados, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación de que el Juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Registro: 900,169, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) En efecto, la jurisprudencia transcrita establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 1585/2015, del índice del Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y como consecuencia todo lo actuado, incluida la diligencia de embargo de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho, donde se embargó el inmueble, del cual se ostenta propietario, ubicado en la finca 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco de la Calle Medrano, en Guadalajara, Jalisco. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado (foja 36), por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados que se les atribuyen. Certeza que, además, se corrobora con las copias certificadas del juicio natural, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". (Registro: 394182, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153). CUARTO. Corresponde en este apartado, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, resolver el incidente de objeción de falsedad de firmas hecho valer por el tercero interesado Enrique Alonso Gutiérrez Robles (fojas 40 a 50), pues aduce que el contrato de donación, en el que la parte quejosa funda su pretensión, fue alterado y falsificada la firma del notario público cincuenta de Guadalajara, Jalisco, Guillermo Coronado Figueroa, en la certificación de diecinueve de diciembre de dos mil once, pues la misma no corresponde de su puño y letra. Ahora bien, por escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (fojas 40 a 50), el tercero interesado en cita, objetó de falsa la firma del Notario Público, número cincuenta de Guadalajara, Jalisco Guillermo Coronado Figueroa, que aparece en la ratificación de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, del contrato de donación que supuestamente celebraron Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez y Jorge Luis Cuellar Hurtado, lo cual dio lugar a que, en la audiencia constitucional (fojas 154 a 157), fuera admitido el incidente respectivo y aquélla suspendida, así como a lo siguiente: que se admitieran la prueba pericial en grafoscopía y testimonial, ofrecidas por dicha parte tercera interesada. El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo dispuesto por su artículo 2º, establece que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. El tercero interesado Enrique Alonso Gutiérrez Robles expuso en el escrito mediante el cual promovió el incidente de objeción de falsedad, que es falsa la firma del Notario Público, número cincuenta de Guadalajara, Jalisco Guillermo Coronado Figueroa, que aparece en la ratificación de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, del contrato de donación que supuestamente celebraron Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez y Jorge Luis Cuellar Hurtado. La aseveración que antecede, queda sujeta a la carga procesal establecida por el artículo 81 citado, al que debe acudirse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a la prueba pericial en grafoscopía, admitida en autos (foja 156), ofrecida por el tercero interesado Enrique Alonso Gutiérrez Robles, se advierte que por proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 167 y 168), se tuvo al tercero interesado en comento desistiéndose de la misma, y en consecuencia se dejaron sin efectos los requerimientos contenidos en la audiencia constitucional de veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Por otro lado, por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 171), se declaró desierta la prueba testimonial a cargo de la testigo que se ofreció para tal efecto. Sin embargo, del oficio 579/2019, suscrito por el Notario Público número cincuenta de Guadalajara, Jalisco, Guillermo Coronado Figueroa, informó que respecto a la ratificación de firma del contrato de donación celebrado entre Hugo Cuellar Hurtado y Jorge Luis Cuellar Miramontes, representado por Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez, respecto al inmueble ubicado en Calle Medrano número 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco, construido sobre el lote que se encuentra en la esquina oriente sur, con paredes propias de la manzana triangular limitada por las calle del Parque (al poniente) Prolongación de Medrano (al sur) y carretera a Tlaquepaque (al norte), predio que formo parte del predio conocido como San Andrés de los Mártires o casa amarilla, en Guadalajara, Jalisco; mismos datos no corresponden a ningún protocolo de certificaciones a su cargo, de igual forma el formato de ratificación de firma no es el utilizado por dicho Notario Público. Por su parte, el Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, por conducto de su apoderado Rafael Vargas Aceves, mediante oficio 311/2019 (foja 143 y 144), informó que el holograma DE00287171, fue suministrado al Licenciado Guillermo Coronado Figueroa, Notario Público número cincuenta de Guadalajara, Jalisco el día cinco de noviembre de dos mil catorce. Del contenido de los oficios indicados, se aprecia que el Notario Público número cincuenta de Guadalajara, Jalisco, Guillermo Coronado Figueroa, negó que la ratificación de firma del contrato de donación indicado, no corresponde a ningún protocolo de certificaciones a su cargo, de igual forma el formato de ratificación de firma no es el utilizado por el mismo, a lo cual es de conferirse valor probatorio pleno a su dictamen, con apoyo en lo estipulado por los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto por su artículo 2º. Por tanto, lo que procede es declarar fundado el incidente que nos ocupa y, en consecuencia, tener por demostrada la falsedad de la ratificación de firma de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, del contrato de donación celebrado entre Hugo Cuellar Hurtado y Jorge Luis Cuellar Miramontes, representado por Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez, respecto al inmueble ubicado en Calle Medrano número 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco, construido sobre el lote que se encuentra en la esquina oriente sur, con paredes propias de la manzana triangular limitada por las calle del Parque (al poniente) Prolongación de Medrano (al sur) y carretera a Tlaquepaque (al norte), predio que formo parte del predio conocido como San Andrés de los Mártires o casa amarilla, en Guadalajara, Jalisco, exhibido por el aquí quejoso con su demanda de garantías. CUARTO. Causal de improcedencia. Se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, esto, en atención a que la parte quejosa carece de interés jurídico como a continuación se verá: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso;." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así, por cuestión de orden, resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5 de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquel precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico. "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." (Número de registro: 2003067, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.), Página: 1736). De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo está asociada al interés jurídico. Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informan, la tesis cuyo contenido es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas." (Número de registro 2001950, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o.A.6 K (10a.), Página: 2606). En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. En suma, tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción Constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Ahora, el quejoso Jorge Luis Cuellar Miramontes, reclama, esencialmente, la falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 1585/2015, del índice del Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y como consecuencia todo lo actuado, incluida la diligencia de embargo de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho, donde se embargó el inmueble, del cual se ostenta propietario, ubicado en la finca 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco de la Calle Medrano, en Guadalajara, Jalisco, lo que sostiene es violatorio en su perjuicio de los artículos 14 y 16 de la Constitución, por no habérsele escuchado en ese procedimiento de forma previa. Tomando en consideración la naturaleza de tercero extraño a juicio que detenta la parte quejosa, el cual que se corrobora con el legajo de constancias en copia certificada relativas a las actuaciones del juicio de origen, de la que se advierte que no es parte en él; resulta indispensable que, como se dijo, acredite fehacientemente el interés jurídico por el cual dice tener el derecho de propiedad sobre el inmueble embargado en el procedimiento de origen, pues ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación. Sentado lo anterior, o sea, que la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de propiedad que dice la quejosa le asiste, lo que sigue es determinar si ésta lo acreditó o no, pues, de lo contrario, la consecuencia necesariamente deberá ser que carece de interés jurídico para acudir en demanda de garantías. A efecto de acreditar el derecho que ejerce sobre el inmueble que defiende, el peticionario ofreció los siguientes medios de prueba: Contrato de donación celebrado entre Hugo Cuellar Hurtado y Jorge Luis Cuellar Miramontes, representado por Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez, respecto al inmueble ubicado en Calle Medrano número 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco, construido sobre el lote que se encuentra en la esquina oriente sur, con paredes propias de la manzana triangular limitada por las calle del Parque (al poniente) Prolongación de Medrano (al sur) y carretera a Tlaquepaque (al norte), predio que formo parte del predio conocido como San Andrés de los Mártires o casa amarilla, en Guadalajara, Jalisco, ratificado ante el Notario Público número cincuenta Guillermo Coronado Figueroa el diecinueve de diciembre de dos mil once, entre otros. Recibo oficial A40718185, del que de realizó un pago por el servicio de expedir un certificado de libertad de gravamen por la cantidad de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). Una solicitud de certificado de libertad de gravamen de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho a nombre de Jorge Luis Cuellar, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Un certificado de libertad de gravámenes a nombre de Hugo Cuellar Hurtado sobre el inmueble 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco, de la Calle Medrano de Guadalajara, Jalisco. Ahora bien, respecto al documento descrito en el inciso a), resulta insuficiente para acreditar la propiedad por parte de quien signa como donatario, o sea, el aquí quejoso, en virtud de que mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (fojas 40 a 50), el tercero interesado Enrique Alonso Gutiérrez Robles, objetó de falsa la firma del Notario Público, número cincuenta de Guadalajara, Jalisco Guillermo Coronado Figueroa, que aparece en la ratificación de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, del contrato de donación que supuestamente celebraron Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez y Jorge Luis Cuellar Hurtado, representado por Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez. En consecuencia, al no corresponder como verdadera la firma que calza en la ratificación indicada del contrato de donación exhibido por el quejoso, no puede considerarse válido tal concierto de voluntades y, por lo tanto, no puede concluirse que el inmueble de que se trata ingresó al patrimonio del ahora quejoso, a razón de que dicha documental no es apta para acreditar tal circunstancia, ya que para que un documento privado, en el que se haga constar un acto traslativo de dominio, como ocurre en el caso, adquiera eficacia probatoria y produzca efectos contra terceros, resulta necesario se acredite sea de "fecha cierta", ya que sólo así puede brindar seguridad jurídica, pues de otra manera, habría la posibilidad de que se antedatara o posdatara por las partes suscribientes en perjuicio de tercero. De ahí precisamente que los tribunales legalmente investidos de la atribución para establecer jurisprudencia, hayan considerado que para obtener la citada fecha cierta, es menester que el mismo sea presentado ante un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o bien a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes. En apoyo de lo anterior acude la siguiente tesis, cuyo rubro y texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados enjuicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "Época: Novena Época, Registro: 192662, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 46/99, Página: 78" Por su parte, con las pruebas descritas en los puntos b), c) y d), únicamente demuestran que realizó un pago por el servicio de expedir un certificado de libertad de gravamen por la cantidad de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) atendiendo una solicitud de certificado de libertad de gravamen de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho y por ello se expidió un certificado de libertad de gravámenes sobre el inmueble 2845 dos mil ochocientos cuarenta y cinco, de la Calle Medrano de Guadalajara, Jalisco, lo cual resulta insuficiente, por sí mismas, para acreditar el extremo de propiedad que requiere la ley para que se otorgue la protección constitucional solicitada, pues es de explorado derecho que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse de manera plena y no es válido inferirlo con base en presunciones, además de que no existe medio de convicción diverso con el cual pueda ser adminiculado a fin de robustecer dichas probanzas. Conviene destacar que para demostrar la propiedad de un bien mueble, se requiere, principalmente, de la prueba documental, que debe cubrir ciertos requisitos, tales como estar a nombre del quejoso e identificar claramente el bien por ella amparado, pues sólo de esta manera es factible realizar la confrontación correspondiente con el que se defiende mediante el juicio de amparo, y en su caso, determinar si existe cabal identidad entre uno y otro. Por tanto, dichas probanzas no son aptas ni suficientes para acreditar la posesión plena de los bienes muebles que describen, y dado que no es posible inferir en base a indicios que se trate de los mismos bienes muebles que fueron embargados, es indudable que los medios de convicción aportados no favorecen a la pretensión del quejoso. Por ende, si no quedó demostrado, fehacientemente, la posesión y propiedad material entre el bien que amparan los medios de convicción aportados, con el que fueron objeto del secuestro judicial reclamado, por lo tanto, es inconcuso que el impetrante de garantías no acreditó, plenamente, el interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo en defensa del bien mueble en trato. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." (Época: Octava Época, Registro: 206338, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 16/94, Página: 17) En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado en esta instancia constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación en el particular, el criterio sustentado en la tesis 2a. LII/97, del rubro y texto que se muestran a continuación: INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público. (Registro 198744. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997. Materia(s): Común. Página 333). La presente resolución de sobreseimiento, se hace extensiva a la autoridad ejecutora, ya que no se le atribuyen actos por vicios propios de ejecución. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." (Registro 239008. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte. Materia(s): Común. Página 50). Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Es fundado el incidente de objeción de falsedad planteada por el tercero interesado Enrique Alonso Gutiérrez Robles, por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

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